CDMX.– Aunque el Senado de la República contempla abordar en su próximo periodo ordinario de sesiones un paquete de propuestas legislativas para regular la IA, todavía no hay fecha definida para iniciar las discusiones.
El presidente de la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial, Rolando Zapata Bello, señaló que ya se han integrado múltiples propuestas sobre el tema, tras un proceso de revisión técnica con expertos de la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
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Discuten expertos marco normativo para regular la IA
Sin precisar el origen partidista de las iniciativas, el legislador adelantó que los trabajos están avanzados y podrían presentarse en septiembre, con el objetivo de crear una regulación específica que tome en cuenta las particularidades del contexto mexicano, de acuerdo con El Diario en la edición del 15 de julio.
El legislador reconoció que la regulación de la IA no puede seguir modelos internacionales sin considerar las condiciones nacionales. En ese sentido, planteó que la legislación buscará ser flexible y adaptable, considerando que los avances tecnológicos evolucionan con rapidez.
El debate para regular la IA se enmarca en una discusión global. En abril pasado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organizó un foro con expertos nacionales e internacionales, donde se plantearon los dilemas éticos y legales del desarrollo de estas tecnologías.
Pedro Salazar Ugarte, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expuso que aunque la IA se conceptualiza desde el siglo XX, su aplicación ha cambiado radicalmente desde 2022 con la aparición de modelos generativos capaces de crear texto, imágenes y audio con rapidez, lo que implica riesgos importantes para los derechos humanos, de acuerdo con UNAM Global TV en su emisión del 3 de abril.
Para Salazar, el principal reto de regular la IA en México está en definir qué se quiere normar. Si bien existen riesgos como la discriminación algorítmica o el uso indebido de datos personales, también existe la posibilidad de que una regulación demasiado rígida inhiba la innovación tecnológica y la inversión.
Desde 2020 se han presentado propuestas legislativas para regular la IA en ambas cámaras del Congreso, aunque ninguna ha prosperado. Las razones, señala Salazar, están relacionadas con la falta de una estrategia nacional y con la ausencia de una definición precisa de los elementos que se desean regular. Además, advierte que México se encuentra en una etapa incipiente del debate y que, de no actuar pronto, podría enfrentar escenarios de abuso, uso discrecional o brechas sociales más amplias.
El especialista propone que la regulación tenga un enfoque temático y por sectores, en lugar de una ley general. Esto permitiría incorporar normas que respondan a los riesgos específicos en áreas como salud, educación o seguridad pública. También sugiere que cualquier norma contemple tres pilares: ética y transparencia, protección de datos, y mecanismos de supervisión que garanticen la rendición de cuentas.
Una de las preocupaciones expresadas por especialistas es la relación que México mantiene con socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, con quienes aún comparte un tratado de libre comercio que incluye un capítulo sobre tecnología. Para Salazar, intentar regular la IA con un enfoque europeo podría generar tensiones con el gobierno estadounidense, que históricamente ha optado por una política de no intervención en el desarrollo de estas tecnologías.
Congreso sin estrategia clara para regular la IA desde 2020
Estados Unidos sigue siendo el principal desarrollador de IA a nivel global, mientras que Europa ha centrado sus esfuerzos regulatorios en minimizar riesgos, priorizando derechos como la privacidad. China, por su parte, ha adoptado un enfoque geopolítico con la intención de convertirse en líder global en 2030.
En contraste, México aún carece de una política clara en la materia. Según Salazar, cualquier regulación debería partir de una reflexión profunda sobre el papel del país: si es generador, usuario o regulador de tecnología. Esta definición sería clave para construir un modelo sostenible y congruente con sus capacidades.
Durante el proceso de consultas impulsado por el Senado, organizaciones civiles, empresas tecnológicas y centros académicos han insistido en la urgencia de establecer reglas claras. Argumentan que sin un marco jurídico mínimo, aumentan los riesgos de que la IA se utilice de forma discrecional o para fines que vulneren derechos fundamentales.
