En una estrategia sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos ha destinado 200 millones de dólares a una campaña publicitaria antiinmigrante que se difunde en México, sin haber realizado una licitación pública para su contratación, según reveló el sitio Semafor y retomó el periódico El Universal
La campaña, impulsada por la administración de Donald Trump, tiene como objetivo disuadir la migración irregular hacia Estados Unidos. Los anuncios, subtitulados en español y transmitidos durante eventos de alto alcance en la televisión mexicana, muestran a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtiendo que los inmigrantes ilegales serán perseguidos, deportados y se les prohibirá regresar a Estados Unidos. Con declaraciones tajantes como: “Los criminales no son bienvenidos”, la campaña busca enviar un mensaje directo al público mexicano.
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La falta de licitación en la contratación de esta campaña ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en iniciativas de comunicación internacional. Además, se suma a las críticas por el tono agresivo de los mensajes, que han sido calificados por diversos sectores como estigmatizantes y contrarios a los derechos humanos.
Esta inversión se enmarca en una serie de acciones del gobierno estadounidense para reforzar sus políticas migratorias, incluyendo acuerdos con México para contener la migración en su territorio. Informes del Congreso de Estados Unidos han revelado que se han otorgado más de 176 millones de dólares a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para la instalación de equipos de control biométrico y la capacitación de funcionarios mexicanos en control migratorio.
La difusión de esta campaña en México por empresas como Televisa ha generado un amplio debate sobre la soberanía nacional y la influencia de políticas extranjeras en la percepción pública sobre la migración. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estos mensajes en las comunidades migrantes y han instado a las autoridades mexicanas a revisar los términos de colaboración con Estados Unidos en materia migratoria.
Estados Unidos contra la inmigración ilegal
Mientras tanto, la administración Trump continúa con su agenda para reducir la inmigración ilegal, estableciendo metas ambiciosas como la deportación de un millón de inmigrantes indocumentados en su primer año de gobierno, aunque expertos consideran que es un objetivo poco realista debido a limitaciones logísticas y legales.
La implementación de campañas como la actual refleja la intensificación de las medidas adoptadas por Estados Unidos para frenar la migración, generando tensiones diplomáticas y debates sobre los métodos utilizados para abordar este complejo fenómeno.
