La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos autorizó al gobierno a continuar con la deportación remota de migrantes, lo que permite su traslado a países distintos de su lugar de origen sin necesidad de una notificación previa ni oportunidad para impugnar el procedimiento.
La decisión revoca temporalmente una orden del juez federal Brian Murphy, emitida en abril, que exigía al gobierno respetar el derecho de los migrantes a ser notificados sobre su destino y brindarles al menos diez días para presentar un recurso en caso de que temieran ser víctimas de tortura o malos tratos.
El caso, sin embargo, sigue bajo revisión en una corte de apelaciones. Mientras tanto, las expulsiones continúan vigentes, de acuerdo con Excélsior en su edición del 24 de junio.
También te puede interesar: Proponen usar fondo del Derecho de Saneamiento Ambiental contra el sargazo
EU mantiene deportación remota sin derecho a defensa
Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal resolvió que la administración del presidente Donald Trump puede seguir adelante con este esquema. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson manifestaron su desacuerdo en una disidencia extensa, en la que calificaron la decisión como un abuso de autoridad que pone en riesgo a miles de personas.
Sotomayor escribió que la corte parece considerar más aceptable el riesgo de que personas sufran violencia en lugares remotos como resultado de una deportación remota, que permitir que un tribunal de distrito mantenga protecciones mínimas, según BBC News en la edición del 24 de junio.
El origen de la disputa judicial fue un vuelo ejecutado en mayo, en el que ocho migrantes, provenientes de México, Cuba, Birmania, Vietnam, Laos y Sudán del Sur, fueron deportados sin audiencia previa. Entre ellos estaba Jesús Muñoz Gutiérrez, un ciudadano mexicano condenado por asesinato en segundo grado, detenido el 12 de mayo en Miami por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y enviado el 21 de ese mismo mes a África Oriental.
El avión, como parte de una deportación remota, debía aterrizar en Sudán del Sur, pero fue desviado a Yibuti, donde permanece una base militar estadounidense. Los migrantes han permanecido retenidos allí desde entonces, conforme con Excélsior.
El juez Murphy había determinado que ese traslado violaba la orden de abril y reiteró que los migrantes deben tener oportunidad de presentar sus argumentos antes de ser enviados a terceros países. También enfatizó que, incluso si las autoridades consideran infundados sus temores, se les debe garantizar un plazo mínimo de 15 días para solicitar una revisión, en apego a la Convención de la ONU contra la Tortura, como reportó BBC News.
A pesar de estas restricciones, la Corte Suprema decidió levantar la suspensión impuesta por el juez Murphy. Esta acción, que reactivó la deportación remota, fue celebrada por el Departamento de Seguridad Nacional, que la calificó como “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”. La portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin, declaró: “¡Que se enciendan los aviones de deportación!”, según información publicada por BBC News.
Grupos de defensa legal presentaron una moción de emergencia para mantener la suspensión mientras se resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, el máximo tribunal permitió continuar con el esquema de deportación remota sin ofrecer razones detalladas para su decisión. En respuesta, Murphy indicó en una orden emitida el lunes por la noche que los migrantes aún detenidos en Yibuti permanecen protegidos temporalmente de una remoción inmediata debido a una medida cautelar previa, también de su autoría.
La práctica de deportación remota ha sido aplicada en otros casos. El gobierno de Trump ha enviado a más de 200 venezolanos a El Salvador, a migrantes asiáticos a Panamá y a ciudadanos cubanos y mexicanos a países africanos. En estos procedimientos no se garantiza el acceso a audiencias, ni la presencia de abogados ni el contacto con familiares, según El País en su edición del 23 de junio.
Los abogados de los migrantes han cuestionado la legalidad del programa, argumentando que viola tanto la legislación estadounidense como tratados internacionales. Algunas de las personas afectadas carecen de antecedentes penales, aunque el gobierno ha sostenido que se trata de individuos culpables de delitos graves.
La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a varios de los demandantes, denunció que la política de deportación remota pone en riesgo la vida de los migrantes. Su directora ejecutiva, Trina Realmuto, aseguró que la decisión judicial expone a sus clientes a posibles actos de tortura o incluso la muerte, de acuerdo con BBC News.
