Una operación, a cargo de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), para desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación en México, fue descubierta gracias al trabajo de periodistas y sitios web independientes, que revelaron las debilidades de una investigación que vinculaba un presunto financiamiento del cártel de Sinaloa con la campaña presidencial del 2006 del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
La DEA filtró documentos a ProPublica, Insight Crime y a Anabel Hernández (quien escribió un par de columnas de opinión en el medio alemán Deutsche Welle -DW-), sobre una investigación basada en dos años de declaraciones de narcotraficantes, que afirmaron entregar de dos a cuatro millones de dólares a Nicolás Mollinedo Bastar, chofer de López Obrador.
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Mientras en X (antes Twitter) se organizó una fuerte campaña para colocar como tendencia el hashtag #NarcoPresidente por varios días, y medios al servicio del poder económico, como Latinus, así como la mayoría de medios tradicionales impresos y de radio y televisión, se encargaron de difundir la “investigación” de los tres medios internacionales, periodistas independientes, y hasta de medios tradicionales, fueron encontrando las fallas del trabajo publicado en momentos en que México está a menos de cuatro meses de celebrar los mayores comicios de su historia.
Carlos Loret de Mola, el conductor estelar de Latinus, medio que es financiado por Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno, respectivamente, del ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, logró la entrevista exclusiva con Tim Golden, el periodista que escribió para ProPublica uno de los trabajos que supuestamente involucraban al narcotráfico con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
En esa entrevista, Tom Golden acepta que su publicación, si bien no fue exclusivamente por razones políticas, sí fue un factor muy influyente. Aclaró que la investigación no llegó a un punto en el que quedara clarísima la evidencia.
La DEA archiva el caso
Por su parte Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, entrevistado por Carmen Aristegui, confirmó que la agencia antidrogas estadounidense decidió cerrar el caso porque no había pruebas y el impacto político con México era muy grande para seguir adelante.
A pesar de que este alto ex directivo de la DEA confirmaba que no había pruebas, la periodista Anabel Hernández García, autora de más de 14 libros relacionados con el crimen organizado, le afirmaba a Julio Hernández “Astillero” que sí las había y que las presentaría.
Una de las primeras conclusiones fue que la DEA había filtrado esa investigación a los dos medios y a la periodista Anabel Hernández, pues los tres la publicaron el mismo 30 de enero, en una especie de lo que se conoce hoy en medios como “nado sincronizado”.
La periodista Peniley Ramírez convalidó la existencia de esa investigación de la DEA, llamada Operación Polanco, la cual la recibió a través de mensajería encriptada. Era un documento en inglés, de 30 páginas, afirmó, firmado por la Agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Contenía una reseña del proceso electoral mexicano en 2006, referencias a una reunión secreta en Nuevo Vallarta, Nayarit, y a personas cercanas en aquel momento a Andrés Manuel López Obrador, como Nicolás Mollinedo Bastar, entonces colaborador del hoy Presidente de México y el empresario Mauricio Soto. Decidió no publicarla.
Los efectos de las publicaciones internacionales
Pese a que poco a poco se fue desmontando la idea de que la investigación publicada en tres medios internacionales carecía de pruebas, y que fue cerrada en su momento por la misma DEA, intereses oscuros empeñados en sostener que en México hay un narcopresidente, lanzaron una agresiva campaña en redes sociales para implantar esa idea y así tratar de restarle votos a Morena y a Claudia Sheinbaum Pardo.
El domingo por la noche, Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, ofreció una conferencia de prensa en la que expuso la forma en que en la red social X (antes Twitter) se detectó una campaña “para afectar e influenciar negativamente la conversación alrededor de la Dra. Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de la Cuarta Transformación”.
Para esta campaña se activaron tres etiquetas: #NarcoCandidata, #NarcoCandidataClaudia y #NarcoCandidataSheinbaum. Según el reporte de Delgado Carrillo, fueron usadas cuentas provenientes de más de 50 países, entre los que destacan en los primeros cinco lugares Estados Unidos, con 15 mil 797 cuentas; Venezuela, tres mil 259; Filipinas, dos mil 215; Canadá, mil 415, y la India, con 934 cuentas.
El informe que presentó Delgado Carrillo, detectó el origen del ataque, mediante cuentas de prominentes políticos como las diputadas Kenia López Rabadan y Teresa Castell; políticos como Javier Lozano y Gerardo Priego Tapia; periodistas como David Páramo y Denise Meade; el empresario Manolo Nájera y los actores Laura Zapata y Sergio Basáñez.
El líder nacional de Morena denunció la creciente inversión que se está haciendo en estas campañas negras. Semanalmente se está invirtiendo un millón de dólares.
La conspiración de la DEA utilizando medios internacionales para debilitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en tiempos electorales, es una estrategia para intervenir en los procesos democráticos de México. La agencia antidrogas además ha contado con la participación de medios nacionales y locales, así como de empresarios, políticos y hasta personajes del medio artístico, para apelar a las emociones y creencias de los mexicanos para implantar medias verdades y mentiras que sustituyen a los hechos objetivos (el fenómeno de la posverdad).
Ya no se trata de que incluso la propia DEA haya descartado que se investigó el presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a una campaña presidencial de 2006, sino vender a como dé lugar que en México hay un presidente con nexos con el narcotráfico. Es paradójico que quien ganó la elección de ese año, Felipe Calderón Hinojosa, no esté en el centro de esas críticas, cuando su ariete de seguridad nacional, Genaro García Luna, ha sido encontrado culpable de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.
