César Muñoz | R360
La propuesta para normar los criterios de los convenios entre gobierno y medios de comunicación, no ha venido del gobierno estatal que encabeza Carlos Joaquín González, sino de uno de los municipios que se ha convertido en el principal antagonista del régimen joaquinista en Quintana Roo: el de Solidaridad. Y además viene coincidente con la política de medios de la vocería de la Presidencia de la República.
La visita de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la República, a la presidente municipal Laura Beristáin Navarrete en tierras solidarenses, dos días antes de que terminara octubre de 2019, marcará un parteaguas en la relación de los medios de comunicación respecto de la contratación de pautas de publicidad oficial en el segundo municipio turístico más importante de Quintana Roo.
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En la reunión, en la que estuvo presente también el recién nombrado vocero de Solidaridad, Román Contreras Nahón, hubo intercambio de experiencias del manejo de la publicidad oficial en medios de comunicación. De parte del gobierno de Solidaridad, se le informó a Ramírez Cuevas el modelo para asignar recursos públicos en la contratación de prensa, radio, televisión y medios digitales, en el que, se explicó, se pondera tiraje, audiencia, rating, alcance e interacción.
En el modelo planteado, según se explicó en un comunicado de Solidaridad, los ciudadanos podrán corroborar que la inversión en medios sea “legal, equitativa y transparente”, aunque no se especificó cómo podrá corroborarlo el ciudadano, a menos que sea por solicitud vía Transparencia. En este último punto, el Gobierno joaquinista sí dio un paso importante para transparentar lo que se invierte en medios, a través de un sitio creado exprofeso: Transparencia en Publicidad Oficial, aunque su gran talón de Aquiles sigue siendo el criterio discrecional para la asignación de dinero público en cada medio, el cual no es nada transparente.
Pero el gobierno de Solidaridad también tiene un largo camino, en menos de dos años que le queda de administración, para hacer claros los criterios de asignación y su posterior difusión, en aras de la transparencia.
Si bien se coincidió con Ramírez Cuevas que el modelo en fase de implementación por parte del gobierno de Laura Beristáin Navarrete debe “transitar por la Cámara de Diputados para poder ser adoptado como una política pública nacional de medios de comunicación”, por lo menos en Quintana Roo se enfrenta con una serie de “prácticas” que debe superar para la asignación justa de los recursos públicos.
En cuanto a tiraje, no hay medio impreso en Quintana Roo que falsee ese concepto, que va de la mano con la circulación. La norma actual permite que despachos de consultores y hasta de contabilidad, certifiquen el tiraje y la circulación de los ejemplares de periódicos y revistas, el cual por ley deben incluir en sus directorios. Pero hay una connivencia para alterar esos datos, que afectan a anunciantes, y por supuesto, son un desafío al modelo propuesto por el gobierno de Solidaridad. Aquí el criterio se enfrenta con la corrupción de empresas de medios y consultoras.
Para la medición del rating, no todas las estaciones de radio tienen la capacidad para pagar un estudio del INRA, que es la empresa más antigua en México que todo el sector acepta como válido, y no sólo por su antigüedad, sino porque instituciones como la UNAM auditan y supervisan sus investigaciones. Si una empresa local de radio no cuenta con la medición del INRA, ¿qué otra tomaría en cuenta el ayuntamiento de Solidaridad? Ahí se asoma Nielsen, cuyos estudios son de gran valor para medir las audiencias en televisión. En este rubro, el Ayuntamiento enfrenta una situación afectada por los altos costos de las medidoras de rating.
En cuanto a los medios digitales, específicamente sitios web, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para la contratación de publicidad oficial, los medios tenían que entregar el reporte de medición de ComScore. Con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ésta ya no es la norma. Aunque las analíticas de Google o incluso de Alexa, pueden dar un norte, para una valoración justa, los sitios tendrían que permitir al gobierno municipal accesar a esas analíticas, y no sólo entregar reportes en PDF, que son fácilmente alterables.
En redes sociales, por fortuna el gobierno de Solidaridad podría tener a su disposición programas en línea que miden la interacción y alcance de cualquier medio. Aquí el gran trabajo será cómo determinar cuánto se asignará de presupuesto a los medios sociales, y que los conceptos de interacción y alcance sean la norma, y no los likes o seguidores, pues en el medio es de todos conocido que hay varios medios que han comprado seguidores y likes, y se nota porque tienen cientos de miles y hasta millones, pero con nula interacción.
Si bien como se informó en el comunicado del miércoles 30 de octubre, el vocero de la Presidencia de la República dijo que propondrá “un esquema de pesos específicos de cada medio de información que se contrate para fines de difusión de actividades gubernamentales, con lo que se evitará la discrecionalidad que da paso a la corrupción y se podrán rendir cuentas claras de la inversión pública en ese rubro”, ahí también hay un gran reto, pues no hay padrón nacional de medios digitales, como sí lo hay de medios tradicionales. El padrón por lo menos exigiría requisitos rigurosos a los que deberían someterse todos los medios y sería equitativo para la asignación de campañas oficiales.
Mientras tanto, veremos cómo lo resuelve el coordinador de Comunicación Social y Difusión Gubernamental del ayuntamiento solidarense, Contreras Nahón, que viene importado desde el gobierno que tuvo Morelos, con Graco Ramírez, en el que fungió como director general de redes sociales. No tiene una tarea fácil, por las viejas prácticas arraigadas de los otrora poderosos medios tradicionales, pero nada es para siempre y el poder de los medios sociales se impone.
