La propiedad industrial de los Pueblos Mágicos

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De acuerdo con la información pública alojada en el portal del Gobierno Federal, la existencia del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo exalta los símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para la historia de nuestro país, impulsando lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos, de donde recibe su nombre este programa.

De conformidad con el portal de Gobierno Federal, de los 132 registros de Pueblos Mágicos que tiene la Secretaría, solamente tres corresponden al Estado de Quintana Roo y se encuentran establecidos en los destinos de Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

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Este programa denominado Pueblos Mágicos, para poder transitar en la vida comercial de la promoción turística, requirió en su momento de ser registrado como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, registro de marca que fue concedido el 16 de junio del año 2004, bajo el número de registro 837414 a favor de la Secretaría de Turismo.

Estos programas especiales, como los Pueblos Mágicos, para detonar el turismo, sin duda corren con la suerte de visibilizar el destino y mencionar su denominación y sus características, pero de ninguna manera cumplen con una función de protección, contención o prohibición de la competencia desleal a través del uso o explotación de dichas denominaciones, a las que hemos denominado un sinnúmero de ocasiones como marcas turísticas, por parte de los particulares respecto de los destinos específicos tutelados bajo dicho programa. Por ello sigue siendo necesario registrarlos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para acogerse a una Ley Federal con amplio margen de protección, con criterios jurisdiccionales establecidos y con tratados internacionales respaldando dichas normas y a sus instituciones.

Pueblos Mágicos y las marcas turísticas

La marca turística se define como aquel signo que sirve para diferenciar un destino turístico dotándolo de características suficientemente distintivas para generar un mayor impacto en su difusión, con el objeto de captar un mayor número de turistas, en beneficio de una colectividad, lo que la hace un derecho de propiedad industrial de interés público.

En Quintana Roo, gracias a la intervención de la XVII Legislatura se logró rescatar las marcas turísticas Cancún y Caribe Mexicano en los 27 países de Europa y en Estados Unidos, dada la incapacidad de la autoridad administrativa para resolver un tema fundamental para el Estado.

Pueblos Mágicos
Registro de marca cerca de vencer. Foto: IMPI

Sin embargo, hoy nuevamente las marcas turísticas se encuentran en alerta, ya que la marca Pueblos Mágicos se encuentra próxima al término de su vigencia el día 31 de marzo de 2024, de conformidad con la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y aún y cuando de trata de una marca propiedad de una Secretaría de Estado mexicano, en el supuesto de que caducara dicha marca, afectaría de manera directa a nuestros destinos insertos en el programa Pueblos Mágicos, como Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

No cabe duda de que el Estado, en sus tres niveles de Gobierno se encuentra ávido de fichar buenos abogados y asesores en materia de propiedad industrial, ya que, si estudiamos el programa federal Barrios Mágicos, este se encuentra en un escenario más delicado, ya que hasta hoy forma parte de la solicitud de marca de una persona física para bebidas embotelladas.

Por eso, a través de esta columna hacemos un llamado a todos los entes públicos encargados de la promoción turística de los destinos locales y nacionales, para que hagan una correcta gestión de los derechos de propiedad industrial y derechos de autor que administran y que son de todos, ya que en ellos se han invertido miles de millones de pesos durante décadas.

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Hugo Alday
Abogado con mención Honorífica por la Universidad La Salle del Pedregal. Maestro en Derecho por la Universidad Anáhuac del Mayab. Máster Internacional en Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Competencia por la Universidad de Alicante, España. Doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac Cancún. Colabora en Ruptura 360 como articulista.

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