Hace unos días, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ex fiscal federal de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, publicó en el periódico La Jornada un artículo sobre las peripecias que el otrora gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su grupo de impresentables se encuentran realizando para crear una súper fiscalía que incluya una Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, para evitar ser investigados en el gobierno de la #4taTransformación que está por iniciar en Tamaulipas.
La explicación de Nieto Castillo expone la grave concentración de funciones de distintas dependencias que, por su naturaleza, no corresponderían al ámbito de la procuración de justicia, como la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), “dado que su principal función es obtener de primera mano, información patrimonial, económica y fiscal existente en diversas instancias locales y presentar productos de inteligencia, como pueden ser denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita ante la propia Fiscalía del estado.
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“Este cambio supondría un riesgo para la independencia, imparcialidad y objetividad de la unidad, por lo que para cuidar estos aspectos, su función sería más afín a la Secretaría de Finanzas de la entidad, justo como se encontraba adscrita.”
Para Nieto Castillo, la consecuencia de todas estas reformas es restar poder al gobernador electo, Américo Villarreal, y evitar investigaciones en contra de García Cabeza Vaca y sus cómplices, por lo que propone llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El intento del fiscal de Quintana Roo
Este caso llama poderosamente la atención en Quintana Roo, ya que sucede algo semejante que en Tamaulipas, en donde el fiscal panista Óscar Montes de Oca Rosales pretende modificar el Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo de forma urgente, antes de que llegue la gobernadora electa de la #4taTransformación, Mara Lezama, para complicarle el escenario según parece.
La propuesta de la fiscalía desde hace ya meses tiene su punto medular en el Artículo 128:
“Al frente de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, habrá un titular, nombrada por el Fiscal General de conformidad con el artículo 16, fracción V, de la Ley Orgánica, quien por sí, o a través de sus integrantes, tendrá las atribuciones siguientes…”
De inicio, la UIPE debería encontrarse ubicada en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo porque su función es de carácter financiero y fiscal, para presentar denuncias y no propiamente ser un ente persecutor.
En segundo término, el hecho de que el titular sea nombrado por el Fiscal General y no por el Congreso del Estado en ternas propuestas, resulta ya muuuuuuy controversial y muy semejante a lo que sucede en Tamaulipas con Cabeza de Vaca y Villareal.
Solo esperamos que el Congreso vigente haga de tripas corazón y proponga llevar a la Sefiplan esta importante instancia, para salvar la cara y el futuro de Quintana Roo y para que no repitamos la vergonzosa historia de Tamaulipas.
