QUINTANA ROO.- Si alguna duda quedaba de que la iniciativa para proteger el derecho a la propia imagen atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, solamente hay que voltear a ver a la diputada María José Osorio Rosas, quien decidió dar marcha atrás a la propuesta de forma particular, además de tratar de convencer a los otros dos legisladores promoventes Hugo Alday Nieto y Ricardo Velazco Rodríguez.
La iniciativa fue ingresada desde el pasado 9 de diciembre a Oficialía de Partes del Congreso del Estado, sin embargo, fue hasta el lunes 2 de marzo del presente mes que fue leída en el Pleno de la XVIII Legislatura y enviada a comisiones para su análisis y dictaminación, en su caso.
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El “blindaje” a servidores públicos bajo la lupa
Desde que trascendió el contenido, bajo el argumento de proteger a la ciudadanía de imágenes, voz o elementos de identidad no autorizados, generó polémica, pues mas allá de un beneficio social, pretende un proteccionismo hacia los servidores públicos y no solo eso, también atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
María José Osorio y Hugo Alday son los únicos, que hasta el momento han fijado postura sobre las críticas en contra, principalmente de reporteros y medios de comunicación. Intentaron convencer de las bondades de la iniciativa, negaron coartar la libertad de expresión y perjudicar al gremio periodístico.
Diálogo en Playa del Carmen: Argumentos técnicos vs. Ambigüedad
Pero Osorio Rosas, en su afán de legitimar la propuesta, convocó a un “diálogo con medios para robustecer la iniciativa” en Playa del Carmen, el 07 de marzo de 2026 . La invitación fue abierta y aunque llevó a reporteros a modo, solo llegaron unos 20 comunicadores de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.
En repetidas ocasiones intentó convencer a los asistentes a que aportaran propuestas y “que de una vez quede armada la propuesta para iniciar con el análisis en comisiones”.
Los reporteros externaron su punto de vista, sus argumentos y enunciaron hasta apartados jurídicos, para sustentar la arbitrariedad que se pretende cometer en contra del artículo 6 y 7 Constitucional. Además de buscar un blindaje para los servidores públicos.
A la congresista le sustentaron que si bien, en otros estados como la Ciudad de México hay una ley en la materia, en ese casi se específica claramente el papel de los medios de comunicación y de los servidores públicos, pero aún y con eso, hay inconformidad y recursos legales interpuestos por hechos ocurridos. Además la normatividad establece que se tendrá que comprobar la “malicia efectiva”.
Afirma que intentaría frenar iniciativa para proteger el derecho a la propia imagen
La legisladora no pudo defender su propia iniciativa y terminó hasta pidiendo disculpas. De igual manera desistió de la propuesta y aunque aseguró no poder decidir por Alday Nieto y Velazco Rodríguez, pero hizo el compromiso de tratar de persuadirlos para que también aborten la pretendida modificación a la legislación vigente.
Aunque para no verse perdida del todo, pidió apoyo para la posible elaboración de otra propuesta en la que se tome en cuenta al gremio periodístico y se deje claro, que no habrá proteccionismo para servidores públicos y no se atente contra la libertad de expresión.
No es el primer intento de reformar al Código Civil para garantizar el derecho a la propia imagen en Quintana Roo. Toda vez que en abril del 2024, la entonces presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) Jissel Castro impulsó una iniciativa similar.
También fue con el pretexto de proteger el “derecho a la intimidad personal y a la propia imagen”. De igual manera buscaba proteccionismo para los servidores públicos, coartar la libertad de expresión y entorpecer el ejercicio periodístico, por ello, no prosperó.
Hugo Alday, en su momento, ha sostenido que el fin es proteger la dignidad de las personas y no limitar o restringir la libertad de expresión o el ejercicio periodístico. Acusó que las críticas solo desvirtúan el verdadero alcance.
Pero el problema fundamental de la iniciativa no es proteger a la ciudadanía de imágenes, voz o cualquier elemento de identidad no autorizado, sino que los legisladores aprovechen la propuesta para blindarse como servidores públicos o políticos y peor aún, establecer la falta como un delito, acompañado por una reparación del daño.
El polémico Artículo 551 Septies y la postura de Artículo 19
Ellos mismos se desnudan, sobre todo en el artículo 551 Septies, fracción I, que proponen agregar al Código Civil, que establece que el derecho a la propia imagen no impedirá: “la captación, reproducción o publicación de imágenes cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, siempre que la imagen se obtenga durante un acto público o en lugares abiertos al público y exista interés público”.
Es decir, a los funcionarios solo se les podrá fotografiar o videograbar en actos o espacios públicos. Más claro, ellos dicen cómo, cuándo y dónde un periodista, reportero o medio de comunicación, o hasta un ciudadano, les puede capturar una imagen y publicarla.
La Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional A.C. fijo una postura sobre la iniciativa y concluyó que es una intención es positiva, pero “es una propuesta muy ambigua que puede generar un efecto inhibidor en la prensa y utilizarse en litigios contra periodistas”.
La asociación civil Artículo 19 informó que mantiene bajo observación la propuesta de reforma y pide al Congreso del Estado, un análisis, en su caso, bajo los más altos estándares de la libertad de expresión. Exhorta a considerar el motivo de la regulación ética; la permisión de imágenes solo en espacios públicos; y la ausencia de definiciones clave.
Especifica que el año pasado, en siete meses, se tuvo registros de 51 casos de acoso judicial contra periodistas, dos de ellos de Quintana Roo. Resalta que la imagen y la libertad de expresión no son derechos incompatibles, pero requieren una regulación equilibrada.
Del diputado Ricardo Velazco no hay pronunciamiento sobre el particular, aunque estaba invitado con Hugo Alday, al evento promovido por María José Osorio Rosas. Pero, ninguno hizo acto de presencia.
Payo Obispo
Un evento triste y desesperanzador fue CLX aniversario del natalicio del almirante Tomas Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, en el monumento erigido en su honor, frente al Muelle Fiscal de Chetumal, perdidos en el tiempo quedaron esos días, en los que las fechas de relevancia para la ciudad se convertían en verdaderas fiestas populares que hacían a los chetumaleños sentirse cerca de las autoridades. Hoy 7 de marzo el presidium de autoridades estuvo lleno de representantes de representantes y solo se contó con la presencia del subsecretario de gobierno, Nabil Eljure Terrazas y la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández.
