Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le urge una modernización, ajustes a la Ley para dotarlo de más dientes y un urgente adelgazamiento de su aparato burocrático, pero no desaparecerlo, como quiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El INAI es una ventana, aunque limitada, a la transparencia. Su gasto no hay que verlo como tal, sino como una inversión que garantiza el derecho de acceso a información pública.
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El Estado mexicano está obligado a garantizar la transparencia, no a simularla, como ocurrirá si el Presidente logra su desaparición y se trasladan las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, cuya tarea está enfocada principalmente en el combate a la corrupción.
Garantizar un derecho como lo es el acceso a la información pública y combatir la corrupción, son dos cosas totalmente diferentes.
Esta secretaría es de las que menos recursos recibe del presupuesto federal, y darle las tareas que actualmente tiene el INAI, no sólo es absurdo, sino totalmente ineficiente e inoperante.
Aunque el Presidente habla de debatir el tema y ponerlo sobre la mesa, trata de manipular a la opinión pública comparando, por ejemplo, la resistencia que surge de la sociedad civil contra la desaparición de los organismos autónomos con la extinción de los Fideicomisos, dos temas diametralmente distintos.
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El INAI es necesario para nuestra sociedad, es necesario para académicos y periodistas. Es de hecho un instrumento ciudadano para la vigilancia gubernamental. En lugar de hablar de desaparecer al INAI, es mejor plantear su modernización.
Áreas de oportunidad
Hay áreas de oportunidad en su camino a la transformación, desde mejorar la plataforma para hacerla más accesible a todos los ciudadanos, hasta ampliar más sus facultades, por ejemplo, que todo recurso público que se dé a entes privados, como pueden ser los medios de comunicación, se informe para qué se destina.
Otra área de oportunidad está en los tiempos de entrega de la información, que es larguísima, eso sin contar que hay solicitudes que no son respondidas por parte de los sujetos obligados.
La estructura burocrática, por supuesto se puede adelgazar y perfeccionar. Bajo estos términos, hay que tomarle la palabra al Presidente y debatir el tema, pero no para plantear su desaparición, sino para asegurar su supervivencia.
La propuesta presidencial de que la Secretaría de la Función Pública asuma el papel del INAI, como lo propone el Presidente, no puede esquivar el papel que tuvo esa dependencia del gobierno federal en 2020 en la exoneración que hizo de Manuel Bartlett Díaz, tras la investigación periodística de Carlos Loret de Mola, que le atribuyó ser dueño de empresas e inmuebles que ocultó en su declaración patrimonial. Ser juez y parte no funciona en la transparencia, se requiere de una verdadera autonomía.
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Hay que tomarle la palabra al Presidente, pero para debatir las mejoras al INAI, no para que otra dependencia de su gobierno asuma sus funciones, pues no queremos un organismo supeditado a la decisión presidencial, sino que sea garante de la transparencia.
