La suspensión indefinida de actividades en las escuelas de Quintana Roo cumplió 12 días como consecuencia de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hasta el momento, no se observa solución.
Lo que las autoridades argumentaron como un malentendido hoy se ha convertido en un problema que se ha extendido a 28 entidades del país.
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En Quintana Roo, la situación se ha polarizado. Por un lado, está el Comité Central de Lucha, creado exprofeso para buscar dar marcha atrás a las reformas, que asegura violentan los derechos laborales y económicos de los trabajadores de la educación.
Por otro lado, está la administración estatal, que, a través de la Secretaría de Gobierno (Segob), encabezada por Cristina Torres Gómez, y la Secretaría de Educación (SEQ), dirigida por Elda Xix Euán, ha buscado mediar en el tema sin éxito. Aunque se trata de un asunto federal, está repercutiendo en las actividades escolares de la entidad.
Por otra parte, la Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presidida por Arimael Salas Alcocer, ha sido señalada como traidora de la base gremial, junto con su líder nacional, Alfonso Cepeda Salas.
En otro punto, los legisladores y senadores por Quintana Roo no han sabido actuar como gestores e interlocutores ni han tenido acercamiento con los manifestantes. Menos aún han sabido explicar o aclarar esos malentendidos de la reforma.
Quien parece tener la sartén por el mango en la entidad es el Comité Central de Lucha, pues fue este el que decretó el paro indefinido de labores, al contar con el apoyo de la mayoría de los trabajadores de la educación.
En la entidad, el problema se agudizó luego de que Torres Gómez, Xix Euán y Salas Alcocer pactaran un supuesto regreso a clases en todo el estado tras más de ocho horas de negociaciones.
Los dos últimos enviaron comunicados e incluso videos a través de redes sociales para dar a conocer la noticia, pero fueron desmentidos por el Comité Central de Lucha y, en efecto, nadie volvió a las aulas. El anuncio fue considerado una ruptura de los acuerdos y provocó que los inconformes anunciaran medidas más contundentes.
En este proceso, que parece perjudicial para la educación en Quintana Roo, hasta la Asociación Estatal de Padres de Familia apoya al magisterio y respeta la defensa de sus derechos. La medida no solo afecta al magisterio, sino también a burócratas federales, estatales y municipales que cotizan en el ISSSTE. No obstante, la asociación solicita un acuerdo para que los estudiantes regresen a clases mientras se resuelve el tema de fondo.
Han pasado 12 días desde la suspensión de clases en el estado y los más afectados son los más de 416 mil estudiantes de nivel básico y medio superior, pertenecientes a más de dos mil escuelas.
En Chetumal, decenas de maestros mantienen el plantón en las afueras del Palacio de Gobierno. Con toldos y casas de campaña, esperan buenas noticias desde el centro del país, en específico de la Cámara de Diputados federal. Las manifestaciones continuarán, de acuerdo con el Comité, el cual informó que, por estrategia, las próximas actividades se darán a conocer en su momento.
Payo Obispo
Todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que la XVIII Legislatura apruebe el cambio de nombre del municipio de Solidaridad a Playa del Carmen. La iniciativa presentada por la alcaldesa Estefanía Mercado ya está en análisis.
