Desde la fundación de Cancún, miles de personas poco a poco se fueron asentando en los ejidos que comprenden parte del territorio del Municipio de Benito Juárez, es decir, los ejidos Isla Mujeres y Alfredo V. Bonfil; entes públicos regidos por la Ley Agraria a los que les otorga personalidad jurídica y patrimonio propios, y los reconoce como propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título en favor del mismo.
Dichos ejidos, que en su momento fueron definidos como sociedades de interés social titulares de derechos agrarios por resolución presidencial, ya sea restitutoria o de confirmación, cuentan hoy en día con gran parte de las tierras que les pertenecen, tituladas ya de pleno derecho, lo que les permite enajenar de forma más sencilla dichos bienes a terceros.
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Sin embargo, tuvieron que pasar 50 años, 16 presidentes municipales y 8 gobernadores, para que el Municipio de Benito Juárez lograra reunir a los posesionarios, a los ejidatarios y a las autoridades federales del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para comenzar la regularización de estas zonas.
Hace apenas un par de meses que el Municipio de Benito Juárez logró que el Cabildo aceptase la firma del Convenio de Coordinación con el INSUS para la regularización de las zonas del ejido Isla Mujeres, y hace unos días se concretó la autorización del Cabildo para suscribir el Convenio de Colaboración con el ejido Bonfil.
La tarea no es fácil, ya que se conjugan diversos tipos de asentamientos irregulares como:
- Las invasiones a tierra común con o sin cesión de derechos.
- Las invasiones a tierra titulada con o sin cesión de derechos emitida con posterioridad.
- Las ventas con cesión de derechos sin titular a tercero.
- Las ventas de tierra titulada con cesión de derechos sin titular a terceros.
- Las ventas de tierra de uso común o titulada con contrato de promesa de cesión de derechos fraudulentas.
- La venta a través de inmobiliarias y particulares que no cuentan con facultades para ello y derivan en fraude a terceros.
Todo ello sin considerar los casos en los que subsisten juicios reivindicatorios, dobles ventas, denuncias de despojo por invasiones, juicios de intestado, embargos de autoridades o particulares a tierras tituladas de pleno derecho y algunos casos con documentos falsificados.
Ese es el tamaño del problema de miles de familias que al menos 15 administraciones municipales y 8 estatales se negaron a ver, y por el contrario, permitieron que se generara con afectaciones ecológicas a nuestros ríos subterráneos y a nuestra selva, irreversibles ya en algunos casos.
Es por ello, que sí debemos reconocer el esfuerzo y la voluntad de la #4taTransformación, del Ayuntamiento de Benito Juárez, de la nueva administración del Ejido Bonfil, de la Procuraduría Agraria y del INSUS, porque finalmente después de 50 años se han fijado una misma meta en conjunto, regularizar los ejidos para darle paso a la certeza jurídica de Cancún.
