Un proyecto está en marcha en materia de comunicación social en el gobierno de Mara Lezama Espinosa, que ha optado por centralizar la comunicación, un modelo que ya se ha aplicado en otras entidades federativas desde hace tiempo, con gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.
El antecedente más inmediato y próximo es en Campeche. Durante la gubernatura del priista Alejandro Moreno González, en Campeche (2015-2019), la comunicación de todas las secretarías y entes del gobierno estatal se concentró en la Unidad de Comunicación Social.
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Cada dependencia de gobierno, jefatura o dirección de comunicación, tenía que producir su información, como por ejemplo los comunicados de prensa, que debían enviar a la Unidad de Comunicación Social, para su visto bueno. Una vez que esta unidad aprobaba el boletín de prensa, se encargaba de enviarlo a los medios de información.
Esta forma de centralización permitía un control estricto de lo que se quería informar, sin tener que establecer un posterior control de daños, e insertar líneas discursivas acorde a la estrategia general de comunicación.
El fenómeno de la comunicación social en Quintana Roo
En Quintana Roo, los coordinadores o jefes de las áreas de comunicación social, recientemente han disminuido los envíos de sus boletines de prensa en los grupos de WhatsApp. Aún cuentan con relativa independencia para ello, pero las gestiones de información y de entrevistas con los titulares de las dependencias cada vez son menos frecuentes.
De forma extraoficial algunos secretarios advierten que ya no pueden ofrecer entrevistas a puerta cerrada, por instrucciones de áreas que no pueden revelar. Las entrevistas telefónicas cada vez son más escasas y los mensajes, por WhatsApp, la mayoría de las veces se quedan en visto. El contacto directo con el funcionario se establece cuando el responsable de Comunicación no responde o bien, no resuelve, que es la mayor de las veces.
Así, el talón de Aquiles se ha vuelto esta área, que en tiempos de Carlos Joaquín González, la ex coordinadora de Comunicación Social, Haidé Serrano, trató de controlar con reuniones semanales, pero al final sucumbió por la inercia de la burocracia; la mayoría de estos responsables de Comunicación han sido un mal necesario, pues han ido sobreviviendo en las dependencias de sexenio en sexenio, con sus honrosas excepciones.
En la era de la 4T, la actual Coordinadora de Comunicación Social tuvo mano firme con estos jefes; hizo cambio en dependencias y sostuvo a quienes juzgó que tenían méritos suficientes.
La actitud actual de los funcionarios, sin embargo, revela que el proceso de centralización está en curso, lo que está dando como resultado el alargue en la entrega de información o el silencio y que no es una estrategia de la Coordinación General de Comunicación, sino que viene desde afuera, desde la Ciudad de México.
Este comportamiento, que se está convirtiendo en hábito, lesiona uno de los principales derechos humanos: el derecho a la información, “que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, se encuentra reconocido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la información que posee cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública”, según sostiene el propio Gobierno de México.
El centralismo se va a enfrentar a la obligatoriedad de este derecho esencial, pero sobre todo, a que sea eficiente la distribución de la información y a la gestión de entrevistas, que hoy se ha vuelto un calvario, dejándolas solo como una opción banquetera.
