“Que los mentirosos se callen la boca, mi gabinete será de puros quintanarroenses talentosos y conocedores de los temas y expertos que tienen seis meses trabajando conmigo”, aseguraba Carlos Joaquín González en un video que circula en las redes sociales de los últimos días de su campaña. A cuatro años de su administración, su gobierno se encuentra inmerso en demandas, incluso judiciales, de gente traída de otros estados, y su equipo, a cuatro años de administración, está integrado hasta por funcionarios nacidos en el extranjero.
El tiempo le dio la razón a quienes la tenían y la desconfianza de los quintanarroenses sobre el poco arraigo del yucateco se fue confirmando con el paso del tiempo, en el que gente como Alberto Capella Ibarra con sus negros antecedentes fue sumado a su equipo y quien desde el primer día de su llegada mostró su desprecio por los nativos de este lugar y de esto puede dar fe quien esto escribe.
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Después hizo su arribo, el fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, quien también traía un largo historial de demandas por violación de derechos humanos y un largo etcétera que al parecer no importó al gobernador y que lo sumó a las filas de la administración estatal, sin que éste conociera del estado más allá de la zona hotelera de Cancún.
La Fiscalía General del Estado (FGE) hoy enfrenta un problema por cuestiones de discriminación y nativismo, así como demandas judiciales por corrupción y todo relacionado con el personal traído por el titular Óscar Montes de Oca Rosales desde el centro del país. Este organismo es autónomo solo en papel, en la práctica funge como una dependencia más de gabinete bajo las órdenes del gobernador.
En la actualidad, de 15 secretarías del gabinete legal, solo cuatro dependencias están en manos de quintanarroenses nativos: la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema); Secretaría de Desarrollo Económico (Sede); Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedaru) y la Secretaría de Gobierno (Segob). Las restantes, por personas venidas de otros estados del país.
En el caso de la Secretaria de Obras Públicas (SEOP) y la Secretaría de Turismo (Sedetur), están en manos de dos colombianos.
De este modo los quintanarroenses han sido relegados a puestos de segunda importancia o incluso fueron despedidos de sus puestos aun cuando tenían muchos años de trabajo y de conocimientos sobre sus áreas, mismas que fueron entregadas a gente inexperta y con un profundo desconocimiento de la necesidad de los quintanarroenses.
Ejemplos de lo anterior sobran pero se puede mencionar el de la encargada del despacho de la Sedeso, Rocío Moreno Mendoza, quien nunca fue ratificada en el cargo por no tener los años de residencia en Quintana Roo y su actuación fue más que lamentable, al querer poner en marcha programas copiados de libros que nada que tenían que ver con la realidad de Quintana Roo. Los resultados saltan a la vista: crecimiento de la pobreza de manera desmesurada.
Del tema de seguridad pública y de procuración de justicia ni hablar; el retroceso durante estos cuatro años podría llegar a una década, lo cual es muy lamentable para los nativos que se quedarán a vivir los destrozos ocasionados de lo que sin duda se va a ir.
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En estos cuatro años de gobierno ninguna Secretaría ha dado resultados como prometió el gobernador, desde campaña.
Payo Obispo
El presidente municipal Otoniel Segovia Martínez no entendió que su trienio ya finalizó, aunque le quede un año de salario. En lugar de seguir con videos sin sentido en las redes sociales, debería tomar una escoba y ponerse a barrerlos los daños que tiene al municipio; a ninguna de sus responsabilidades le ha acertado.
Sobre el autor: Egresado de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Quintana Roo. Cursos y talleres sobre periodismo escrito, periodismo digital y comunicación política. Más de 20 años de carrera periodística.
