Las comparecencias de funcionarios de gabinete y organismos estatales, por la ampliación de la glosa del Cuarto Informe, demuestran complicidad por parte de la mayoría de los diputados de la XVI Legislatura con el Ejecutivo, quienes no están dispuestos a clarificar la aplicación de los recursos públicos. Se ven más preocupados por quedar bien que cumplir con su función.
Después de lo que se ha visto en lo que va de estas comparecencias, se prevé que el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 será a modo y a gusto del gobernador Carlos Joaquín González.
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Las comparecencias representaban la oportunidad para cuestionar a conciencia la forma en que se aplican los recursos públicos por parte del Gobierno del Cambio, no obstante, salvo tres legisladores (Roberto Erales, Hernán Villatoro y Alberto Batun) los demás solo realizaron preguntas a modo.
Se notó desinterés por parte de los diputados, la mayor asistencia que se ha registró fue de 15 congresistas, las demás han llegado a ser de menos de nueve y hasta de cinco legisladores.
En el Congreso del Estado tanto los diputados como los propios funcionarios estatales que comparecieron hicieron referencia a la asignación de recursos con base en resultados, sin embargo tales resultados no se ven, además de que las cifras distan de la realidad.
Los actuales legisladores locales “juraron y perjuraron” que las comparecencias no serían “pasarelas”; la realidad es distinta. Además, dejaron en claro que de acuerdo a la información de los funcionarios estatales y los resultados obtenidos sería la forma en que se designarían los presupuestos para el próximo año.
El gran ausente en la comparecencias por supuesto fue el secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, que aunque separado, su carta de renuncia no ha sido presentada a su jefe, el gobernador Carlos Joaquín. Tenía la obligación de presentarse ante los congresistas, pero la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Juocopo), lo dispensó.
El Gobierno del Estado tuvo como fecha límite el 20 de noviembre para hacer entrega del paquete fiscal 2021, que incluye el proyecto de presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos.
En los cuatro años que lleva la administración el presupuesto ha sido de 124 mil 604 millones 600 mil 225 pesos y este año por lo menos se espera la cantidad aprobada para el 2020 que fue de 35 mil 193 millones 042 mil pesos.
Al momento en el Congreso del Estado ya fueron aprobadas la cuenta pública del Gobierno del Estado del 2017, y a finales del mes pasado, la cuenta pública 2018, pese a tener observaciones no subsanadas por más de 111 millones de pesos. La primera aprobada por la XV Legislatura y la segunda, por la XVI.
Ante esta situación no es necesario ser adivino para señalar que los más de 35 mil millones de presupuesto que se aprueben este año, no pasarán por un riguroso análisis para una distribución más equitativa y seguirán beneficiándose a los entes públicos de acuerdo al gusto del gobernador Carlos Joaquín, y no de acuerdo a las verdaderas necesidades del estado.
Payo Obispo
Lo más interesante del manejo mediático del no comprobado desvío de recursos de la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, es que todo mundo sabe que la mano que mece la cuna detrás del montaje es el propio Carlos Orvañanos Rea, coordinador general de Comunicación, quien lo único que evidencia es su pretendida intención de ser alcalde de Benito Juárez con costo al erario público.
Al parecer está poniendo toda la carne al asador, perdón todo el dinero del pueblo en su beneficio y el de su jefe, Carlos Joaquín González.
