La decisión del Gobierno del Estado de retirar la concesión a la empresa Aguakan y regresar la responsabilidad a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) no es una solución que beneficie a los usuarios. Ambas prestan un pésimo servicio.

El principal argumento que tiene la administración estatal para retirar la concesión a Desarrollo Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., son los abusos cometidos en contra en contra de los clientes, principalmente en los altos cobros y la mala calidad en el servicio.

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En segundo término, están las cuestiones políticas y contratos desventajosos a favor de la empresa, al menos eso dijo la administración de Carlos Joaquín y ahora la de Mara Lezama.

De Aguakan se ha dicho de todo, hay demandas judiciales en su contra, que han llevado a la empresa a ampararse y que, al momento, va ganado en el tema jurídico.

Pero la actual administración pretende retirar a toda costa el servicio de agua a la empresa, para regresar la responsabilidad a la CAPA, aunque esta paraestatal no puede ni con el servicio que presta a una cantidad menor de usuarios.

CAPA atiende a siete municipios: Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel. Tiene un padrón de usuarios de 168 mil 121.

Mientras que Aguakan cubre los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. Aquí el padrón de usuarios es de 453 mil 284.

De CAPA al igual que Aguakan los usuarios han manifestado su descontento por el pésimo servicio, tarifas altas que suben todos los años y la calidad del agua que es la misma que de hace décadas y no se puede beber.

En el caso de la paraestatal además el suministro se interrumpe constantemente, aunado a que no se cuenta con el líquido durante todo el día, generalmente solo por unas horas en la mañana y en las noches. Las familias pagan por un agua de mala calidad y están obligados por salud a gastar hasta cinco veces más por agua purificada.

El servicio fue afectado por las obras del Tren Maya y actualmente se culpa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las continuas fallas de energía, para lo cual tampoco hay solución.

Si de tarifas se trata, Aguakan las tiene altas y la CAPA no se queda atrás, la fórmula que utilizan genera aumentos cada año, de acuerdo con la inflación y a los costos del servicio de energía. Tres iniciativas que buscaban frenar los incrementos fueron desechados en el Congreso del Estado.

A eso hay que sumarle una cartera vencida de mil 200 millones de pesos, de acuerdo con el titular de la CAPA, José Enríquez Torres López, quien además en su último informe dio a conocer que solo se aprovecha el 40 por ciento del agua que se produce y el 60 por ciento se desperdicia, debido a la deficiente infraestructura y las fugas.

La corrupción no queda afuera, en noviembre de 2024 estalló un escándalo por un presunto desvío de recursos superior a los 22 millones de pesos en el que estuvieron involucradas cuatro trabajadoras, tres de la CAPA y una de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (Draef).

El dinero fue invertido en criptomonedas y convenios de deudas con usuarios no reportados. Su entonces titular Alberto Covarrubias fue sustituido en septiembre del año pasado, casualmente dos meses antes de que se filtrara el hecho.

El retiro de la concesión a la empresa Aguakan no garantiza que el servicio va a mejorar con todos estos antecedentes, por el contrario, genera preocupación.

Lo único cierto es que es necesario mejorar el servicio con o sin la concesionaria, pero a kilómetros se nota que CAPA no es la solución. Tan es así que desde la administración estatal se ha filtrado que existe la posibilidad de que el servicio vaya, a corto o a mediano plazo, a parar a manos de otra empresa y con mejores términos, pese a que públicamente hay una postura contraria.

Rasgarse las vestiduras no es suficiente para el Gobierno del Estado, necesitará más que el apoyo moral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que haya un servicio de agua potable de calidad en Quintana Roo, si logra deshacerse de la empresa concesionaria.

La CAPA y Aguakan atienden también el drenaje sanitario. Mientras que la primera tiene en promedio un 30 por ciento de cobertura en los siete municipios que atiende, la segunda alcanza alrededor del 90 por ciento en las cuatro demarcaciones a las que presta el servicio, de acuerdo a los propios datos de la paraestatal.

También hay que considerar que en el estado hay al menos un tres por cierto de la población que no tiene acceso al agua potable.

Aguakan ha señalado públicamente que está dispuesto a entregar la concesión de manera anticipada, luego de defender en los tribunales su contrato vence hasta el 2053, siempre y cuando sea con una indemnización justa.

Payo Obispo

El retiro de la concesión a Aguakan tomó forma, se reconozca o no, a la consulta impulsada por la ahora morenista y diputada federal Marybel Villegas Canché, en un acto que fue calificado como contraproducente, pues como priista fue de las legisladoras locales en votar a favor de la ampliación del contrato de concesión hasta 2053.

Anteriormente había tomado como bandera política el tema la también morenista Laura Beristáin Navarrete, en su campaña para la diputación local y presidencia municipal de Solidaridad. Esa misma bandera tomó la ex panista Cristina Torres Gómez en su camino a la diputación local por Morena.

En el caso del gobernador Carlos Joaquín solo amagó y dejó que el tema se diluya hasta que concluyó su sexenio.