David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- La emergencia sanitaria por Covid-19 en actividades esenciales como la del periodismo, a raíz de la muerte de la primera periodista en Quintana Roo y de renuncias de trabajadores de los medios publicadas en redes sociales, reflejan las condiciones en las que se encuentran laborando los periodistas en la pandemia.
Desde que se decretó la Fase 2 de la pandemia, el pasado 24 de marzo y posteriormente se dieron a conocer las actividades esenciales, la mayoría de empresas de medios de comunicación en Quintana Roo inició con el despido y el recorte de salarios del personal de las redacción y salas de noticias, así como el trabajo en condiciones desfavorables conforme avanzan los contagios en los 11 municipios de Quintana Roo.
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El pasado 25 de abril Martha Abigail Caballero Collí falleció a causa del Covid-19; era subdirectora del área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Solidaridad y propietaria del portal La Pancarta de Quintana Roo; tenía experiencia en medios tradicionales.
Luego de las publicaciones relacionadas con el caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) inició una queja de oficio con número de expediente VA/SOL/116/04/2020, en contra del Secretario General y Coordinador de Comunicación Social y Difusión Gubernamental del Ayuntamiento de Solidaridad, Alfredo Miguel Paz Cetina y Román Contreras Nahón.
El lunes, un ex reportero del periódico Por Esto!, Omar Capistrán Espinosa, denunció a través de sus redes sociales que fue enviado a trabajar sin la protección adecuada en lugares riesgosos como hospitales, la calle y otros espacios, en donde es susceptible a contagio de Covid-19.
Entrevistado por Ruptura 360 señaló que desde el 1 de abril a él se le notificó el cierre de la sección de Cultura que tenía a cargo, por la pandemia, por lo que él advirtió que no estaba capacitado para cubrir otras fuentes y menos sin la protección necesaria.
Pese a ello fue enviado y expuesto a contagio, pues lo único que se le proporcionó el periódico fueron cubrebocas. Por ello se vio en la necesidad de pedir sus vacaciones y un permiso sin goce de sueldo para estar en cuarentena y no poner en riesgo su salud, pero el permiso le fue negado.
Ante la negativa prefirió renunciar a su empleo, para no correr riesgo de contagio y con ello también proteger a su familia.
“A la fecha de hoy si yo empiezo a mostrar algunos síntomas de la enfermedad responsabilizo a mi jefe de información y a la coordinadora del diario, porque a los dos se le solicitó un permiso sin goce de sueldo”.
Hizo un llamado a los compañeros de los medios de comunicación para que hablen, porque “muchos por temor a ser despedidos y quedarnos sin trabajo tenemos que seguir laborando con las más mínimas condiciones de seguridad”.
También hizo un llamado a los directores de los medios para cuidar a su personal, porque son los reporteros los que hacen posible los diarios.
Dijo que por el momento lo que le apremia es que le paguen los siete años de antigüedad que estuvo laborando en Por Esto!, conforme a derecho corresponda, ya que se retiró de laborar por las riesgosas condiciones de trabajo, aunque la Ley marca que por renuncia voluntaria sólo le correspondería finiquito, aunque su separación tiene motivos de peso.
De no respetarse su antigüedad y sus derechos, dijo, interpondrá los recursos legales que correspondan ante las instancias competentes.
Medios, sin estrategia para proteger a su personal
Pero los reporteros y periodistas que trabajan en las calles no son los únicos expuestos al contagio, sino los trabajadores en las oficinas de las empresas. Guillermo Almeida, director administrativo de TV Cun, perteneciente al Grupo Sipse, falleció por Covid-19.
En el Diario de Quintana Roo, se sigue pidiendo a trabajadores que acudan a laborar a las oficinas, para actividades que pueden realizar desde sus casas, tales como esquemadores, diagramadores y administrativos, que además padecen alguna enfermedad crónica como diabetes e hipertensión.
Radio Turquesa, propiedad de Gastón Alegre, cuyo hijo, Luis Alegre, es diputado federal, recortó al 50 por ciento el salario de sus reporteros.
El sueldo promedio de un reportero oscila entre los siete mil y 12 mil pesos mensuales y depende del tamaño de la empresa para la que labore. La mayoría de empresas de medios los tiene contratados bajo esquemas de pagadoras, con el salario mínimo, o por honorarios, sin prestaciones sociales.
Ante los diferentes riegos que correen los periodistas, la Cdheqroo con base en el artículo primero Constitucional sobre la obligación de promover, garantizar, proteger y respetar los derechos humanos, así como en las Directrices Esenciales para Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en Atención a la Pandemia por Covid-19 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobierno, adoptar las medidas pertinentes para la protección integral de los derechos humanos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Y aplicar diligentemente el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desplegando todo el aparato de intervención con las que cuenta esa Subsecretaría de Gobierno del Estado; pero además, informar a este organismo sobre dichas medidas y hacerlas públicas.