El gobierno de México, mediante su representante Alejandro Encinas, desestimó la resolución de la OEA que exige elecciones, liberación de presos políticos y libertades en Nicaragua, priorizando el diálogo y la cooperación frente a cualquier intervención externa.
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Posición de México: Diálogo sobre Presión Hemisférica
México ha declarado su oposición a considerar la situación de Nicaragua como una amenaza a la seguridad del hemisferio.
El representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, informó que la nación no respalda la resolución aprobada este viernes, la cual demanda la realización de comicios y la liberación de prisioneros en Nicaragua. La postura oficial mexicana enfatiza el rechazo a cualquier proceso que busque transformar un asunto de derechos humanos en una cuestión de seguridad regional. Encinas también expresó una firme oposición a toda tentativa de intervención extranjera en el país centroamericano, haciendo un llamado a la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, la promoción del desarrollo sostenible y el fomento de la cooperación bilateral y multilateral. Esta postura subraya una divergencia significativa con el enfoque adoptado por otros países miembros.
Exigencias de la OEA ante el Declive Institucional Nicaragüense
La OEA ha exigido el restablecimiento democrático y la liberación de presos políticos en Nicaragua, citando el deterioro institucional.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la resolución titulada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, un documento que urge a las autoridades nicaragüenses a restablecer el orden democrático y liberar de forma incondicional a los presos políticos. Además, el texto demanda la creación de condiciones propicias para la celebración de elecciones libres e inclusivas en el país. Esta aprobación responde al desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas, las reformas constitucionales restrictivas que el Ejecutivo nicaragüense ha agudizado, y la previa cancelación de procesos electorales, elementos que han disparado la tensión estructural en la región.
Restauración de Derechos y Libertades Fundamentales
La resolución de la OEA demanda la liberación de todos los detenidos por motivos políticos y la restitución de la nacionalidad arbitrariamente retirada.
El documento exige a Nicaragua la liberación incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos y la divulgación inmediata del paradero y el estado de los individuos sujetos a desaparición forzada. Asimismo, solicita restaurar la nacionalidad y los derechos civiles a todos los ciudadanos despojados arbitrariamente de ella, abarcando a líderes religiosos, periodistas y defensores de derechos humanos, garantizando su retorno seguro y voluntario. La OEA reclama el pleno respeto a la libertad de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, instando a permitir la reanudación de actividades y la devolución de activos a medios de comunicación independientes, universidades y organizaciones de la sociedad civil disueltas.
Marco Institucional y Garantías Electorales
El organismo hemisférico pide la revocación de reformas constitucionales de 2025 y 2026 y la creación de un sistema electoral independiente.
La OEA demanda el restablecimiento de la independencia institucional y del pluralismo político, requiriendo la revocación de reformas constitucionales y legales, específicamente las adoptadas en 2025 y 2026, que socavan la división de poderes. Igualmente, insta a establecer condiciones para comicios libres, justos, inclusivos y genuinamente competitivos, con el respaldo de una administración electoral independiente y observación internacional creíble. En cuanto a la propiedad, se requiere proporcionar recursos efectivos y compensación por bienes y propiedades incautados de manera arbitraria a individuos, empresas y entidades académicas o religiosas. La resolución también hace un llamado a interrumpir el uso de tecnologías, servicios de seguridad e intercambio de información con apoyo internacional destinados a la vigilancia o la represión interna.
Seguimiento Diplomático y Grupo Ministerial
Un Grupo Ministerial de Seguimiento buscará diálogo directo con las partes nicaragüenses, la oposición y exiliados en un plazo de 60 días.
Para monitorear la situación en Nicaragua, la resolución establece un conjunto de herramientas diplomáticas y multilaterales, incluyendo la formación de un Grupo Ministerial de Seguimiento. Este grupo tendrá como misión entablar un diálogo directo tanto con las autoridades nicaragüenses como con la oposición, la sociedad civil y los exiliados. En un plazo máximo de 60 días desde su aprobación, el Grupo Ministerial presentará recomendaciones para acciones diplomáticas y jurídicas concretas que no impliquen el uso de la fuerza, para ser consideradas en la Reunión de Consulta. El proyecto de resolución fue copatrocinado por países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana, evidenciando un consenso regional sobre la urgencia de la situación.
