La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue ingresada al Complejo Carcelario y Penitenciario La Picaleña de Ibagué por orden directa del Ejecutivo. La medida revocó las prerrogativas de reclusión que la procesada mantenía en una guarnición militar de Bogotá y se enmarca en un despliegue operativo nacional que reubicó a 117 internos de alta peligrosidad.
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Retiro de privilegios y traslado al complejo carcelario La Picaleña
Daneidy Barrera Rojas perdió los beneficios de reclusión en la Escuela de Carabineros de Bogotá y fue trasladada a la cárcel de mujeres de Ibagué tras confirmarse faltas disciplinarias graves.
El traslado desde la Escuela de Carabineros de la Policía de Bogotá hasta el centro de reclusión penitenciaria de Ibagué se ejecutó pocas horas después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. La determinación gubernamental puso fin al régimen especial del que gozaba la creadora de contenido en la capital colombiana.
Investigaciones del sistema penitenciario constataron irregularidades durante su estancia en la guarnición militar, donde Barrera Rojas incurrió en violaciones reiteradas a los reglamentos de reclusión:
- Uso indebido de telecomunicaciones: Redes sociales activas mediante dispositivos móviles no autorizados.
- Ingresos irregulares: Tránsito de vehículos de gama alta hacia las instalaciones de detención.
- Procedimientos médicos no permitidos: Realización de intervenciones de cirugía estética dentro de su lugar de reclusión.
Minutos antes del traslado, vestida con indumentaria deportiva naranja y negra, la procesada difundió un video manifestando ser víctima de persecución, discriminación y humillación. Posteriormente, se publicó una declaración en su cuenta oficial de Instagram argumentando afrontar un día complejo en materia personal y apelando a la fortaleza divina. La publicación fue retirada de la red social horas después.
Radiografía del fallo judicial por los actos de vandalismo en 2019
La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 63 meses y 15 días de prisión contra Barrera Rojas sin derecho a beneficios de detención domiciliaria.
La condena impuesta equivale a 5 años y 2 meses de prisión, derivada de los actos vandálicos ejecutados contra la infraestructura del sistema de transporte masivo TransMilenio en noviembre de 2019, durante las jornadas del estallido social. La imputación penal se sustentó en el material audiovisual grabado y difundido por la propia procesada en la estación Molinos, al sur de Bogotá, donde utilizó herramientas de impacto para destruir torniquetes, lectores de tarjetas y puertas de acceso.
El Tribunal determinó que el alcance mediático de la procesada agravó la conducta, al transformar la grabación en una incitación pública al delito y al pánico colectivo. Pese a que su apoderada judicial, Wendy Herrera, buscó mecanismos de justicia restaurativa, pagos de reparación económica a TransMilenio y la extinción de la pena, la Corte Suprema de Justicia denegó las peticiones en enero. El equipo legal mantiene gestiones de conciliación directa con el sistema de transporte para remitirlas al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas.
Cronología del proceso judicial y trayectoria empresarial
El caso penal de Barrera Rojas transcurrió de forma paralela a la consolidación de su empresa de productos capilares de cobertura nacional.
La trayectoria de Daneidy Barrera Rojas abarca desde su irrupción en plataformas digitales hasta la conformación de una firma comercial de productos de belleza:
- 2016: Notoriedad en redes sociales tras la difusión de contenido viral durante un evento deportivo internacional.
- Noviembre de 2019: Registro e incitación a actos vandálicos en la estación Molinos de TransMilenio.
- 2020 – 2023: Estructuración y expansión de su empresa de productos para el cabello enfocada en keratinas, generando cientos de empleos directos.
- 2024: Ratificación de la sentencia condenatoria a 63 meses y 15 días de prisión.
- Agosto de 2025: Captura e ingreso a la cárcel El Buen Pastor; posterior traslado a la Escuela de Carabineros.
- 2026: Revocatoria de beneficios carcelarios y traslado definitivo al centro penitenciario La Picaleña en Ibagué.
Redistribución de reclusos de alta peligrosidad en el sistema penitenciario
El movimiento de la influenciadora forma parte de una intervención estatal que reubicó a 117 reclusos para desarticular redes criminales dentro de las cárceles.
La movilización de la procesada se ejecutó en el marco de una estrategia gubernamental de control penitenciario orientada a desmantelar centros de mando delictivos dentro de los penales. La decisión presidencial ocurrió tras los escándalos de corrupción e indisciplina registrados en el penal de Itagüí.
Entre los 117 reclusos reubicados figuran mandos históricos de estructuras delictivas del país:
- Líderes de la Oficina de Envigado: Traslado de alias Douglas (jefe de La Terraza), Freyner Ramírez García, alias Carlos Pesebre (jefe de Los Pesebreros), y Juan Carlos Mesa, alias Tom (cabecilla de Los Chatas).
- Nuevos centros de reclusión: Redistribución estratégica en los penales de Palmira, Girón, Valledupar y La Dorada para frenar extorsiones y operaciones delictivas.
- Otros casos de impacto judicial: Traslado de Margaret Chacón, condenada por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, hacia el centro penitenciario El Buen Pastor en Bogotá.
