CHETUMAL, QRoo.- Honorio Chan Hau fue encarcelado y sentenciado a 31 años por el delito de violación de sus dos hijos. Su caso involucra problemas familiares y pleitos por tierras, elementos que giran sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial.
M.C.B, de 18 años de edad, hija de don Honorio, califica como injusticia lo que hacen con su padre, porque no ha cometido ningún delito.
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“Las pruebas que presentaron son falsas; hemos ido a Derechos Humanos y no nos hacen caso de que él es inocente. En estos momentos necesita un tratamiento, está muy enfermo. Siempre ha sido un buen papá, un buen hombre y humilde, solo ha hecho el bien por nosotros”, dice el joven.
El hijo menor de don Honorio, J.H.C.B de 16 años, coincide en que es una injusticia lo que el juez hace con su papá. “Nunca nos hizo daño, nunca nos tocó, nos llevaba a la escuela, cuando estábamos enfermos nos llevaba al médico, nos separaron de él y se lo llevaron a la cárcel”.
Dijo que fueron sus tíos los que denunciaron a su padre, con quien tienen un pleito, aunque desconoce la causa.
Especialista asegura que hay inconsistencias en el caso
La psicóloga y perito forense, Guadalupe Elena López Mendoza, quien ofreció apoyo a los hijos de don Honorio, explicó que ella fue quien evaluó hace dos años los videos del caso y pidió también evaluar a la hija mayor, con una técnica que se conoce como Psicología de Credibilidad de Testimonio, pero no fue autorizada porque era menor de edad, con el argumento de no revictimizar. Ahora se presentó para apoyar sin costo alguno ante las inconsistencias que en su tiempo detectó.
“Yo cité en su momento a los menores y cité también a la persona que manipuló la información, pero me dieron unos videos, de los cuales en mi informe que entregué hace dos años pedí que se volvieran a evaluar para ver por qué se retractaron (los hijos), sobre todo para que salga la verdad en este caso”.
La especialista comenta que no le permitieron conocer todo el expediente y si había un estudio clínico del médico legista en su momento, pues se trata de violación.
“Solo me dieron videos para que hiciera observaciones y sobre ello trabajé, no soy abogada pero soy psicóloga forense, pude leer el expediente y pude notar varias inconsistencias”.
Menciona que entre las irregularidades está la retractación de los menores en su momento, además de que don Honorio fue acusado primero de violencia familiar y luego por violación. “Pensado mal creo que al no poder encarcelarlo por eso (violencia), al mes siguiente lo acusan por este delito (violación)”.
En el peritaje que manejé hace dos años dejé en claro que había mucho qué investigar y no quedarse solo con partes, sobre todo porque los hijos se retractaron.
“Se tenía que valorar si la primera versión era cierta o la segunda. “Cuando a un niño se le pide mentir generalmente lo hace como si estuviera diciendo una poesía, repitiendo y repitiendo y fue el caso, a mí me llamó mucho la atención”.
Dedicado a su familia y trabajador
Por su parte, Luis Chimal Balan, comisario del ejido de Bacalar, señaló que don Honorio, de 56 años, pertenece al ejido y es una persona a la que conoce desde niño, no toma, no fuma y siempre se ha dedicado a su familia y a su trabajo, su último empleo fue de jardinería en la Normal de Bacalar, durante 10 años.
Considera que hay irregularidades en el proceso, pues durante 10 años no le pudieron comprobar nada y en diciembre pasado lo sentenciaron a 31 años, sin embargo se apeló la sentencia y reitera que no hay ninguna justificación para que sea encarcelado.
“Sus hijos fueron obligados a que no digan nada en su momento porque eran menores de edad, ahora están declarando y no hay justificación para que esté encerrado”.
También se ha sabido, dijo Chimal Balam, que “ellos (los tíos) quieren firmar la libertad a cambio de un derecho ejidal, Honorio no accede a ello porque es el patrimonio de sus hijos. El derecho da la propiedad de 100 hectáreas, es lo que quieren a cambio”.
Manifestación para exigir justicia
María Elena Carrillo Escobar, habitante de Bacalar, asegura que don Honorio es inocente y por ello un grupo de ejidatarios acudieron al Juzgado Penal, a un costado del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, para manifestarse y exigir justicia.
De acuerdo con Carrillo Escobar, todo el proceso fue fabricado y aprovecharon que los hijos eran niños.
“Queremos justicia, que las autoridades actúen en consecuencia y que esto llegue al gobernador (Carlos Joaquín) y al Presidente Andrés Manuel López Obrador”.
De no atenderse el caso conforme a ley se convocará a una manifestación a los 175 integrantes del ejido de Bacalar y si es necesario se invitará a sumarse a otras comisarías.
