CHETUMAL, QR.- Un juez federal otorgó un amparo a la comunidad de Felipe Ángeles, para que autoridades en Quintana Roo garanticen el servicio de agua a las 500 personas que habitan en ese lugar.
Esta notificación fue hecha por el Juzgado Sexto de Distrito en Chetumal y dirigida a:
- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)
- Congreso del Estado
- Ayuntamiento de Othón P. Blanco
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Con esta sentencia de la autoridad jurisdiccional, ya son tres las comunidades a las que se debe garantizar el abasto del vital líquido:
- Guillermo Prieto
- Caña Brava
- Felipe Ángeles
En el caso de los poblados de Guillermo Prieto y Caña Brava, las resoluciones fueron emitidas a finales de 2020.
El propio Congreso del Estado autorizó en diciembre pasado recursos por el orden de los 100 millones, en el que se contemplaron a los tres poblados pertenecientes a la alcaldía de Dos Aguadas, en la zona limítrofe con Campeche.
“A parte de ganar el juicio de amparo, lo importante es que con esta sentencia del juez federal se sienta un precedente jurídico relacionado con la controversia limítrofe entre Campeche y Quintana Roo”, dijo Andrés Blanco Cruz, representante legal de la comunidad de Felipe Ángeles.
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“El juez federal desestimó la queja interpuesta por el Gobierno de Campeche en cuanto a la violación de su soberanía por querer brindar el servicio de agua a la comunidad. Reconoce que Felipe Ángeles pertenece a Quintana Roo, porque así quedó demostrado”, agregó.
La sentencia de amparo relacionado con el expediente número 1081/2019 ordena que:
- La CAPA, el Congreso de Estado y el ayuntamiento, en el ámbito de sus facultades, deberán garantizar el servicio de agua potable a Felipe Ángeles.
- En tanto se cuenta con la infraestructura hidráulica, se deberá dotar agua potable a la comunidad con pipas.
- El Congreso de Quintana Roo deberá aprobar el presupuesto respectivo.
Los poblados de Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángeles fueron fundadas antes de 1997, todas con un documento de donación de tierras dentro del territorio quintanarroense.
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La semana pasada, las tres comunidades dieron un plazo de 10 días para que las autoridades del gobierno estatal, principalmente la Secretaría de Finanzas y Planeación, liberen los recursos para las obras respectivas, de lo contrario, tomarían las instalaciones de los tres poderes del estado.
