La exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, por agentes del ICE, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) la investiga por haber recibido 178 millones 723 mil 428.06 pesos a través de 27 depósitos bancarios, presuntamente vinculados a delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR ha emitido tres órdenes de aprehensión contra la exconductora, cuya deportación a México, de concretarse, activaría su ejecución inmediata.
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Esquema de transferencias ilegales y detrimento al Estado mexicano
La investigación de la FGR detalla 27 depósitos que suman más de 178 millones de pesos, provenientes de empresas sin relación contractual justificada con la exconductora.
La indagatoria de la FGR precisa que los fondos fueron canalizados a dos cuentas bancarias a nombre de Inés Gómez Mont desde dos empresas específicas. Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V. efectuó 12 depósitos, cada uno por 7 millones 395 mil pesos, totalizando 88 millones 740 mil pesos.
Por su parte, Gupea Construcciones, S.A. de C.V. realizó 14 depósitos de 6 millones 348 mil 816.29 pesos cada uno, sumando 88 millones 883 mil 428.06 pesos a la misma cuenta, además de un depósito adicional de 1 millón 100 mil pesos a una segunda cuenta bancaria de Gómez Mont. Este flujo, que totaliza 178 millones 723 mil 428.06 pesos, carece de justificación documental.
Ausencia de contratos y presunta simulación de operaciones

La Fiscalía General de la República infiere que los fondos carecen de origen legítimo, al no existir contratos, facturas ni comprobantes de servicios que sustenten los depósitos recibidos.
La investigación liderada por Ernestina Godoy, titular de la FGR, subraya la ausencia de documentos que validen estos movimientos millonarios. No se encontró relación contractual entre Gómez Mont y las empresas emisoras, ni se comprobaron actividades mercantiles. Adicionalmente, ni la exconductora ni su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, reportaron transacciones comerciales con estas entidades, identificadas como posibles “factureras” que simulan operaciones.
Este panorama llevó a la FGR a inferir el conocimiento probable de ambos sobre el origen ilegal de los recursos, calificando la operación como un “estratagema” para encubrir contratos públicos y su procedencia ilícita. Dicha maniobra ocasionó un “detrimento multimillonario del Estado Mexicano” y la manipulación del sistema bancario para fines delictivos.
Lavado de dinero: la tipificación legal de las operaciones ilícitas
El lavado de dinero, tipificado como operaciones con recursos de procedencia ilícita, penaliza la legalización aparente de fondos ilegales con hasta 15 años de prisión en México.
La legislación mexicana, a través del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, castiga a quien utilice o movilice recursos de origen presuntamente ilegal para dotarlos de una fachada legítima. Las penas establecidas para este delito oscilan entre los cinco y 15 años de prisión, además de multas que van de mil a cinco mil días.
La normativa contempla un recrudecimiento de las sanciones ante la comprobación de conductas adicionales tipificadas por la ley.
Estrategia legal y órdenes de aprehensión vigentes
La detención de Inés Gómez Mont en Florida se debe a su situación migratoria, y su eventual deportación a México activaría de inmediato tres órdenes de aprehensión por diversos delitos.
La captura de la exconductora por agentes del ICE en Estados Unidos responde a su estatus migratorio, según Ernestina Godoy, titular de la FGR. La resolución sobre su deportación recae en las autoridades estadounidenses. En caso de que se determine su regreso a México, la Fiscalía ejecutará sin demora las tres órdenes de aprehensión que pesan en su contra.
La primera, emitida a solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), es por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos órdenes fueron solicitadas por la Fiscalía de Control Competencial por delitos de defraudación fiscal equiparada. La investigación que ha desembocado en estas acciones judiciales se inició tras una denuncia anónima.

