CHETUMAL, QRoo.- El Gobierno del Estado está a punto de generar un nuevo enfrentamiento entre los pobladores de la comunidad de Maya Balam. Hay un riesgo latente porque no se ha cumplido con el compromiso de entrega de nueve concesiones de transporte. En medio de este conflicto se dio a conocer una cantidad de 3 mil 150 hectáreas de tierra que el estado administra y que no ha querido entregar a los fundadores.
El conflicto por las concesiones de transporte en la comunidad de Maya Balam, perteneciente al municipio de Bacalar, se recrudeció desde hace aproximadamente tres años. Sin embargo fue hasta el 6 de enero pasado que detonó en violencia, registrando heridos, quema de vehículos, palapas y hasta pobladores que tuvieron que huir por amenazas de muerte.
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Todo ello en apariencia se trataba solamente por un pleito relacionado con nueve concesiones de transporte público, entre los socios y ex integrantes de la sociedad cooperativa Transporte Unido de Maya Balam.
Sin embargo, poco a poco han surgido nuevas vertientes e intereses que giran en torno a los problemas que presenta la comunidad, cuyos fundadores son de origen guatemalteco y con alrededor de 38 años de creación.
Los mismos pobladores en conflicto han señalado que detrás de toda esta crisis que enfrenta la comunidad, también hay temas relacionados con la delincuencia organizada, de los cuales pocos o casi nadie se atreve a hablar, aunque aseguran que de todo ello el Gobierno del Estado tiene conocimiento, incluso algunos se atrevieron a decir que la presente administración estatal es cómplice.
Hoy sin embargo se revela un nuevo tema que no se había tocado y que evidencia en parte el interés de administraciones pasadas y que el presente Gobierno del Estado tiene en la comunidad.
Se trata de alrededor de tres mil 150 hectáreas de tierra que no han sido entregadas a los pobladores. Estos terrenos fueron entregados al Gobierno del Estado en su momento a través de un Fideicomiso por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que los guatemaltecos que fueron desplazados de su país se asentaran y tuvieran un patrimonio una vez que se hubieran naturalizado.
Esto también ha sido motivo de conflicto entre los pobladores porque hay grupos que quieren acaparar esos terrenos con la presunta complicidad del estado y hay gente que está dispuesta a no permitirlo. Cada sexenio es una nueva promesa y estos bienes han pasado de administración en administración.
En la última minuta firmada el 8 de enero de 2020 en una reunión con representantes del Gobierno del Estado se acordó iniciar con el trámite para entregar las tierras. De acuerdo a las reglas establecidas, en el Fideicomiso que se creó ex profeso, a los fundadores les corresponden cuatro hectáreas y dos hectáreas a sus hijos.
Las nueve concesiones de transporte y el problema de las tierras son solo dos de los problemas que enfrenta la comunidad en estos momentos y que no ha resuelto la administración estatal, que mantiene en riesgo latente un nuevo enfrentamiento a la comunidad de Maya Balam, en donde ya se comenzaron a registrar otra vez amenazas de muerte.
En el caso de las nueve concesiones originalmente fueron entregadas para beneficio de la comunidad, pero un grupo se las quedó. El compromiso era entregar otras nueve concesiones, pero ello no ha ocurrido.
Lo que sucedió con las concesiones es lo que está a punto de pasar con las tierras: un grupo las quiere acaparar.
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De hecho el jueves 10 de septiembre habitantes de la comunidad de Maya Balam realizaron una de tantas manifestaciones en Palacio de Gobierno para buscar ser escuchados y que sus demandas sean resueltas.
