CHETUMAL, QRoo.- Fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que dio a conocer que el Gobierno de Quintana Roo en mayo pasado contrató nueve créditos para cobertura de liquidez, refinanciamiento e inversión pública productiva. El monto de la deuda contratada asciende a 18 mil 498 millones de pesos.
El decreto aprobado el año pasado establece la autorización del refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública hasta por un monto de 19 mil 21 millones 376 mil 697.84 pesos en un plazo de máximo de 25 años.
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La iniciativa del gobernador Carlos Joaquín fue estudiada por la Unidad de Análisis Financiero del Poder Legislativo, la cual corroboró la factibilidad de la petición solicitada con respecto a la deuda pública.
Para el diputado Edgar Gasca Arceo, en ese entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) aunque el documento establecía una cosa, en el análisis nunca quedó claro si se trataba de deuda, refinanciamiento o restructuración.
Lo que sí era claro es que había una mayoría de diputados que estuvieron a favor, de hecho solo las diputadas Erika Castillo Acosta y Linda Cobos Castro y Gasca Arceo fueron los únicos que votaron en contra de esa iniciativa. El tiempo dio la razón, agregó el congresista, porque ahora la SHCP da cuenta de que el Gobierno del Estado al parecer sí contrató deuda pública.
Aquí, dijo, habría que pedir cuentas al Gobierno del Estado y de los propios diputados que votaron a favor, por eso en mi caso ejercí mi voto de manera razonable en su momento.
“Había muchas cosas que no cuadraban en cuanto a tipo de movimiento financiero, montos y plazos, no había claridad, y ahora se da esta situación con la deuda pública”, agregó.
La iniciativa para el refinanciamiento y reestructuración de la deuda fue aprobada “fast track”, toda vez que ingresó el 4 de diciembre y fue aprobado el 11 del mismo mes.
Pese a ello con el voto de 22 diputados se aprobó el decreto, en el cual se estipuló que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) puede contratar financiamiento con una o más instituciones crediticias; el plazo para ello sería todo el 2020.
Pero además autorizó como fuente de garantía el 100 por ciento de las participaciones federales y la amortización del refinanciamiento a un plazo de 25 años, con una posible extensión de otros siete años.
La justificación de comprometer las participaciones federales, según la Sefiplan, es que en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento sostenido del 8 por ciento anual, lo cual se consideró como una garantía sólida para la deuda pública.
Parte del compromiso que se estipuló en el decreto es que la Sefiplan tiene la obligación de informar al Congreso del Estado sobre la contratación de los financiamientos y demostrar las mejores condiciones de mercado. También informar sobre la celebración de las transacciones 15 días posteriores a su contratación, algo que no sucedió.
También se establece que la Sefiplan que hoy encabeza Yohanet Torres Muñoz, debe publicar en la página oficial del Gobierno del Estado los documentos correspondientes de cada uno de los financiamientos, en un máximo de 10 días naturales a su contratación.
En el transitorio tercero del decreto se ordena a la Sefiplan que una vez contratados los financiamientos se deberán enviar a la legislatura las iniciativas de reformas de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Mientras que en el cuarto, debe informar sobre el proceso paulatino de la contratación de financiamientos y compromiso de garantías hasta la adjudicación final.
Deja también la puerta abierta para que el 2.5 por ciento como máximo del total de la deuda a refinanciar sea utilizado para los gastos y costos relacionados con la colocación de los créditos. Este porcentaje equivale a cerca de 475 millones de pesos.
Aunque en el documento se establece que se trata de refinanciamiento y reestructuración de la deuda, también se hace referencia a que en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios la deuda pública se define como cualquier financiamiento contratado por un ente público. Mientras que financiamiento significa toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los entes públicos derivado de un crédito, empréstito o préstamo.