Jazmín Ramos | R360
(Última de dos partes)
CANCÚN, QRoo.- Datos de archivos históricos de Quintana Roo y de los 11 municipios que conforman esta jurisdicción, muestran cómo la congregación de los Legionarios de Cristo ha recibido el mayor número de predios de las llamadas áreas de equipamiento que corresponde al 15% de las zonas habitacionales, algunos han sido entregados en comodato, donados e incluso han sido invadidos por los clérigos.
Los predios no solo se encuentran en colonia populares, también se ubican en áreas residenciales y hasta en la zona hotelera de Cancún. En el corredor turístico cuentan con una iglesia que ofrece servicios religiosos a turistas y extranjeros residentes, también tienen un predio en Malecón Tajamar, que le fue donado por el ex presidente panistas Vicente Fox Quezada; ahí tienen la intención de construir la Catedral de Santa María del Mar.
Proyecto de la Catedral de Santa María del Mar en Malecón Tajamar.
En cuanto a la adjudicación de terrenos, han contado con el aval de presidentes municipales en turno; y en cuanto a las invasiones, generaron movimientos de defensa de organizaciones sociales y hasta demandas, ya que la mayoría de las zonas apropiadas son áreas destinadas para parques, áreas deportivas o instituciones educativas.
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Si bien en los primeros años de operación de la prelatura Cancún-Chetumal los terrenos se los otorgaban en comodato, conforme avanzó la mancha urbana y el desarrollo de Cancún y el costo de la tierra aumentó, ese tipo de acuerdos se fueron limitando, pues había colonias en donde los habitantes se negaban a que se construyeran iglesias y exigían espacios educativos.
Un informe de 2012 de la oficina de Asuntos Religiosos del municipio de Benito Juárez, cuya titularidad recaía en José de Jesús Victorio Palayot, indica que el 45% de los predios que obtuvo la prelatura Cancún-Chetumal eran en comodato, una figura jurídica a través de la cual se ofrece en préstamo un bien público por un periodo de 99 años; después la congregación aprovechó una serie de invasiones que promovieron líderes populares, entre ellas Magaly Achach de Ayuso, presidenta del Frente Único de Colonos (FUC), para acaparar predios y levantar capillas improvisadas.
Las invasiones se dieron a mediados del sexenio de Mario Villanueva Madrid, ahí surgieron las regiones 100 y 200. Posteriormente a la llegada de Joaquín Hendricks Díaz, el estado vendió la reserva territorial destinada para uso habitacional y entrarían los ejidatarios de la delegaciones Leona Vicario y Alfredo V. Bonfil a negociar con los desarrolladores, quienes buscaban predios para edificar viviendas de interés social.
Ante la llegada de las constructoras, las autoridades municipales establecieron en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que en cada proyecto habitacional las empresas tenían que donar al Ayuntamiento un 15% de las tierras desarrollados para áreas de equipamiento.
Con esa modalidad, la prelatura Cancún-Chetumal inició una serie de invasiones en predios de interés público, en algunos casos con el respaldo de los habitantes y cuando había resistencia, instalaban improvisados templos y se imponían. Una vez construidas las iglesias, solicitaban la donación de los predios al Ayuntamiento con el respaldo de supuestas firmas de los habitantes, pero no había certeza si realmente contaban con el aval o no.
Pero el tema de las invasiones de la iglesia católica reventó cuando los Legionarios de Cristo abusaron de la confianza de los vecinos de la Supermanzana 30, pues en el área de equipamiento de esa zona, que correspondían siete mil metros cuadrados, se construyó una pequeña capilla; ahí los domingos se oficiaban misas, pero poco a poco los religiosos se apropiaron del terreno donde ahora se encuentra la catedral, junto al Ombligo Verde.
Pero los religiosos jamás contemplaron tanta resistencia de los vecinos, quienes encabezados por los activistas Tulio Arroyo y Betina Cetto se manifestaron en la dirección de Desarrollo Urbano y se generó todo un movimiento que expuso la forma en cómo la iglesia se ha adjudicado predios para construir sus templos.
A estas invasiones le seguirían otras no solo en Cancún, sino en todo el estado, de hecho en Playa del Carmen hay un total de 20 casos similares, cuyos habitantes han protestado por el proceder de la Iglesia Católica. En el estado se tiene el registro de unos cien predios que presentan problemas de invasiones de los Legionarios de Cristo.
Otro predio que fue defendido por los ambientalistas, es una zona verde en la Región 200 en la colonia Real del Caribe; en ese lugar sigilosamente instalaron un capilla improvisada y comenzaron a oficiar misas, lo que originó el malestar de los colonos, finalmente los habitantes impidieron que los Legionarios de Cristo se quedaran con el terreno.
Actualmente en Cancún existen 15 predios que se encuentran en litigio, iniciados por la complacencia de las autoridades del Ayuntamiento, pues hicieron oídos sordos e ignoraron el programa de Recuperación de Espacios Públicos.
Desde que el obispo, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, tomó el mando de prelatura Cancún-Chetumal en sustitución de Jorge Bernal Vargas, se han construido unas 25 capillas en Quintana Roo y se tiene contemplado para el 2020 edificar más ante el avance de la marcha urbana, sobre todo en zona de reciente creación.
Durante las inconformidades de invasiones de la prelatura Cancún-Chetumal en la oficina de Asuntos Religiosos municipal se tenía hasta el 2013 un reporte de invasiones de terrenos y áreas verdes para la edificación de templos católico, de los cuales 13 pertenecían a terrenos del Ayuntamiento.
Ante el ello el obispo Pedro Pablo Elizondo, en repetidas entrevistas con reporteros locales, negó que la congregación haya invadido predios argumentado que solo eran “malos entendidos”, pues eran los fieles católicos quienes pedían la presencia de los sacerdotes para oficiar misas en las áreas de equipamiento y que eran los propios vecinos, quienes pedían a las autoridades que se donarán para la construcción de iglesias.
No obstante a las irregularidades en torno a la obtención de los predios, la relación que sostiene la congregación con la clase política les permitido seguir construyendo parroquias y se han beneficiado de donativos tanto de los gobernantes en turno, como de la clase empresarial con la que también ha logrado relacionarse, pues la mayoría tiene sus hijos en instituciones educativas que administran la Legión.
Catedral de la Santísima Trinidad en el Ombligo Verde.
Negro historial de pederastia
Ahí, en las escuelas privadas también los Legionarios de Cristo arrastran otro negro historial: La pederastia, cuyos casos han quedado en la completa impunidad y bajo la omisión primero de Jorge Bernal Vargas cuando lideraba la prelatura, y después de Pedro Pablo Elizondo, pues encubrieron los abusos contra menores de edad; ambos sacerdotes negaron los hechos cuando fueron entrevistados por periodistas locales.
Los casos de pederastia en Quintana Roo volvieron a tener relevancia, tras la denuncia de varias víctimas, entre ellas Analu Salazar y Biani López-Antúnez, quienes fueron abusadas por el sacerdote Fernando Martínez Suárez, cuando estudiaban en el Instituto Cumbres de Cancún, donde el religioso era director del plantel.
Martínez Suárez quien también fue abusado por el fundador de la congregación, Marcial Maciel, cuando era seminarista, fue trasladado a Roma, Italia, en diciembre del 2016, como una medida disciplinaria por los casos imputados, los cuales finalmente reconoció y fue apartado del estado clerical sin ministerio sacerdotal, pero por decisión de la Santa Sede continúa formando parte de la congregación.
El Papa Juan Pablo II supo de los abusos de Marcial Maciel.
En diciembre del 2019 los Legionarios de Cristo, finalmente reconocieron los casos de pederastia que cometió el fundador de la congregación, en los cuales refieren los de 175 menores violentados, entre ellos los de Martínez Fernández, los cuales la prelatura Cancún-Chetumal había negado.
Además derivado de las acusaciones de pederastia tanto de Marcial Maciel como de Martínez Fernández y otros sacerdotes de la congregación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza una investigación a nivel nacional sobre los movimientos financieros de los Legionarios de Cristo.
Otra investigación, originada por la filtración de documentos de Wikileaks, de Julian Assange, los “Paradise Papers”, da cuenta de la forma en que políticos, artistas, deportistas y congregaciones religiosas como los Legionarios de Cristo, llevaron dinero a paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.
Marcial Maciel, en 1992, constituyó empresas fantasmas en paraísos fiscales como Bermudas e Islas Vírgenes. En 1994, el fundador de los Legionarios de Cristo estableció en Bermudas la sociedad International Volunteer Services y la asoció con una cuenta bancaria de Citibank a la cual tenían acceso rectores de universidades, como el padre Jesús Quirce Andrés, actual rector de la Universidad Anáhuac Cancún.
La permisividad de la prelatura Cancún-Chetumal en relación a Martínez Fernández, de quien se tenían los testimonios de los abusos, no termina ahí, ya que de acuerdo a declaraciones del recientemente fallecido padre Pablo Pérez Guajardo, tres religiosos más que fueron acusados de abuso a menores en otros estados, se asignaron a Quintana Roo arropados por la congregación.
Entre los curas señalados se encuentra: Eduardo Lucatero Álvarez, quien fue ex director del Instituto Cumbres durante la década de los 80 del siglo pasado; fue arrestado en México, luego trasladado a Brasil y tiempo después a Cancún, donde según lo aislaron, pero lo cierto es que se le dio protección por parte de la prelatura Cancún-Chetumal.
Otro sacerdote involucrado en casos de pederastía es Raúl Leblanc, de origen canadiense, quien trabajó en el colegio Mano Amiga, una institución educativa supuestamente para personas de escasos recursos, pero en realidad es una escuela dirigida a la clase media y media baja. Ahí el cura abusó sexualmente de una alumna, cuya familia, tras denunciar el caso a la prelatura, la congregación le ofreció dinero a cambio de su silencio.
El cura canadiense regresó a su país de origen, con vuelo pagado por la prelatura Cancún-Chetumal, en donde fue retirado de la vida eclesiástica, con dispensa de votos y atención psiquiátrica; sobre este caso el obispo Pedro Pablo Elizondo se negó a dar declaraciones e incluso se molestó cuando fue entrevistado por la prensa local al respecto.
También está documentado el caso del sacerdote australiano Brendan Hurley, del Instituto Oxford de la Ciudad de México. Fue denunciado por los trabajadores de ese centro educativo de haber abusado de niños pobres que se llevaba a vacacionar a un racho equinoturístico en Loma Bonita, en la Riviera Maya; por esos hechos fue trasladado a Playa del Carmen.
Todos estos casos incluyendo los abusos de Martínez Fernández los denunció el padre Pablo Pérez Guajardo a través de una carta enviada al obispo Pedro Pablo Elizondo con copia a Álvaro Corcuera, quien era el superior de los Legionarios de Cristo, sin embargo, el sacerdote no obtuvo respuesta; ante ello renunció a la congregación en el 2012.
A raíz de esa carta Pedro Pablo Elizondo prohibió a Pérez Guajardo oficiar misas; el padre siguió desarrollando su labor pastoral en Playa del Carmen, aunque sus oficios religiosos no eran reconocidos por la prelatura Cancún- Chetumal, es más en 2014, esta orden pidió a los curas de las iglesias adscritas a su región no dar la comunión, ni bautizar a los hijos de los padres que recibieron las pláticas prebautismales del religioso.
Finalmente en el 2017 Pedro Pablo Elizondo anunció que Pérez Guajardo, era un sacerdote católico pero que no pertenecía a la prelatura, por no estar incardinado a esa Circunscripción eclesiástica y por haberle negado las licencias ministeriales en la Diócesis de Saltillo, donde el religioso solicitó su incardinación.
Pérez Guajardo sin embargo continuó trabajando en Playa del Carmen, en las colonias populares de ese municipio y denunciando los excesos de la prelatura Cancún-Chetumal. Se informó que murió en 2019, de un paro cardíaco en Querétaro.
Hasta la fecha, Pedro Pablo Elizondo y el obispo emérito Jorge Bernal Vargas, no han hecho declaraciones abiertas sobre los casos de pederastia en el estado y de los sacerdotes a quienes asilaron para después protegerlos y han hecho mutis sobre el informe que emitió la congregación, en el cual reconocieron que entre 1941 y el 2019 miembros de los Legionarios de Cristo violaron a 175 menores, incluyendo a los 60 niños, niñas y adolescentes de los que abusó Marcial Maciel. (Con información de Proceso y Sin Embargo).
