David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- Un total de 153 trabajadores del extinto Seguro Popular recibieron como regalo de Reyes el desempleo, pues la Secretaría de Salud de Quintana Roo no supo explicar las condiciones en que acabarían tras entrar en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Alejandra Aguirre Crespo no ha podido atenderlos debido a su “apretada” agenda.
Desde el 31 de diciembre de 2019, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, mejor conocido como el Seguro Popular, dejó de existir al modificarse la ley en la materia. Al ser dependiente de la Secretaría estatal de Salud (Sesa), esta institución tenía la obligación de informar puntualmente de las consecuencias a los trabajadores.
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Sin embargo y de acuerdo a los trabajadores, la autoridad estatal solo generó confusiones, y por ello los empleados no tomaron sus debidas precauciones y ahora han quedado a la deriva. Ni siquiera tienen la certeza de una liquidación conforme a derecho.
Desde temprana hora del lunes, decenas de trabajadores provenientes de varios municipios del estado llegaron a las oficinas del Seguro Popular, ubicado sobre la avenida Independencia entre Efraín Aguilar y Mahatma Ghandi, en la colonia Centro de la capital de Quintana Roo, para manifestarse.
En ese lugar, exigieron una explicación de lo que pasaría con ellos debido a que desde el 2 de enero pasado deberían estar laborando y corriendo su primer quincena del año, de acuerdo a lo que se les había informado.
Para sorpresa de ellos, hoy lunes se enteraron que no hay quincena y menos liquidación, de acuerdo a lo informado por parte de la Sesa.
Desesperados por la situación exigieron hablar con la ex directora del Seguro Popular, Haydé Gabriela Sosa Guerra, quien les dijo que su recontratación está garantizada ya que tras la desaparición de este programa nacional, se pactó la suficiencia presupuestaria para que no se quedaran sin empleo.
No obstante algunos trabajadores al escuchar esta versión inmediatamente acudieron a las oficinas de la Sesa, ubicado sobre la calle Chepultepec, a dos cuadras del Seguro Popular, para hablar con Aguirre Crespo, sin embargo no fue posible y solamente les informaron que todo lo referente al tema debe ser tratado con Sosa Guerra.
Molestos y desconcertados los trabajadores formando un grupo mayor hicieron acto de presencia en la oficina de Aguirre Crespo, en donde su secretaria particular, Fátima Montero, les dijo que agendaría una cita hasta la próxima semana, pues la titular no se encontraba y tenía su agenda “complicada”.
Ante la insistencia de los trabajadores, fueron canalizados con la directora administrativa, Elvia Aguillón, señalada por ganar más de 154 mil pesos mensuales y acudir a su trabajo en un vehículo Audi con valor superior de un millón de pesos. Esta funcionaria en un inicio no los atendió y envió a su secretaria particular. Sin embargo al percatarse del número de personas y la presencia de algunos reporteros, terminó por atenderlos.
Pidió que sólo fuera una comitiva para reunirse en una pequeña sala ubicada detrás de su oficina. En esa reunión solamente les informó que no hay ningún documento de continuidad laboral por parte de la Federación o de otra autoridad y que solo tendrían cabida, en su caso, las mujeres embarazadas, médicos y enfermeras. En cuanto a los demás, regresarían a su trabajo solo si se presenta una oportunidad extraordinaria.
Los ahora ex empleados dijeron que las autoridades de Salud les dieron la opción de liquidación, aunque son trabajadores de contrato, o la continuidad laboral. La mayoría eligió la segunda opción, sin embargo los que escogieron la primera, tampoco tienen certeza de un pago.
Hay un oficio firmado por el director general del Insabi, Juan Ferrer, sobre la continuidad laboral y la Sesa no quiere hacerla válida, dijo Roque Chooc Chimal, ex trabajador del Seguro Popular.
En los 17 módulos del Seguro Popular que estaban instalados en Quintana Roo, los empleados realizaban trabajos de gestores médicos, brigadistas, afiliadores y administrativos.
La incertidumbre es la mayor preocupación de los ex empleados, pues no hay claridad de lo que ocurrirá con ellos, ya que la Sesa solo tira la pelota de un lado a otro y no da respuesta contundente a las explicaciones que exigen.
Los inconformes señalaron que no decaerán en su ánimo y lucharán porque se les haga justicia laboral, por lo que ya se encuentran asesorando jurídicamente.
El Seguro Popular terminó con 630 mil afiliados en Quintana Roo y los derechohabientes de acuerdo a las reglas de operación serán atendidos en cualquier hospital o centro de salud.