Jazmín Ramos | R360
CANCÚN, QRoo.- Tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y una en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de peculado, uso indebido de los recursos públicos y delitos electorales, son el resultado de una XV Legislatura que pese a las altas expectativas que generó en la ciudadanía por la alternancia del poder en las elecciones del 2016, reflejó opacidad, improductividad, ostentosidad y sumisión al poder Ejecutivo estatal.
Líderes de opinión, dirigentes de organizaciones no gubernamentales e investigadores, coinciden en que el órgano legislativo incumplió no solo en el tema de transparencia, sino que además cargó con una de las nóminas más robustas de todos los Congresos locales del país y que operó partidas discrecionales por el orden de 469 millones 859 mil pesos.
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Basados en datos del propio Congreso del estado, vía Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; del presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra; de la representante de Somos Tus Ojos, Fabiola Cortés Miranda, y del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), cada legislador le costó a los quintarroenses 18.7 millones de pesos.
No obstante lo caro que resultó la XV Legislatura y tomando en cuenta las propuestas en la agenda inicial, tanto de las fracciones parlamentarias como de los resultados de los Foros de Consulta Ciudadana “Tu Voz es la Ley”, que corresponden a un total de 435 temas, solo cumplió el 10% de la agenda trazada en su periodo de trabajo.
El cotejo sobre el trabajo de los diputados detalla que del total de decretos aprobados, el 62% corresponden a iniciativas presentadas por el Ejecutivo, el 25% a iniciativas obligatorias por armonizar el marco jurídico y solo el 13% a iniciativas por legisladores locales, es decir, el 87% de la productividad legislativa tuvo un origen externo.
A esto se suma, el hecho de que el 48% de los decretos están relacionados con la revisión de las cuentas públicas y no a la agenda legislativa, así como a las reformas a la constitución federal y temas conmemorativos, los cuales no podían ser postergados.
Referente a leyes nuevas, del total de decretos aprobados únicamente corresponde el 5%, pero también se desprenden de iniciativas del Ejecutivo, entre las que destacan la ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial.
En cuanto a la productividad de las 28 comisiones que operan en el Congreso a través de las cuales se turnan las iniciativas para su revisión y en su caso aprobación, el 70% impulsó entre 10 y 20 iniciativas y solo destaca la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, con un total 199, sin embargo los temas abordados fueron de carácter obligatorio.
Mientra tanto, en el trabajo individual de los 25 diputados, el 80% resultó reprobado, ya que en promedio presentaron de tres a cuatro propuestas y se tuvo una inasistencia del 40 % durante las sesiones, por lo que hubo un quorum bajo.
Un ejemplo de ello, fue el primer periodo del segundo año de la XV Legislatura, en el cual de las 35 sesiones programadas se tuvo una inasistencia del 42% e incluso hubo sesiones en las cuales se presentaron solo 15 de 25 diputados.
De los legisladores que tuvieron el mayor número de faltas destaca Tyara Scheleske, que paradójicamente fue reelecta; Raymundo King de la Rosa, Jenni Juárez Trujillo, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Alberto Vado Morales, Ana Patrica Peralta, Santy Montemayor, Carlos Pereyra Escudero y José de la Peña Ruiz de Chávez, a quienes no les descontaron ni un peso de sus sueldos por inasistencias.
Pero la improductividad no solo fue lo que marcó la XV Legislatura, sino que también se colocó entre los Congresos más caros del país, con un presupuesto superior a los 600 millones de pesos y una de las nóminas más infladas, con un total de 500 trabajadores de base y más 100 empleados de confianza.
Según datos del ex presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila (reelecto por la vía plurinominal), el 70% del gasto del Congreso va a nómina, de la cual el sueldo más alto es el de los legisladores que ganan 70 mil pesos, seguido del Oficial Mayor con una percepción de 50 mil pesos, mientras que el resto de los empleados obtienen sueldos que oscilan entre los 10 y 20 mil pesos mensuales.
Además del sueldo que tienen los diputados, se les asigna 50 mil pesos más para el pago de asesores, quienes aunque no tienen un contrato de base, sí reciben las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo.
En lo referente a gasto de viáticos que incluye alimentos, transporte, gasolina y hospedaje, esta partida absorbió el 15% del presupuesto y el 15% restante se destina a los gastos operativos y administrativos del funcionamiento del Congreso.
Ante ello, la XV Legislatura se convirtió en la más cara del país de acuerdo a un evaluación que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en la cual también destacaron Michoacán, Estado de México, Sonora, Baja California y Jalisco.
En el caso de Quintana Roo, el presupuesto que operó la XV Legislatura fue de 629 millones 748 mil pesos que incluyó para la Auditoría Superior del Estado un monto de 160 millones 889 mil pesos.
De tal forma que en total el Congreso obtuvo 460 millones 859 mil pesos, en los que se adjuntan los gastos discrecionales; basados en ese monto cada diputado por año le costó a los quintanarroenses 18.7 millones de pesos.
Si se le compara con la XIV Legislatura que ocupó el periodo 2013 al 2016 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, el cual estuvo plagado de corrupción y mal uso de los recursos públicos, se adjudicaron un incremento de 100 millones de pesos en el presupuesto, en contraste con sus antecesores que operaron con 546 millones 29 mil pesos.
CONGRESO CARO E IMPRODUCTIVO
El oneroso presupuesto fue criticado por integrantes de organizaciones sociales y activistas, entre ellas Mónica Franco del Observatorio de la Gobernaza para la Cooperación y el Desarrollo, quien calificó como decepcionante el que se hayan asignado tantos recursos y con tan baja productividad.
Esto le valió que por dos años consecutivos fuera considerado el Congreso más caro, improductivo y opaco del país a pesar de que al inicio de la legislatura se tenían altas expectativas por la coyuntura de la alternancia del poder.
Los datos del Imco indican que el 56% del presupuesto del Congreso de Quintana Roo se usaron para el rubro de gastos personales, por lo tanto ese concepto está exento de fiscalización.
En estos egresos entran lo que se destina en acciones como asistencia social, en la cual más de 140 millones de pesos no fiscalizados han sido utilizados por el Poder Legislativo.
El presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, indicó que los más de 400 millones de pesos que operó la XV Legislatura sobrepasan a los 327 millones de Nuevo León, los 283 de San Luis Potosí y Querétaro, así como los 174 millones de Coahuila, quienes tienen un mayor número diputados.
Comentó que no solo llamó la atención los recursos asignados al Poder Legislativo, sino que hubo opacidad en el manejos de los mismos; de hecho, cuando entró en funciones adquirió 11 vehículos para servicio personal de los diputados, con un monto de 2.6 millones de pesos.
En esta adquisición se incluyó una camioneta suburban de Chevrolet, para los traslados de Martínez Arcila, con un precio en el mercado que supera los 800 mil pesos.
Incluso la Gran Comisión de ese periodo aprobó el gasto de 3 millones y medio de pesos en “comidas” y “festejos” y en los primeros meses en funciones los diputados se desplazaban en aerotaxis desde Cancún a la capital del estado, con cargo al Congreso.
Datos referidos vía Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, revelan que el Congreso, sin licitación y beneficiando a las empresas (relacionada con el grupo del hoy extinto Rafael Moreno Valle Rosas) Profeti Consultores S.A. de C.V. y Consorcio Blue Petrolium S.A. de C.V., otorgó 4.2 millones de pesos a cada una para modernizar el sistema de votación y asistencia del recinto legislativo.
A pesar de que la información se puede obtener en el portal de transparencia, ésta no es detallada, solo se citan los recursos invertidos de manera general y tampoco explica bajo qué condiciones y por qué se determinó que esas empresas se encargaran de la instalación del nuevo sistema.
LAS “AYUDAS SOCIALES”
A los gastos discrecionales se incluye el tema de las “Ayudas sociales” que le valieron cuatros denuncias, tres ante la Fiscalía General del Estado (FGE); dos de ellas interpuestas por la organización Somos tu Ojos bajo con los números FGE/QR/SOL/10/6074/201 y GE/QR/BJ/07/9269/2018.
La tercera la interpuso a esa misma instancia el Observatorio Legislativo y la última quedó integrada en la Fiscalía General de la República (PGR). Las cuatro denuncias están ligadas a los delitos de peculado, uso indebido de los recursos públicos y delitos electorales.
La presidenta de Somos Tus Ojos, Fabiola Cortés Mirada, explicó que a lo largo de dos años ha acompañado a dos personas que denunciaron la inclusión de sus nombre en la lista de beneficiarios de “Ayudas sociales” con el uso de datos personales y la falsificación de sus respectivas firmas, recursos que no solicitaron y que tampoco les entregaron.
Refirió que en ese periodo el Congreso destino 147 millones de pesos en dicho programa social, sin que hasta ahora la Unidad de Transparencia o la Auditoría Superior del Estado hayan logrado justificar el gasto.
“Las Ayudas Sociales son una partida cuyo manejo ha sido totalmente opaco y de la que existen dudas fundadas sobre su verdadero destino”, recalcó.
Refirió que no solo hay una presunción del uso indebido de recursos del Congreso, sino que hay total opacidad a pesar de que la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo ha insistido en que la información relativa a esta partida se encuentra suficientemente transparentada.
“La realidad es que en el apartado relativo a este gasto, y comprendido en la fracción XLIV de las obligaciones de transparencia comunes, sólo aparece un listado con los nombres de personas que supuestamente han sido beneficiarias, los materiales o servicios presuntamente entregados y la fecha de entrega, más no así el costo de los mismos o el monto de los recursos gastados”, explicó.
En ese sentido dijo que no existe fundamento legal por el cual los diputados deban contar con dicho presupuesto, ni tampoco la entrega de las mismas forma parte de las facultades u obligaciones de los legisladores.
A su vez, Galaviz Ibarra, del Observatorio Legislativo, indicó que desde el 2017 denunciaron el uso del programa denominado “Ayudas Sociales” por parte de la XV Legislatura, el cual no está dentro de sus atribuciones constitucionales y aun cuando la información relacionada se encuentra en la plataforma de transparencia, no se mencionan los procedimientos por los que se otorgan.
Añadió que tampoco se detallan los montos individuales que se proporcionan en las diversas ayudas y quiénes lo autorizan, pero sí encontraron que en la lista de los supuestos beneficiados, hay familiares de los diputados y trabajadores del Congreso.
Incluso la información relacionada al programa se publica de manera trimestral y semestral, pero se carece de datos sobre con qué criterios se selecciona a los supuestos beneficiarios.
Señaló que tras ese seguimiento encontraron que hay elementos para denunciar el mal uso de los recursos públicos por parte de la XV Legislatura y hechos probables de los delitos de peculado, uso indebido de los recursos públicos y delitos político electorales.
De esos hechos interpusieron una denuncia en la Fiscalía General de la República, quedando integrada la averiguaciónNA/DMX/FEPADE/0000116.
Asimismo el 4 de junio presentaron una segunda denuncia de hechos probablemente constitutivos de delitos en la Fiscalía General del Estado, por lo cual se integró una carpeta de investigación bajo el número FGE/QR/FECCP/PYA/06/0021/2019.
Galaviz Ibarra mencionó que adicionalmente a la denuncia se presentó el caso de lo erogado por la remodelación del salón de plenos del Congreso, en donde se benefició a una empresa que no tiene como objeto social esas actividades.
Argumentó que la denuncia presentada está acompañada de seis anexos que en total suman 2,370 fojas útiles con la información sustantiva de la denuncia.
Pese a las irregularidades relacionada al programa de “Ayudas Sociales”, en entrevista para Ruptura 360 el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC), Marcos Guiérrez Martínez, dijo que si bien no justificaba la entrega de esos recursos, sí es una forma que tienen los legisladores para auxiliar a quienes les piden apoyo.
Y fue más allá al indicar que no hay una razón de peso para considerar que sean actos de corrupción, sin embargo sostuvo que ante las denuncias de organizaciones y colectivos sociales se solicitó emitir un exhorto público con relación a esos hechos, en los que se involucra a los diputados de la XV Legislatura.
La decisión del exhortó público se determinó luego de la negativa inicial del CPC para atender las quejas relacionadas al programa, toda vez que Somos Tu Ojos promovió un amparo que fue admitido en el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal.
En su informe rendido ante el juez federal, Gutiérrez Martínez presentó copia de la reunión de trabajo sostenida entre los integrantes del CPC el 23 de abril pasado, en la que acordaron solicitar emitir un exhorto público, con relación al tema de ayudas sociales.
Con ello se pretende que la Auditoría Superior del Estado pueda poner a disposición de Somos Tus Ojos y de la ciudadana Teresa Sorcia, los documentos relacionados al programa del 2016 al primer trimestre del 2018.
El exhorto también se orienta en el sentido de requerirle al Poder Legislativo la entrega de todos los registros de las personas que solicitaron y recibieron ayudas sociales, indicando tipo de apoyo, partida y monto otorgado a fin de esclarecer el uso de esos recursos en supuestas ayudas sociales por parte de los diputados integrantes de la XV Legislatura.
En ese programa, fue la legisladora Yamina Rosado Ibarra, suplente de Mayuli Martínez Simón, actual senadora, quien entregó el mayor número de apoyos: un total de de 854 ayudas sociales que representan 8 millones 836 mil 073 pesos.
Bajo este contexto, la investigadora y activista del Observatorio de la Gobernaza para la Cooperación y el Desarrollo, Mónica Franco, lamentó la actuación del Congreso, máxime si tenían la esperanza de que la XV Legislatura actuaría con transparencia y atendería la agenda que surgió de los foros ciudadanos.
Mencionó que a pesar de la alternancia no se cumplieron las expectativas en materia legislativa y lamentó la actuación de los diputados haya sido de sumisión al Ejecutivo, como ha venido sucediendo con los anteriores gobiernos: “realmente se pensó que habría una separación de poderes en beneficio de los quintanarroenses, pero no fue así”.
Sostuvo que la opacidad y el derroche de recursos de nueva cuenta figuraron en el Poder Legislativo, “pensábamos que los ciudadanos estábamos representados legítimamente en esta legislatura y lo que encontramos es que no hubo tal representación”.
Recalcó que aunado a la actuación de los diputados, también hubo opacidad, pues aun cuando se creó una plataforma de transparencia por parte del Congreso, los datos que ahí se exponen no detallan el manejo de los recursos, lo que limita el rendimiento de cuentas.
Ante ello, dijo que más allá de que los actos de los diputados queden impunes, le preocupa que los nuevos legisladores repitan esa fórmula, por ello la urgencia de modificar las leyes que permitan sancione ejemplares contra quienes hagan mal uso de los recursos públicos.
No obstante mientras esto sucede, se está a la expectativa del fallo de las cuatro denuncias interpuestas contra lo integrantes de la XV Legislatura con relación a lo de 147 millones de pesos por las “Ayudas sociales”.
