Jazmín Ramos | R360
(Segunda de cuatro partes)
CANCÚN, QRoo.- La privatización de las playas en Quintana Roo ha generado una constante violación al artículo 11 constitucional que garantiza el libre tránsito de los ciudadanos en la franja costera, y una lucha férrea de organizaciones sociales por exigir que se abran más ventanas al mar para garantizar el uso y disfrute de los balnearios en el estado.
Prohibir el acceso a las playas no solo es anticonstitucional, sino que también se incurre en un acto discriminatorio, al no permitir la entrada a la franja costera por el hecho de no ser huésped de un hotel o por considerar que el aspecto físico del bañista puede dar mala imagen a los visitantes, refirió la presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos en Quintana Roo, Rosa María Márquez.
Dijo que desafortunadamente sí se registran casos de esta naturaleza en la entidad, pero que la mayoría no denuncia por considerar que solo será una perdida de tiempo, aunque la recomendación es no quedarse callados y presentar la queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a fin de que se finque responsabilidad.
De acuerdo al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial de la Semarnat, el articulo 7º señala que “las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona, salvo que se realicen actos o hechos que contaminen la franja costera”, pero en la práctica esto no sucede, ya que el personal de seguridad de esos negocios impiden el acceso.
Además cita, que autoridades ambientales sancionarán con una multa de 10 a 500 veces el salario mínimo general vigente para la Ciudad de México, a quien incurra en irregularidades y refiere que será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien se encargará de vigilar que haya libre acceso de la población a todas las playas del país.
Sin embargo esta vigilancia se realiza de manera esporádica y solo durante los periodos vacacionales, es decir no hay una observancia cotidiana y menos aún verifican que los hoteles tengan un acceso público hacia el área costera, en virtud de que los empresarios entre un centro de hospedaje y otro tienen que dejar un acceso al mar, lo que tampoco se cumple.
Según un cotejo de los últimos dos años de los operativos de la Profepa, solo ha detectado cuatro establecimientos comerciales que ocupaban de manera irregular la franja costera.
Los datos indican que se trataba de restaurantes, servicios de masajes y renta de equipo de playa que operaban en más de dos mil 400 m2 de los arenales en El Mirador o playa Delfines.
De esas acciones se comprobó que una concesión había sido falsificada, otras estaban a nombre de terceros e incluso invadían el área que concesionaba a otra persona.
También en los archivos se inspeccionó una superficie de 587.59 m2, conformada por dos polígonos, en uno de ellos operaba el Restaurante Maria Beach, sin contar con el título de concesión correspondiente y en la segunda actuación el mismo negocio invadía un predio adjunto concesionado a otra persona.
Además fiscalizaron una ocupación de una superficie de 503.46 m2, en cuya zona se detectó un área de masajes denominado Olas Marinas, que carecía de permiso y además operaba en terrenos ganados al mar, concesionados a un tercero
A estas irregularidades se suma la inspección que se realizó en una superficie de 201.38 m2 ocupada por Beach Club Bikini Sunday. Esta empresa no contaba con la concesión para el uso de zona federal, pero además instaló áreas de cocina, bar y barra, así como juegos infantiles, terraza y mobiliario de descanso.
En el informe de las empresas que incurrieron en irregularidades no se especifica si hubo sanciones económicas, únicamente que se levantaron las actas de inspección y que se inició el proceso administrativo correspondiente, sin que se detallara el pago de multas.
No obstante, basados en el listado de las propias autoridades ambientales, en el área costera y la zona que ocupa la Laguna Nichupté se asientan uno 500 negocios de diferentes, giros y aunque tiene concesiones para operar en la zona federal, solo el 40 por ciento tiene injerencia directa sobre los arenales, esto quiere decir que el 60% incumplen con la ordenanza.
Además contravienen lo que dicta la ley porque han bloqueado el acceso libre hacia los balnearios, cuando la propia concesión refiere que tendrán derecho al uso de zona federal, pero esto no implica limitar el acceso a las playas, en razón de que éstas son para el disfrute y goce público.
