Jazmín Ramos | R360
Segunda de dos partes
CANCÚN, QRoo.- La operación del Instituto de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, aprobada por la XV Legislatura de Quintana Roo, está parada por falta de presupuesto desde 2018. El Ejecutivo estatal no lo contempló en el Presupuesto de 2019.
Las Personas con Discapacidad (PCD) están desamparadas en muchos sentidos: en la movilidad, el transporte, en la falta de oportunidades laborales. En lo concerniente al acceso a la educación, la PCD tampoco la tienen fácil a pesar de que es uno de los derechos más importantes en el desarrollo de todo individuo, dado que existen barreas no solo de infraestructura sino todo un esquema social y económico que los discrimina.
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El sistema educativo público no es inclusivo y se limita a ofrecer servicios educativos enfocados a que las PCD aprendan un oficio reduciendo sus oportunidades de desarrollo; ante la inaccesibilidad del sistema a veces no logran ni concluir sus estudios básicos.
Estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) indican que en los últimos 10 años el nivel de analfabetismo en las PCD ha disminuido, pero este sector sigue enfrentando esta barrera del acceso a la educación, tan es así que 2 de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir. Mientras que el 3.7% de los hombres y 5.1% de las mujeres no saben leer ni escribir, esta carencia es mayor en personas con discapacidad; el 20.0% son hombres y 24.0% son mujeres.
En cuanto al nivel de educación predominante de la población con discapacidad de 15 años y más es la primaria; de cada 100 personas, 45 tienen terminado este nivel; 23 de 100 no tienen escolaridad y solo siete cuentan con educación superior y otra buena parte no tiene nivel de instrucción.
Abraham Rodríguez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), indica que por años las escuelas se construyeron sin infraestructura adecuada para niños y niñas con discapacidad, sobre todo motoras por ello los planteles tienen rezagos y es ahí donde trabajan.
“Hay proyectos enfocados en que las escuelas cuenten con las rampas necesarias y eliminar los desniveles que hay hacia el interior para que haya una facilidad de movilidad de las PCD”.
Asegura que se avanza en el tema, de tal manera que ya se cuenta con un módulo de baños exclusivamente para personas con discapacidad, en la mayoría de los planteles, pero aún falta trabajar en las escuelas antiguas, para poder adecuarlas,
“Llevamos a la fecha un trabajo en el 30% de ellas. Estamos hablando de que en el Estado son aproximadamente mil 300 escuelas de nivel básico, de éstas el 30% ya logramos adecuarlas”.
Comenta que para adecuar las instituciones educativas se requiere una inversión de 120 mil pesos por plantel, aunque esto es solo el inicio, pues se debe trabajar en otros aspectos a fin de lograr que una escuela sea completamente inclusiva.
“También se requiere capacitar a los maestros para que tengan los conocimientos necesarios y el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente sea inclusivo atendiendo a los estudiantes con diferentes discapacidades no solo motoras”, señala.
Las oportunidades laborales son limitadas; sólo el 39.1 por ciento de las PCD tiene empleo y gana 33.5 por ciento menos que el resto, según datos de la Organización Impunidad Cero con base en la investigación El Derecho al Trabajo de las Personas con Discapacidad.
A esta problemática se suma que hay discriminación entre las mujeres y los hombres con discapacidad, pues estos últimos tienen el doble de oportunidades de encontrar un empleo más rápido que ellas.
Referente a la brecha de ingresos, las personas con discapacidad reciben por su trabajo 33.5 por ciento menos de lo que ganan las personas sin discapacidad.
Del total de la población de 15 años o más con discapacidad, 32 por ciento no percibe ingresos. Y de los que sí obtienen paga, las principales fuentes de ingreso son de un trabajo (40.2 por ciento); programas sociales de gobierno (39 por ciento); por jubilación o pensión (21.6 por ciento) y por ayuda de familiares o conocidos (12.9 por ciento).
ALTERNATIVAS A BARRERAS LABORALES
Concepción Viveros Salva, presidenta de la Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad Intelectual (Apafhden) en Benito Juárez, menciona que ante las barreras para que las PCD obtengan un empleo, los colectivos sociales se unifican impulsando talleres ocupacionales que permitan a este sector obtener ingresos.
Menciona que ese es el caso de la asociación civil que fundó hace 26 años, atendiendo a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en formación de talleres ocupacionales de piñatas, repostería y cocina.
Comenta que si bien las PCD enfrentan factores que limitan su desarrollo, en el caso de las personas que sufren una discapacidad intelectual es más problemática a diferencia de una persona en silla de ruedas que tiene sus capacidades intelectuales.
“Sí hay casos de que han conseguido trabajo en algunas empresas con apertura, pero realmente falta mucho para que se tenga esa accesibilidad al mercado laboral porque además cada discapacidad tiene su propia problemática”, afirma.
Sostiene que el avance en materia laboral es mínimo, esto no quiere decir que no haya mejoras porque las organizaciones hacen un trabajo enorme en defensa de sus derechos, pero todavía hay mucha discriminación y hace falta infraestructura en el sector laboral para que se abran plazas para las PCD.
Solo en el tema de la movilidad hay rezagos, que impiden acceder a una escuela o alguna oficina de gobierno, entonces todavía falta concientizar en que se tiene que dar el espacio para que las personas sepan atenderlas.
Personas con Discapacidad, ignoradas por el gobierno de Quintana Roo.
Indica que lo que sí es destacable es que ya hay una ley, ahora lo que sigue es trabajar para que se cumpla y gradualmente las PCD pueda tener acceso a las educación, al trabajo y a la salud.
Dijo que en Quintana Roo se tiene un avance con la creación del instituto, lo que sigue ahora es la voluntad de gobierno del estado para que entre en funciones y se sienten las bases a fin de que este sector mejore su calidad de vida.
SERVICIOS DE SALUD
Otro factor en el cual las PCD se encuentran por debajo de la media nacional es el acceso a los servicios de salud, toda vez que la mayoría no está adscrito a instituciones como el Seguro Popular, el IMSS o el Issste.
Las estadísticas del Inegi muestran que el sector más rezagado es el que sufre la discapacidad del habla; las personas que menos carencias presentan en este aspecto son las que tienen discapacidad múltiple.
El Seguro Popular y el IMSS son los principales medios para el acceso a servicios de salud de las PCD, pero éste depende generalmente del aseguramiento de otra persona en el hogar para acceder a ese derecho.
En promedio los hogares con PCD gastan mensualmente más en rubros de salud (2,371 pesos) que los hogares sin PCD (1,277pesos), mientras que en los medicamentos recetados y atención hospitalaria hay un mayor porcentaje de gasto en hogares con PCD.
Alejandra Becerril Amador, directora de la Asociación Pro Niños Excepcionales, comenta que el acceso a los servicios a la salud es quizás uno de los obstáculos que más complica a las PCD, de tal forma que hay organizaciones que se enfocan precisamente en apoyar a las familias para la rehabilitación y educación de este sector.
Es así como en 1996 nace la asociación que preside y desde entonces trabajan en beneficio de las PCD, atendiendo actualmente a un promedio de 140 a 150 personas con discapacidad intelectual, motriz y autismo.
“Nosotros tenemos una población universal, porque no es una institución que atienda una sola discapacidad, nosotros tenemos un modelo de terapias, que nos permite atender a una diversidad de situaciones con las que viven las personas con discapacidad”, afirma.
Al referirse al número de personas en Quintana Roo que tienen alguna discapacidad, dijo que no hay una cifra confiable e incluso los datos que se difunden a nivel nacional solo son un aproximado, de hecho a nivel mundial se ha manejado que cualquier población tienen un 10%, aunque últimamente la OMS lo subió a 15%.
“En México, el Inegi, que es el encargado de recabar los datos, ha tenido problemas para dar cifras exactas de la población con discapacidad y eso surge por la manera en que se realizan las encuestas en el momento en el que se levanta el censo”, apunta.
Agrega que las personas que lo realizan tendrían que tener una capacitación mayor para detectar a la población con discapacidad, tomando en cuenta que hay familias que aún esconden estas situaciones o las niegan, “eso hace que las cifras no sean exactas”.
Sostuvo que han participado con el Inegi para la elaboración del cuestionario de la consulta del 2020 y en esa consulta se dieron cuenta que no estaba contemplado el tema de la discapacidad en el cuestionario básico, sino en el que se da como opcional.
“Afortunadamente tenemos fuerza a nivel nacional y nos movilizamos, logrando que el Inegi pusiera a consulta en un link para que pudiéramos hacer nuestras observaciones y ahí las organizaciones hicimos la petición de que fuéramos consideradas en el tema del cuestionario básico, porque consideramos que la discapacidad es una cuestión que acompaña a la persona, no es algo complementario u opcional”, señala.
Con ello, lo que se busca es que la discapacidad se vea como una realidad y que los ciudadanos se concienticen de que las PCD son relegadas de la sociedad y enfrentan dificultades para accesar a los servicios de salud, a la educación y el empleo.
“Si nosotros tuviéramos modelos universales en los que independientemente de una condición todos pudiéramos acceder a servicios y productos, la discapacidad no existiría”, indica.
Menciona que se está avanzando, pero a pasos muy lentos en el tema de la inclusión y desafortunadamente todavía existe una sociedad con mucho desconocimiento, que lejos de ayudar o apoyar a las personas aún se siguen teniendo modelos de protección.
“Son modelos asistenciales, modelos de “hay pobrecito”, “córrele y cárgalo” o “córrele” y que no lo dejes que haga algo y ese proteccionismo y ese asistencialismo perjudica mucho a las personas con discapacidad”, precisa.
Comenta que se sigue teniendo esta visión asistencialista, de ahí que el avance sea muy lento, pero precisamente para cambiar esos esquemas es como nace el instituto, que es una respuesta que ha surgido de diversos estados a fin de poder garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
FUERA DE LA LEY
Precisa que los institutos empezaron a surgir en diferentes estados, actualmente hay nueve algunos están en la Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Tlaxcala, Colima, Veracruz y Baja California.
“Esos institutos han sido la respuesta, porque se crean a través de una ley y de un organismo descentralizado con capacidad jurídica propia para que se puedan a través de éste garantizar todos los ejercicios de inclusión”, explica.
Señala que en Quintana Roo con el trabajo de diversas organizaciones desde que se dio el cambio del actual gobierno se promovió la propuesta de contar con el instituto, el cual ya se logró pero todavía no entra en funciones.
“Esto pasa porque los servidores públicos y nuestros legisladores no se actualizan, entonces muchos siguen desconociendo que existe una convención que México firmó: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento jurídicamente vinculante mediante el cual el país está obligado a implementar y entregar informes sobre sus avances en la implementación”, admite.
Explica que este documento es el que garantiza totalmente un modelo social, con un enfoque de derechos a las personas con discapacidad y los diputados, funcionarios, servidores públicos y hasta el propio gobernador Carlos Joaquín lo desconocen.
Menciona que cuando empezaron con la propuesta del instituto, los diputados de la anterior legislatura, Emiliano Ramos Hernández y Leslie Hendricks Rubio fueron los únicos en apoyarlos para darle forma a la iniciativa y finalmente se aprobó y aquí la situación es que no hay respuesta del gobierno para que entre ya en funciones.
“Nuevamente estamos esperando la voluntad política del gobernador para que pueda entrar en función el Instituto. No hay una fecha. Nosotros sabemos de algunas fuentes que el gobernador no está de acuerdo con el instituto y pensamos que él está mal asesorado al pensar que habrá duplicidad de funciones”, denuncia.
En ese sentido, recalcó que el instituto no va a ser un centro de rehabilitación, no va a ser un centro de terapias, no va a ser un centro que ofrezca algún servicio; es un centro de canalización, de orientación, de vinculación entre las diversas secretarías a fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
No obstante, se sigue actuando o dando respuestas de antaño, muy proteccionistas, muy asistencialistas, y eso obviamente es una violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad y por eso no se avanza.
