CHETUMAL, QR.- El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas al Código Penal y la Ley de Movilidad con el objetivo de endurecer sanciones relacionadas con el transporte. La iniciativa introduce nuevos delitos y agrava las penas en casos que involucren afectaciones a este servicio.
Las modificaciones al Código Penal incluyen la creación de los artículos 107 Bis, 162 Bis y 185 Bis, además de un ajuste al artículo 182. Con el artículo 107 Bis, se establecen penas más severas para homicidios y lesiones vinculadas al transporte, con incrementos de hasta un 50% si los hechos ocurren durante la prestación del servicio.
También te puede interesar: Cierra Ventura Park de manera indefinida sus puertas en Cancún
Si las víctimas son menores de 18 años o turistas, las penas podrían elevarse hasta en dos terceras partes. Además, estos delitos serán perseguidos de oficio.
El artículo 162 Bis establece sanciones de entre 2 y 6 años de prisión para quienes causen daños a los servicios de transporte público o privado. Al igual que en el caso anterior, las autoridades podrán intervenir sin que medie una denuncia.
El artículo 182 fue modificado para aplicar castigos más severos a quienes ataquen vías de comunicación o medios de transporte. Las penas oscilarán entre 6 meses y 4 años de cárcel, abarcando afectaciones al transporte público local, calles, carreteras y tecnologías empleadas en el sector.
El artículo 185 Bis impone agravantes a los ataques contra vías de comunicación cuando el responsable esté prestando un servicio de transporte. En estos casos, las penas podrán aumentar hasta un 50%.
En la Ley de Movilidad, se reformó el artículo 122, fracción IX, y el artículo 130, fracción VII, además de incluir modificaciones en los artículos 175 y 176. Estos cambios establecen causales específicas para retirar, suspender o cancelar licencias, permisos y concesiones en casos donde se cometan delitos relacionados con el transporte.
Equidad entre el transporte público y privado
Según la gobernadora Mara Lezama, estas reformas buscan evitar afectaciones al derecho de los usuarios de elegir su medio de movilidad y garantizar equidad entre el transporte público y privado. La iniciativa surgió a partir de mesas de trabajo con el sector público y privado, en las que se integraron diversas propuestas, señala información oficial de gobierno del estado.
Las reformas serán sometidas a votación en el pleno y, en caso de ser aprobadas, se incorporarán al marco normativo del estado.
