Endurecen sanciones por delitos en el servicio de transporte

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CHETUMAL, QR.- El Congreso de Quintana Roo aprobó reformas al Código Penal y la Ley de Movilidad con el objetivo de endurecer sanciones relacionadas con el transporte. La iniciativa introduce nuevos delitos y agrava las penas en casos que involucren afectaciones a este servicio.

Las modificaciones al Código Penal incluyen la creación de los artículos 107 Bis, 162 Bis y 185 Bis, además de un ajuste al artículo 182. Con el artículo 107 Bis, se establecen penas más severas para homicidios y lesiones vinculadas al transporte, con incrementos de hasta un 50% si los hechos ocurren durante la prestación del servicio.

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Si las víctimas son menores de 18 años o turistas, las penas podrían elevarse hasta en dos terceras partes. Además, estos delitos serán perseguidos de oficio.

El artículo 162 Bis establece sanciones de entre 2 y 6 años de prisión para quienes causen daños a los servicios de transporte público o privado. Al igual que en el caso anterior, las autoridades podrán intervenir sin que medie una denuncia.

El artículo 182 fue modificado para aplicar castigos más severos a quienes ataquen vías de comunicación o medios de transporte. Las penas oscilarán entre 6 meses y 4 años de cárcel, abarcando afectaciones al transporte público local, calles, carreteras y tecnologías empleadas en el sector.

El artículo 185 Bis impone agravantes a los ataques contra vías de comunicación cuando el responsable esté prestando un servicio de transporte. En estos casos, las penas podrán aumentar hasta un 50%.

En la Ley de Movilidad, se reformó el artículo 122, fracción IX, y el artículo 130, fracción VII, además de incluir modificaciones en los artículos 175 y 176. Estos cambios establecen causales específicas para retirar, suspender o cancelar licencias, permisos y concesiones en casos donde se cometan delitos relacionados con el transporte.

Equidad entre el transporte público y privado

Transporte
Mara Lezama indica que las reformas buscan evitar afectaciones.

Según la gobernadora Mara Lezama, estas reformas buscan evitar afectaciones al derecho de los usuarios de elegir su medio de movilidad y garantizar equidad entre el transporte público y privado. La iniciativa surgió a partir de mesas de trabajo con el sector público y privado, en las que se integraron diversas propuestas, señala información oficial de gobierno del estado.

Las reformas serán sometidas a votación en el pleno y, en caso de ser aprobadas, se incorporarán al marco normativo del estado.

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