David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- A pesar de que el servicio de producción, edición y difusión de contenidos, así como de transmisión en redes sociales, de las dependencias del Gobierno de Quintana Roo, corre por cuenta de la Coordinación General de Comunicación (CGC) de Quintana Roo, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado licitó esos servicios para sí misma, en un proceso que de acuerdo con una de las empresas participantes, estuvo plagado de inconsistencias.
La CGC, a cargo de Haidé Serrano, cuenta con Dirección de Redes y Dirección de Operación de Medios Digitales, la cual produce, edita y gestiona la difusión de contenidos en las redes sociales de la propia CGC y de trasmisiones en vivo. Tiene contratadas por adjudicación directa empresas de la Ciudad de México y de Quintana Roo, para la producción y gestión de contenido en redes sociales.
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Hay constancia de que estas empresas privadas se han comunicado con las jefaturas o las direcciones de prensa de las secretarías de estado y los organismos descentralizados, para ofrecer sus servicios con cargo a la CGC.
La empresa de Quintana Roo administra en parte las redes sociales del gobernador de Quintana Roo; su presupuesto proveniente de recursos públicos fue gestionado por el actual Coordinador de Asesores del gobernador Carlos Joaquín, Felipe Ornelas.
Adrienne Díaz Villanueva, directora general de Ynbadi.com, señaló que en un principio, de manera particular, vio con agrado la convocatoria para participar en la licitación, luego que en el sur del estado la iniciativa privada tiene pocas oportunidades de hacer negocio.
Sin embargo durante el proceso se percató que era una licitación carente de información. En la Junta de Aclaraciones, se tuvo que enviar las preguntas con ciertas horas de anticipación y la situación comenzó a complicarse.
Cuando llegó la fase de presentación de propuestas, las empresas se dieron cuenta de que también había una complicación con los precios, porque no se estableció un estándar. Por ejemplo, señala Díaz Villanueva, era difícil poner costos a un video animado, que en el mercado ronda por los 10 mil pesos, por la producción, posproducción, edición y demás que implica y que puede tardar cerca de tres días.
La propuesta general de Ynbadi.com en las cuatro partidas que se concursaron fue hecha con base en los costos de mercado y aunque fue la propuesta más alta, no fue el motivo de que la dejaran fuera de la licitación, pero para otra empresa que fijó costos más bajos, sí le hicieron esa observación que fue lo que la dejó fuera.
Señaló que “las bases estaban muy escuetas; en cuanto a la información técnica no hablaban de software, sino de equipo, y parecía que la había hecho alguien que no conoce el proceso”. Hicieron falta más especificaciones, porque los mismos proveedores se dieron cuenta de que tenían precios diferentes y entendían cosas distintas.
“Yo participé en las cuatro partidas, pero a la hora de la presentación de propuestas sí hubo una disparidad en precios. De las cinco empresas, dos tenían un precio muy bajo y tres, precios acordes al mercado”. No se manejaron mínimos y máximos en las bases y por tanto las empresas se tuvieron que regir por un servicio de calidad.
Destacó que lo más curioso es que la observación que le hicieron en el fallo fue por unas firmas que habría puesto mal en su currículum empresarial y también por no informar si tenía gente con discapacidad entre su personal.
“Fue algo muy frustrante porque no fue un tema técnico, sino administrativo; fue un desgaste enorme, porque no me están diciendo que no tengo el equipo, el personal o la propuesta técnica”. Al menos la empresa a la que representa nunca entendió cuáles fueron los criterios utilizados para el fallo, al final de cuentas.
Agregó que lo más extraño es que pasaron las cuatro fases de la licitación y llegaron al fallo, pero nunca les observaron algún dato en la documentación, incluso en la presentación de propuestas les dijeron que ya cumplían con todo y solo faltaba la visita técnica.
El fallo resultó contraproducente porque les observaron cosas que se supone que la misma Oficialía Mayor ya había aprobado como superadas.
Por lo anterior se vio en la necesidad de estudiar el caso a fondo junto con su abogado y determinó interponer una queja ante la Secretaría de la Contraloría, ya que además las bases exigían garantizar el cinco por ciento de la propuesta presentada por cualquier incumplimiento. Tuvo que dejar un cheque de caja por alrededor de 100 mil pesos, cantidad que permanece congelada en su banco y no podrá recuperar hasta que haga todo el trámite respectivo.
La normatividad no establece un tiempo específico para que la Contraloría resuelva la queja, por lo que habrá que esperar la resolución. Sin embargo la Oficialía Mayor no podrá concursar otra vez la licitación hasta que exista un resolutivo de la misma.
La licitación y sus bemoles
La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado lanzó el pasado 5 de febrero una convocatoria pública nacional LPN2/OM-2020 para la producción, edición y difusión de contenidos, así como la transmisión en vivo en redes sociales, de la imagen de la dependencia.
El proceso incluyó plazos para envío de preguntas sobre las bases, junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas y visita a las instalaciones de las empresas participantes hasta llegar al falló que fue realizado el pasado 26 de febrero. La firma del contrato sería, en caso de un ganador, el 4 de marzo del presente año.
El costo por la inscripción de tres mil pesos fueron depositados a la cuenta del Banco HSBC No. 04014431316, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Pese a que varias empresas conocieron de la convocatoria solo seis se inscribieron, pero una fue desechada desde el inicio. Continuaron con el proceso Proyectos Integrales de la A a la Z S.A. de C.V.; Radio Maya Internacional S.A. de C.V.; María del Socorro Andrade; Ynbadi.com S. de R.L.M. y Michel Marfil Rivero.
Solo dos empresas participaron en las cuatro partidas fijadas en la convocatoria; las demás, en las que consideraron que tenían oportunidad. Los montos iban desde los 650 mil pesos por dos partidas que fijaba la licitación y hasta los dos millones 30 mil pesos por las cuatro.
La primera partida fue: producción, edición y creación de contenido (videos animados, reportajes y capsulas informativas); la segunda, producción, edición y creación de contenido (videos testimoniales y sondeos); la tercera, transmisiones de eventos en vivo a través de redes sociales (Muelle Acústico y Domingo en Chetumal); y la cuarta, transmisiones de eventos en vivo a través de redes sociales (eventos cívicos, deportivos, Mega sábados, licitaciones, Día del Empleado y eventos especiales).
Luego de correr todo el proceso, el fallo fue declarado desierto, según la Oficialía Mayor, porque ninguna de las empresas cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria. Todas las empresas fueron desechadas por detalles “administrativos”.
La licitación no se publicó en vivo a través de las redes sociales, asunto que se ha hecho con otros concursos de servicios; solo se habría videograbado. El argumento de la dependencia es que no había empresa para ello, pese a que en otras licitaciones, sí la hubo.
Una de las empresas participantes, Proyectos Integrales de la A a la Z S.A. de C.V. mejor conocida como Covadonga Noticias, propiedad de Ramón Aguilar, fue la favorecida por dos años con este tipo de trabajos, por un monto de 250 mil pesos mensuales, a través de adjudicación directa.
El Oficial Mayor dijo en su momento que la adjudicación directa fue porque era la única empresa que cumplía con los requerimientos para la realización del este tipo de servicios; ahora la empresa fue descartada.
El Oficial Mayor se negó a comentar sobre el tema, en sus oficinas, bajo el argumento de estar ocupado, sin embargo fue abordado en un evento público, en donde se le cuestionó por la licitación y solo se limitó a responder que todo estaba en la página web de la dependencia y que fue apegada a la legalidad.
Señaló que la licitación es necesaria y que se enmarca dentro del programa de austeridad del Gobierno del Estado, porque no hay ninguna dependencia en el gobierno que pueda apoyar a la Oficialía Mayor para difundir sus “resultados”.
Lo anterior pese a que el Gobierno del Estado cuenta con la Coordinación General de Comunicación (CGC) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. La primera con un presupuesto superior a los 150 millones de pesos y la segunda, con más de 90 millones de pesos al año, según el ejercicio fiscal 2020. Ambas trabajan para la imagen institucional y difusión de acciones del Poder Ejecutivo, no del gobernador en turno. Además, la CGC tiene contratadas empresas encargadas de los trabajos que licitó la Oficialía Mayor; habría una duplicidad de gasto público.
