Evlyn Cervantes / R360
(Primera de dos partes)
BACALAR, QRoo.- En el debate que sostienen ejidatarios de la Península de Yucatán sobre el impacto que tendrá el Tren Maya al pasar por su territorio, Pedro Uc reprocha que lleve el nombre asociado a su cultura indígena.
Asegura que sólo se emplea con fines comerciales, pero no porque ellos tengan inclusión en este proyecto de infraestructura.
A este Tren le ponen un apellido que se ha vuelto un producto de valor económico. Ahora resulta que la palabra maya ya tiene un precio muy bueno. Tenemos, por ejemplo, una línea de autobuses que se llama Mayab, que de maya no tiene nada, tenemos una Riviera Maya donde ningún maya tiene chance de estar allá y, por si fuera poco, ahorita viene también el Tren Maya.
“Nos dice Fonatur: ‘Disculpen si pensaron que les veníamos a consultar, pero les vamos a meter un tren y si no se suben al tren, se los va a llevar el tren‘, ¡qué poca madre!”, afirma el activista maya y licenciado en educación media en ciencias sociales.
En su intervención, Uc expone que el Tren Maya sólo beneficiará a las empresas a cargo del proyecto mientras que los pueblos indígenas mayas corren el riesgo de perder los territorios que históricamente han dedicado al manejo forestal, a la producción de chicle y de miel orgánica.
“Ni rentamos, ni vendemos la tierra”, sentencia.
El “DE-BA-TREN-‘MAYA'” congregó a ejidatarios de la Península de Yucatán que están en alerta respecto a las consecuencias que tendrá el proyecto de infraestructura que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sureste del País.
“El Gobierno debe preguntarnos qué proyecto necesitamos y no que nos imponga su proyecto. Como Consejo Regional Indígena Maya no estamos de acuerdo con el proyecto del Tren, lo digo y lo sostengo”, dice Manuel Puc, ejidatario del Ejido Nueva Jerusalén y miembro del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar.
Luis Chimal Balam, comisariado ejidal del Ejido de Bacalar, explica que representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) le han buscado tres veces para solicitarle tierras para el Tren Maya, aunque sin presentarle un mecanismo definitivo de participación.
El ejido, a cargo de Luis, se compone de 54 mil 280 hectáreas y se localiza a un costado de donde se explora la posibilidad de instalar una estación del tren en su paso por Bacalar.
“Dice Fonatur que ellos quieren que seamos partícipes como socios con nuestras tierras, pero en realidad nos estamos dando cuenta que no nos conviene. Tenemos que ver de qué forma podemos trabajar, nosotros lo que queremos es que nos presenten los proyectos. ¿Qué nos van a dar a cambio?
“Por ejemplo, que yo le diga: te voy a dar tantas tierras, pero hazme 50 cuartos de un hotel para que yo rente o ocúpame a la gente de mi ejido para los trabajos”, plantea el comisariado ejidal.
Leydy Pech, activista maya en contra de la deforestación y el cultivo de soya transgénica, señala que el Tren Maya es otro megaproyecto que amenaza los recursos naturales de la Península y que impondrá un nuevo ordenamiento territorial.
“Hopelchén es el municipio más deforestado a nivel nacional, tenemos el problema del agua contaminada, la muerte de las abejas por el uso de plaguicidas, se plantea un proyecto como si nosotros no existiéramos.
“El Tren se suma a la fila de los otros megaproyectos que nos están llegando. A mí, como maya, un ordenamiento territorial no me funciona, porque los pueblos no tomamos así las decisiones. No dividimos y decimos: este pedazo se puede usar para esto, este otro para esto, yo tengo una manera distinta de usar mi territorio, ¿por qué me lo tienen que venir a decir?, eso ha traído más conflicto”, señala Pech.
Alika Santiago Trejo, integrante de la colectiva Kluumil X´ Ko´olelo´ob (Tierra de Mujeres), añade que le preocupa la imposición del Tren Maya sin que sea tomada en cuenta la oposición al proyecto que tienen los indígenas mayas.
“El Gobierno debe respetar la libre determinación de los pueblos, que somos los dueños del territorio”, dice Santiago.
Tras dos días consecutivos de exponer sus inquietudes, el debate concluye en medio de un apagón que afecta a toda la Península de Yucatán, dejando sin energía eléctrica a toda la zona y con la incertidumbre de los ejidatarios sobre el futuro de su territorio.