David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) cuenta con alrededor de 18 meses para desahogar más de 28 mil expedientes laborales rezagados antes de que inicien operaciones los Centros de Conciliación Laboral que se desprenden de las reformas federales en la materia.
Dentro de la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral se obliga a las entidades federativas a crear Centros de Conciliación Laboral. En Quintana Roo habrá tres: uno en Chetumal, otro en Playa del Carmen y el último en Cancún.
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Este nuevo sistema será prejudicial, forzoso y obligatorio; servirá para mediar antes de que los casos lleguen a los Juzgados Laborales a cargo del Tribunal Superior de Justicia, que ahora se hará cargo de los asuntos en la materia, según mandata la propia normatividad.
Estos centros dependerán del Poder Ejecutivo de Quintana Roo y sectorizados a la STyPS del estado. Serán organismos descentralizados con personalidad y patrimonio jurídicos propios. Como su nombre lo indica, atenderán necesariamente cualquier queja o demanda laboral de un trabajador o un patrón, antes de que el asunto sea judicializado, con el objetivo de llegar a un acuerdo.
Estos espacios de conciliación requerirán de 144 empleados: 48 conciliadores, 48 auxiliares y 48 notificadores. La cantidad de personal es para evitar cuellos de botella.
Para la edificación de los tres Centros de Conciliación se aprobó una ampliación presupuestal para el 2020, de 65 millones de pesos.
De acuerdo a la legislación aprobada hay un primer bloque de estados cuyos centros laborales deben iniciar operaciones en octubre de 2020 y un segundo bloque, en el cual se encuentra Quintana Roo, será hasta octubre de 2021; para esa fecha ya deben estar desahogados todos los expedientes que tienen a cargo las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la entidad, que dependen de la STyPS. Un tercer bloque lo hará para octubre del 2022.
De acuerdo con Catalina Portillo Navarro, titular de la SyPS, se tendrá que iniciar de cero, es decir ningún expediente migrará a los Centros de Conciliación.
Sin embargo y de acuerdo a la funcionaria, restan más de 28 mil expedientes en rezago en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como en las seis Juntas Especiales de la entidad, que deberán ser desahogadas en los aproximados 18 meses que restan del plazo otorgado por ley. Aunque podría haber un plazo para concluir con los expedientes de acuerdo a la carga de trabajo de los estados, pero ello aún no se ha definido.
La actual administración recibió un rezago de poco más de 40 mil expedientes y solo ha podido resolver un 26 por ciento, en los más de tres años de gestión.
Apenas se trabaja en la Ley Orgánica de los Centros de Conciliación; actualmente se encuentra en revisión y ajuste ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y posteriormente será enviada como iniciativa ante el Poder Legislativo.
De acuerdo con la propuesta, los centros tendrán un plazo de 45 días para lograr una conciliación entre las partes, de no haber acuerdo se emitirá una boleta de no conciliación que será remitida a los Juzgados Laborales que tendrá a cargo el Poder Judicial, para proceder a las demandas pertinentes.
En cuanto el recurso humano que actualmente trabaja en las Juntas de Conciliación, alrededor de 165 empleados, podrán optar por cambiarse de adscripción o concursar dentro de las plazas que requerirán los Centros de Conciliación.