El próximo 30 de junio de 2026 vence el plazo legal para registrar las líneas de telefonía móvil ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), una medida obligatoria para combatir la extorsión y el fraude que, de no cumplirse en los próximos 75 días, derivará en la inhabilitación inmediata de llamadas, mensajes y datos.
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Urgencia en el padrón de telefonía ante el bajo cumplimiento ciudadano
El tiempo se agota para más de 150 millones de usuarios de telefonía móvil en México. A pesar de la proximidad de la fecha límite, las estadísticas reflejan un rezago crítico en el cumplimiento de esta normativa. Según datos de “El Universal” al cierre de marzo, apenas el 14% de los usuarios había completado el trámite. Cifras más recientes publicadas por “Reforma” este 15 de abril indican que el avance es menor al 18%, lo que coloca a la gran mayoría de la población en riesgo de perder su conectividad.
Este nuevo marco regulatorio exige que toda línea móvil, sin excepción, esté vinculada a una persona física o moral plenamente identificable. La disposición no distingue modalidades de contratación, afectando por igual a:
- Líneas de prepago y planes de pospago.
- Números activos de uso personal.
- Líneas corporativas e institucionales.
- Tarjetas SIM físicas y tecnología eSIM.
Requisitos y documentación necesaria para el registro oficial
Para evitar la interrupción del servicio, los titulares deben proporcionar documentación oficial vigente que acredite su identidad y vinculación con la línea. Los requisitos varían según el tipo de usuario:
- Personas físicas: Presentación de identificación oficial (INE o pasaporte) y la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Personas morales: El registro se gestiona a través del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la organización.
- Extranjeros: Residentes o visitantes con líneas activas en territorio nacional también están sujetos a este proceso dentro de los plazos establecidos.
El registro puede realizarse de manera presencial en los centros de atención a clientes de cada operador o mediante las plataformas digitales que las empresas de telecomunicaciones han habilitado para este fin, bajo los lineamientos técnicos de la autoridad.
Riesgos operativos y advertencias sobre el mercado informal
La implementación de este padrón ha generado alertas entre especialistas del sector. El abogado Sergio Legorreta ha señalado ante “El Financiero” la existencia de vacíos legales que podrían incentivar prácticas ilícitas. La principal preocupación radica en la posible creación de un mercado secundario ilegal de chips ya activados, donde individuos con actividad empresarial podrían registrar miles de líneas sin verificaciones rigurosas para su posterior reventa.
Asimismo, existe un sector vulnerable de la población que enfrenta obstáculos administrativos. Un número considerable de usuarios carece de identificación oficial vigente o posee documentación irregular, lo que, según expertos, podría desplazarlos involuntariamente hacia alternativas fuera del marco legal, no por fines delictivos, sino por la simple imposibilidad de cumplir con el requisito formal.
Protocolos de privacidad y custodia de información sensible
Ante el debate sobre la protección de datos personales, la postura institucional de la presidencia, encabezada por Claudia Sheinbaum, enfatiza que el objetivo es dotar a las fiscalías de herramientas para el rastreo de ilícitos y no establecer un sistema de vigilancia estatal. La mandataria ha aclarado que no existirá un padrón central administrado directamente por el gobierno.
La responsabilidad del resguardo de la información recae directamente en las empresas telefónicas. Estas entidades solo entregarán los datos de los usuarios ante un requerimiento judicial específico derivado de una investigación por algún delito. Las operadoras tienen la facultad de desarrollar sus propios mecanismos de validación de identidad, garantizando la seguridad de los archivos bajo su custodia.
