CANCÚN, QR.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) definió los criterios que regularán la participación de personas en las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales Locales 2024-2025, en particular sobre la incompatibilidad para postularse a más de un cargo de elección popular.
Con las nuevas disposiciones, si una persona aparece registrada en candidaturas para dos o más cargos, materias o especialidades, ya sea a nivel federal o local, se procederá a cancelar automáticamente la primera candidatura registrada.
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Esta medida será aplicada por el Consejo General del INE o por el Organismo Público Local (OPL), según el caso. Solo la última candidatura registrada permanecerá válida, y la decisión será notificada al Senado de la República, al congreso estatal correspondiente, al OPL involucrado y a la persona afectada.
Publicación y seguimiento de candidaturas canceladas
La Secretaría Ejecutiva del INE y los OPL deberán publicar en sus portales oficiales un listado con todas las candidaturas registradas, incluyendo un apartado que indique las cancelaciones por incompatibilidad. La información debe ser clara y accesible para la ciudadanía y los actores del proceso electoral judicial.
Los consejos locales y distritales del INE también serán informados sobre estas cancelaciones, a fin de que los votos emitidos a favor de las candidaturas anuladas sean considerados nulos, de acuerdo con el boletín de prensa.
Por su parte, la Unidad Técnica de Servicios de Informática integrará esta información al Sistema de Cómputos Distritales del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 (PEEPJF), con el objetivo de automatizar la clasificación de estos casos como supuestos de nulidad.
Adicionalmente, el Consejo General emitió lineamientos para regular las solicitudes de Oficialía Electoral por parte de las personas candidatas a juzgadoras. Estos lineamientos también establecen cómo debe actuar el personal que cuente con la función delegada, con el fin de documentar actos y hechos que incidan en la organización del proceso, la equidad de la contienda o posibles violaciones a la legislación.
