CANCÚN, QR.- El conflicto entre el gobierno mexicano y la empresa estadounidense Vulcan Materials sigue sin resolverse tras la reciente declaración de Área Natural Protegida (ANP) en Felipe Carrillo Puerto, donde la compañía opera la cantera Sac Tun en Cozumel, Quintana Roo.
En lo que va de 2024, Vulcan Materials ha presentado al menos cinco recursos legales sin resultados favorables.
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Entre estos, destacan la solicitud de amparo contra la orden de inspección PFPA/4.1/2C.27.4/022/2024, la impugnación del emplazamiento y clausura temporal parcial de los predios La Rosita, El Corchalito y La Adelita, así como la orden de inspección PFPA/4.1/2C.27.5/0014/2024-VR, incluida en el expediente PFPA/4.1/2C.27.5/00024-22.
Otros recursos abarcan el emplazamiento ambiental PFPA/4.1/2C.27.5/00041-24/009/2024 y la solicitud de medidas cautelares por presuntas irregularidades detectadas en las inspecciones ambientales.
El arbitraje, bajo análisis del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), incluye reclamos de Vulcan Materials desde 2018, relacionados con restricciones del gobierno mexicano.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha señalado que la empresa ha causado graves daños ecológicos, afectando más de 2,000 hectáreas y destruyendo cenotes en la región.
Además, la empresa habría sobrepasado los límites establecidos desde 1986 para la explotación de piedra caliza. La Semarnat también trabaja en un plan de manejo, previsto para febrero de 2025, que incluirá medidas para restaurar el daño ambiental.
En 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificó un exceso en la explotación de piedra caliza durante una inspección a la empresa. Para 2020, Vulcan Materials perdió sus permisos de operación y en diciembre de ese mismo año se clausuró temporalmente uno de sus predios. En 2022, las operaciones de la empresa fueron suspendidas totalmente.
Vulcan Materials señala violación de acuerdos
Vulcan Materials ha señalado que las acciones del gobierno mexicano son una violación a los acuerdos comerciales de América del Norte y ha expresado su intención de defenderse por vías legales.
Desde 2022, la compañía ha presentado varios recursos legales, sin éxito. Entre ellos se encuentran las impugnaciones contra la clausura de sus predios en Quintana Roo y solicitudes de amparo ante las medidas de la Profepa.
El decreto de protección del 23 de septiembre de 2024 incluye los terrenos donde la empresa realizaba sus actividades, impactando directamente su operación.
El plan de manejo de la ANP, que será publicado en febrero de 2025, incluirá directrices para la restauración ecológica y la gestión sostenible de la zona.
