La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Nuevo León reportó ante el Congreso local 786 transferencias por 1,696.6 millones de pesos, más 418.8 millones en rendimientos financieros, provenientes de proveedores estatales hacia un despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador Samuel García.
El informe correspondiente a la Cuenta Pública 2025 fue presentado el 17 de noviembre por el auditor superior, Alejandro Reynoso Gil, ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local. Aunque el funcionario no pronunció nombres propios durante su exposición oficial, investigaciones periodísticas identifican al receptor como Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
En el ámbito de la fiscalización pública, la detección de triangulación financiera mediante contratistas estatales representa un indicador de riesgo crítico para el cumplimiento de las leyes de adquisiciones y responsabilidades administrativas. Este esquema difiere de las observaciones contables ordinarias al evidenciar una trazabilidad bancaria directa entre el pago de contratos públicos y cuentas privadas de terceros vinculados políticamente.
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Desglose financiero de la triangulación en la Cuenta Pública 2025
El monto total bajo investigación asciende a 2,115.4 millones de pesos, integrados por depósitos directos de proveedores gubernamentales y ganancias financieras derivadas de esos mismos flujos de capital.
De acuerdo con los registros expuestos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), los recursos salieron de empresas que operaban como proveedoras del Gobierno de Nuevo León y terminaron en las cuentas del despacho jurídico y fiscal. La autoridad fiscalizadora desglosó las operaciones en cuatro rutas identificadas y un bloque adicional de proveedores aún bajo escrutinio.
Adicionalmente, el reporte de la Auditoría Superior del Estado menciona un monto global de 1,793.9 millones de pesos en presuntas operaciones de triangulación relacionadas con proveedores estatales y organismos públicos. Estas cifras coinciden parcialmente con hallazgos previos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que ya había documentado operaciones por al menos 728.13 millones de pesos bajo una mecánica financiera equivalente.
Organismos públicos y rutas específicas bajo escrutinio
La fiscalización documentó flujos provenientes de contratos del DIF Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) e Isssteleón hacia el despacho jurídico a través de intermediarios.
Durante la comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso de Nuevo León, el auditor Alejandro Reynoso Gil detalló operaciones específicas que involucran áreas sensibles del gasto social y educativo de la entidad. La ASE no precisó si estos montos ya forman parte de las cuatro rutas iniciales de 728.1 millones de pesos o si integran el bloque de 968.5 millones de pesos que continúa bajo investigación.
- DIF Nuevo León y proveedor Don Cacahuato: La auditoría identificó que parte de los recursos públicos pagados a la empresa Don Cacahuato circularon a través de cinco compañías relacionadas entre sí. Mediante esta red societaria, se transfirieron 23.2 millones de pesos al despacho jurídico en un lapso de apenas ocho días.
- UANL, Isssteleón y distribuidora oncológica: La revisión contable reportó que la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón) recibieron 420.6 millones de pesos. De ese capital, 74.1 millones de pesos habrían sido transferidos al despacho mediante una empresa distribuidora de medicamentos contra el cáncer.
La dispersión de recursos en periodos cortos (como el ciclo de ocho días detectado en el caso del DIF) mediante múltiples razones sociales vinculadas constituye una tipología clásica de estratificación financiera diseñada para dificultar el rastreo auditado del origen presupuestal.
Alcance global de las observaciones y proceso legal

La Cuenta Pública 2025 registra 8,902 observaciones no solventadas por 61,001 millones de pesos, pero los señalamientos de auditoría aún no constituyen sentencias ni acreditan responsabilidad penal.
El expediente de triangulación financiera forma parte de un universo más amplio de irregularidades contables detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León en el ejercicio fiscal 2025. Para que estas observaciones deriven en sanciones administrativas o penales, el marco legal exige el agotamiento de etapas procesales específicas:
- Seguimiento legislativo: El Congreso de Nuevo León, a través de su Comisión de Vigilancia, debe dar trámite formal al informe técnico presentado por el auditor Alejandro Reynoso Gil.
- Proceso de solventación: Las entidades públicas y los sujetos fiscalizados cuentan con plazos legales para presentar documentación comprobatoria que aclare el destino de los 61,001 millones de pesos observados.
- Vista a instancias procuradoras: En caso de no solventarse las observaciones y confirmarse hechos constitutivos de delito, la ASE tiene la facultad de dar vista a la Fiscalía correspondiente para iniciar carpetas de investigación.
- Determinación jurisdiccional: Corresponderá exclusivamente a las autoridades judiciales y administrativas determinar la existencia de desvío de recursos, conflicto de interés o responsabilidad penal del gobernador Samuel García, de Samuel Orlando García Mascorro o de los proveedores involucrados.

