Claves de la Noticia
- La venta de terrenos en Bonfil bajo el esquema de uso común ha dejado en la total incertidumbre jurídica a los compradores de la colonia Chiapaneca.
- El fraude masivo ya acumula al menos 100 denuncias penales debido a que los mismos lotes han sido revendidos hasta en 15 ocasiones.
- El gobierno federal y activistas sociales buscan tres vías legales y de expropiación para solucionar el conflicto y dar certeza jurídica a las familias.
CANCÚN, QR.– Pese a que existen interpuestas al menos 100 denuncias penales en la entidad, ejidatarios de Alfredo V. Bonfil continúan de forma ilegal con la venta de terrenos en Bonfil de uso común en la zona periférica de Cancún. El presidente de la colonia Chiapaneca, Andrés Castillejos, advirtió este miércoles que esta práctica mantiene en la total incertidumbre jurídica a cientos de ciudadanos, quienes al intentar tomar posesión de sus predios se topan con que existen hasta 15 dueños distintos para un mismo lote. El fraude inmobiliario afecta directamente el patrimonio de familias que compraron de buena fe desde hace 25 años.
Para frenar las afectaciones por la venta de terrenos en Bonfil, la agrupación social SUMA, liderada por el activista Rafael Quintanar González, inició mesas de trabajo coordinadas entre distintas instancias del gobierno federal y los propios ejidatarios bonfileños.
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El objetivo de estas negociaciones es garantizar la certeza jurídica a los compradores afectados. Quintanar González anticipó que actualmente se trabaja en tres vías distintas con el núcleo ejidal para resolver el conflicto habitacional: la regularización voluntaria y desincorporación de las tierras, la expropiación gubernamental o el avance de los procesos penales correspondientes que ya se encuentran en marcha ante la Fiscalía del estado.
Origen del fraude por la venta de terrenos en Bonfil
Andrés Castillejos afirmó que el problema social se originó hace un cuarto de siglo, cuando los ejidatarios de Alfredo V. Bonfil les vendieron hectáreas para construir sus viviendas con un costo aproximado de 14 mil 946 pesos por cada predio. Sin embargo, con el paso del tiempo la comunidad quedó desprotegida ante la falta de certeza jurídica. Debido a que el ejido nunca desincorporó formalmente las tierras ante el Registro Agrario Nacional, los lotes permanecieron legalmente catalogados con la subcategoría de uso común.
Esta condición jurídica le otorga al comisariado ejidal la facultad legal de decidir sobre el futuro del predio, de manera independiente a que existan contratos privados o pagos monetarios de por medio. Bajo este esquema irregular de Venta de terrenos en Bonfil, los predios habitacionales han sido comercializados de forma dolosa en múltiples ocasiones a terceras personas. Castillejos denunció que, sumado a este engaño, los ejidatarios hicieron recientemente la oferta de liberar los predios definitivos a los posesionarios actuales a cambio de un pago extra de 250 mil pesos, aun cuando los ciudadanos ya habían saldado la totalidad de los costos pactados en el contrato original.
Tres vías para regularizar la venta de terrenos en Bonfil
Al respecto, el activista social Rafael Quintanar González indicó que mantienen pláticas directas con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para alcanzar acuerdos definitivos que devuelvan la seguridad patrimonial a los compradores defraudados. El presidente de SUMA destacó que, a diferencia de intentos previos en administraciones pasadas, en esta ocasión la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ofreció directamente el respaldo de la federación para dar certeza jurídica a las familias afectadas de Cancún.
Quintanar González detalló que existen tres mecanismos legales para lograr que los ejidatarios cumplan con sus obligaciones de otorgar escrituras. La primera vía consiste en que los comuneros cumplan sus promesas originales y desincorporen las tierras de uso común de manera voluntaria para proceder a la regularización.
La segunda opción contempla una expropiación por causa de utilidad pública, aunque el activista acotó que esta alternativa no es la más viable debido a que obligaría al Estado a pagar nuevamente a los ejidatarios por tierras por las cuales ya recibieron un pago justo de los ciudadanos. La tercera vía implica dejar correr el curso legal de las más de 100 denuncias penales vigentes por el delito de fraude para presionar jurídicamente a los responsables de la venta de terrenos en Bonfil.
Contraste con el modelo habitacional de Leona Vicario
Finalmente, los representantes sociales manifestaron que los comuneros bonfileños deberían replicar las prácticas de ordenamiento territorial que impulsan sus pares del ejido de Leona Vicario, perteneciente al municipio de Puerto Morelos. En dicha demarcación, los ejidatarios locales optaron por donar terrenos de forma voluntaria al gobierno del estado para la construcción planificada de 600 viviendas dignas que contarán con todos los servicios públicos urbanos básicos, como alternativa ordenada frente a la creciente Venta de terrenos en Bonfil.
Con esta comparativa, los activistas enfatizaron que la colaboración institucional con el estado permite erradicar de forma definitiva los cinturones de miseria y los asentamientos irregulares. Por ello, urgieron a las autoridades ministeriales de Quintana Roo a acelerar las investigaciones en torno a la venta de terrenos en Bonfil, bloqueando la comercialización ilegal de más lotes ejidales de uso común y castigando penalmente a quienes continúan lucrando con la necesidad de vivienda de la población vulnerable en Benito Juárez (con información de La Jornada Maya).
