CHETUMAL, QR.- Francisca Sierra Aguilar reclama como suyos los terrenos donde se realizaba la Feria de Expofer, que apenas ayer iniciaron su proceso de venta por parte del Gobierno del Estado, a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), para el establecimiento de la estación del Tren Maya. Asegura que la transacción es ilegal.
Indicó que los terrenos de origen ejidal, inicialmente eran propiedad del señor Lorenzo Méndez Méndez, quien en pactó una transacción de compraventa en los últimos meses del gobierno de Mario Villanueva Madrid y aunque se elaboró un contrato formal, no se pudo concretar, pues fue el tiempo en que el entonces gobernador huyó del estado.
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Los que estaban involucrados en los trámites fueron los entonces secretarios de Gobierno y de Hacienda Estatal, Omar Santana Bastarrachea y José Gabriel Polanco Bueno, respectivamente, quienes también huyeron.
La transacción se dio por no concluida, al grado de que no fue asentada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, debido a que no se cumplió con el pago acordado en su momento.
Fue en el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz que el se dio por hecho la transacción y que en su momento fue dada a conocer al gobernador y también al presidente municipal Eduardo Espinosa Abuxapqui, dado que había un acuerdo solamente en calidad de préstamo y exclusivamente para la realización de la Expofer.
Joaquín Hendricks pese a ser notificado se negó a pagar por el predio, que no es de 6.7 hectáreas como argumentó la administración de Carlos Joaquín sino más de ocho y que además abarca los terrenos en donde está asentado el Centro de Rehabilitación Infantil de Quintana Roo (CRIQ).
Sierra Méndez aseguró que ella estuvo al tanto de las presuntas irregularidades y que junto con Méndez Méndez reclamaron, sin resultados positivos.
Ello motivo denuncias ante la extinta Procuraduría General de Justicia, a cargo de Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, pero tampoco fructificaron.
En 20 de julio de 2011, para su sorpresa, Méndez y Méndez (quien ya falleció) le cedió los derechos del predio, según establece el Contrato de Cesión de Derechos sobre Tierras de Uso Común a Título Gratuito.
La superficie que le fue cedida de igual manera abarca el área que ocupa el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 11.
El espacio que ocupa el CRIQ, el CBTA 11, un predio aledaño y el terreno de la Expofer suma 43 hectáreas, todas de su propiedad, reiteró.
En los Gobiernos de Félix González y Roberto Borge no hubo avance en cuanto al reconocimiento de la propiedad a nombre de Sierra Aguilar y menos acuerdo o pago alguno.
Por el contrario, en el caso de Félix González Canto, a través de presuntas irregularidades, impulsó una asamblea en el ejido para que el predio pasara a manos de la administración estatal, violando la Ley Agraria.
Fue capaz, dijo, de meterla a la cárcel tres veces para que firmara y aceptara la transacción, pero ella se negó.
Los terrenos siguieron utilizándose para la realización de la feria, porque ese era el propósito de ese espacio en específico.
Debido a esta situación dijo: “reclamo la Expofer, comprobando con documentos en mano a los titulares que han hecho o que pretenden hacer la transacción de compraventa”.
Consideró que el responsable de esta transacción irregular es el anterior gobernador Carlos Joaquín González, quien envió a su domicilio al licenciado Erick Miravete Granja en agosto de 2019 para hacerle un ofrecimiento de dos millones de dólares por los terrenos del CRIQ y de la Expofer.
Entre otras condiciones que pretendían imponer es que la venta saliera a nombre del Instituto de la Patrimonio de la Administración Pública (IPAE) y que además especificaran que el predio del CRIQ fue vendido en 2008, el año de su construcción.
Por lo anterior, aseguró que denunciará penalmente a Carlos Joaquín, ya que fue el artífice de promover la venta del terreno, que es propiedad privada.
Agepro inicia proceso de compra venta con Fonatur
Ayer inició el proceso de compra venta con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), confirmó el director General de la Agepro, José Alberto Alonso Ovando, durante su comparecencia en el Congreso del Estado, cuya encomienda inició desde principios de año, en la pasada administración.
Indicó que el predio en donde se realizaba la Expofer sí será vendido, porque es necesario para completar el desarrollo del Tren Maya, en el lugar se instalará una estación de mantenimiento de acuerdo con el proyecto establecido. Se trata de un tema de seguridad, enfatizó.
Destacó que el predio es propiedad del Gobierno del Estado y que solo unos polígonos aledaños tienen dueños particulares, pero que se está dialogando con ellos para que accedan a la compraventa y se cuente con el espacio suficiente para las instalaciones.
Aunque para la transacción con Fonatur será el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), la autoridad que fijará el precio que se pagará.
Al menos dos empresas ya comenzaron a realizar trabajos de mediciones, aunque también derribaron infraestructura.
También ayer le fue enviado un documento a Alonso Ovando, mismo que firmó personalmente sobre la situación de propiedad privada.
La Agepro informó que la feria de Expofer será cambiada de sede y que se buscará un espacio más amplio, para que se realice la edición 2023.
Sierra Aguilar, también dejó patente que la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández tiene conocimiento que el predio no es propiedad de Gobierno del Estado, ya que se le han girado oficios al Ayuntamiento en el trienio de Otoniel Segovia Martínez, cuando ella fungía como síndico.
A ella directamente se le envío un documento, a casi un mes de que inició su administración, el 21 de octubre de 2021.
A la gobernadora Mara Lezama, Francisca Sierra le dirigirá también un documento, ya que consideró que no le han informado de la situación real.
