CHETUMAL. – QR.- Para Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, la defensa legal contra Aguakan también debe enfocarse en las causas por las que incumple con el servicio de agua y no solo a la cancelación del decreto que permitía la concesión hasta 2053.
La encargada de la política interna indicó que el amparo promovido recientemente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por incumplimiento de la consulta pública para cancelar la concesión otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A de C.V (Aguakan), es un tema electorero.
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Indicó que en el caso del Gobierno del Estado, está enfocado en defender y ganar los espacios jurídicos, apoyando la decisión de la legislatura en cuanto a la vigencia del primer contrato que feneció y el segundo que no tiene efectos.
De acuerdo con Torres Gómez, el Gobierno del Estado también anticipó la suspensión de los actos jurídicos en contra de Aguakan, en función del derecho humano al agua. Pero dejó en claro que no significa la renovación tácita de la concesión o la ampliación de la vigencia.
Destacó que serán los tribunales federales resolverán sobre el particular, y el que determine que el Estado no tiene que pagar ninguna indemnización, pues la acción por parte de la XVII Legislatura implica que no se cumplieron las condiciones necesarias para el otorgamiento de esta prórroga de concesión.
Desde su punto de vista, basta con revisar una clausula del contrato sobre la satisfacción en el servicio, eso se puede preguntar a los usuarios.
“Es decir, si está contenta con la calidad de agua, con la cantidad de agua que recibe y el saneamiento que está recibiendo, eso es más que suficiente rescindir la concesión”, consideró.
Indicó que la consulta por la cual el PRD interpuso un amparo se queda corta, porque no establece los mecanismos y plazos para retirar la concesión a la empresa.
No respondió si hubo cambios en el área jurídica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por no aportar elementos contundentes para el pleito legal contra la concesionaria, aunque señaló que “creo que la defensa legal contra Aguakan debe ser más agresiva, con más fuerza, para que la CAPA otorgue los elementos necesarios para la lucha legal”.
Defensa legal contra Aguakan
El presidente de al Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Humberto Aldana Navarro, indicó que el Congreso del Estado está encabezando la defensa legal contra Aguakan para la cancelación de la ampliación de la concesión otorgada.
El Gobierno del Estado y la CAPA están apoyando con información para reforzar la defensa legal contra Aguakan, pues consideró que al Poder Legislativo le asiste la razón.
Mencionó que los elementos presentados por la defensa legal contra Aguakan ante el juzgado son contundentes y esperamos que resuelva el recude revisión presentado por el Congreso del Estado, con la rapidez que otorgó la suspensión definitiva a Aguakan.
Dijo que centrar la defensa legal contra Aguakan en el incumplimiento del servicio por parte de la concesionaria de agua potable sería por otra vía, porque la legislatura se centró en abrogar un decreto por irregularidades.
Aunque mencionó que se puede enriquecer el expediente para reforzar la defensa legal contra Aguakan, al considerar las fallas en el servicio en el tema de agua potable y drenaje.
Comentó que se trabaja en el recurso de revisión y el Gobierno del Estado es una parte importante, porque ellos tienen información importante sobre la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún.
Coincidió con Torres Gómez en cuanto a que el amparo promovido por el PRD por el incumplimiento de la consulta pública tiene tintes electorales, pues agregó que dicha consulta también formó parte importante para abrogar el decreto de ampliación de la concesión hasta el 2053.
El PRD interpuso un amparo indirecto el pasado 24 de enero ante el Juzgado de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, por el incumplimiento de la consulta pública del 5 de junio de 2022 en contra del Gobierno del Estado, el Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Benito Juárez.
El 22 de diciembre pasado, el Congreso del Estado abrogó el decreto por el cual se otorgó una ampliación anticipada de la concesión a Aguakan hasta 2053, al considerar irregularidades en la asignación.
El día 29 del mismo mes y año, la empresa se amparó y logró la suspensión provisional, pero el 22 de enero del 2024 logró la suspensión definitiva. Por su parte el Congreso del Estado interpuso un recurso de revisión.
