CHETUMAL, QR.- Un grupo de habitantes de la comunidad fronteriza de Guillermo Prieto se manifestó frente a Palacio de Gobierno el miércoles, para exigir la liberación del profesor Sergio P., acusado de violación.
La comitiva de pobladores llegó a la Explanada de la Bandera, donde con pancartas y consignas exigieron justicia a favor del docente.
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Servando Martínez García, un habitante de la comunidad, dijo que el maestro que actualmente es procesado penalmente y está preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, es acusado injustamente puesto que solo ha mostrado voluntad para apoyar a los estudiantes.
“Ha ayudado a nuestros hijos con útiles escolares, mochilas y calzado, de su dinero y sin recibir nada a cambio. Se ha preocupado por preparar de la forma más adecuada a los estudiantes del poblado”, agregó.
Habitantes de esa comunidad fronteriza señala a Y.C.C. como quien lo acusa por el delito de violación en contra de su hijo de cinco años, pero sin sustento.
Exigen al gobernador intervenga a favor del maestro
El hecho (la acusación) ocurrió desde hace aproximadamente un mes y ante lo que los consideran como una injusticia, exigen al gobernador Carlos Joaquín su inmediata liberación.
La familia del profesor ni siquiera sabía que estaba detenido, pese a que dentro del proceso jurídico una persona acusada de la presunta comisión de un hecho delictivo tiene el derecho de avisar a sus parientes.
Esta situación ha pegado en el ánimo de los niños; “extrañan al profesor y se niegan a ir a la escuela por todo lo que está ocurriendo”, manifestó Martínez García.
Los pobladores recriminaron a las autoridades estatales el negarles servicios e infraestructura pública por ser una de las comunidades que está en la zona en conflicto legal con Campeche, pero, afirman, sí son buenas para detener y procesar a gente inocente.
Las autoridades de la primaria de la comunidad no han querido dar la cara ante los hechos registrados, denuncian.
Debido a nula respuesta en Palacio de Gobierno, la comitiva de pobladores se trasladó a la Fiscalía General del Estado (FGE), para buscar ser atendidos.