CHETUMAL, QR.– El abogado Andrés Blanco Cruz señaló que no hay novedades en el conflicto limítrofe que afecta a la controversia constitucional entre los estados de la Península de Yucatán. Destacó que el tema es más político que jurídico y que, como en ocasiones anteriores, el pleito legal permanecerá congelado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El también representante legal del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe con Campeche indicó que el conflicto limítrofe entre Quintana Roo, Yucatán y Campeche no ha tenido avances desde mayo de 2023.
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Conflicto limítrofe sigue estancado ante la SCJN
Blanco Cruz destacó que, desde 2023, el entonces ministro instructor Mario Pardo Rebolledo decretó el cierre de instrucción. “Es decir, lo declarado por el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Fuentes del Río, no es nada nuevo, pues han pasado dos años”, asentó.
Afirmó que la SCJN podría dictar sentencia, pero es evidente que el consejero jurídico pretende adjudicarse un trabajo que no realizó, pues recibió el expediente tal como estaba, ya que la defensa legal se había llevado a cabo antes de la actual administración.
Estimó que la sentencia no se emitirá a corto plazo, como Fuentes del Río pretende hacer creer, reiterando que han pasado más de dos años sin avances ante el máximo tribunal del país.
Mencionó que el hecho de que Campeche no haya presentado a tiempo una controversia constitucional en 2019, como sí lo hizo Yucatán (expediente 226/2019), tras el decreto del Congreso que ordena publicar un mapa oficial de Quintana Roo con los límites establecidos en la Constitución, no garantiza la recuperación del territorio donde se ubica Calakmul. Además, Campeche intervino como tercero interesado en el recurso legal de Yucatán.
Agregó que, si bien el asunto del conflicto limítrofe es jurídico, se ha visto estancado por razones políticas, las cuales han impedido que la controversia se resuelva.
Por ello, anticipó que el pleito legal del conflicto limítrofe no se resolverá a corto plazo y probablemente permanecerá congelado, como ocurrió con la primera controversia de 1997, archivada por la SCJN en 2013 sin dictar sentencia.
La única vigente es la 226/2019, pero aclaró que no se ha ganado nada; será, en su caso, la ministra a cargo, María Estela Ríos González, quien dicte sentencia. Sin embargo, el tema aún está lejos de definirse. Esto significa que los 10 mil kilómetros cuadrados de territorio en disputa, equivalentes al 20 por ciento de la superficie del estado, siguen en riesgo.
Comunidades fronterizas afectadas por el conflicto limítrofe
Andrés Blanco Cruz aseguró que, desde el punto de vista jurídico, el territorio pertenece a Quintana Roo y que, con los argumentos presentados, se debería ganar. Sin embargo, la experiencia de 28 años de litigio hace incierto el resultado de la sentencia que dicte la SCJN.
Acotó que la Consejería Jurídica y el Gobierno de Quintana Roo, en lugar de centrarse únicamente en el pleito jurídico, deben buscar alternativas de solución para las comunidades asentadas en la zona en litigio.
Es contraproducente que se vanaglorien, presuman la recuperación del territorio o exhiban una supuesta defensa legal, si no atienden las necesidades de los poblados y habitantes en disputa.
En Bacalar están en litigio ocho comunidades con Campeche, sin presencia de autoridades municipales de Quintana Roo; en José María Morelos, seis poblados disputan con Yucatán y enfrentan la misma situación; y en Othón P. Blanco hay 70 comunidades en litigio, de las cuales solo 31 cuentan con presencia de autoridades.
“Si tanto presumen la defensa, deben estar presentes y resolver los problemas, porque la gente está cansada de ser utilizada como un tema político o mediático”, concluyó.
