CHETUMAL, QR.- Pese a que desde 2019 fue aprobada su creación, aún no se cuenta en el estado con el Instituto para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad de Quintana Roo.
Arnold Rosado Gómez, activista independiente de los derechos de las personas con discapacidad, señaló que en la atención de este sector vulnerable al que también pertenece se ha avanzado, pero aún falta mucho por hacer.
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Admitió que en la actualidad solo el Ayuntamiento de Benito Juárez, cuenta con una Dirección para la Atención de Personas con Discapacidad.
A nivel estatal no se ha creado el instituto cuyo decreto de creación data del 16 de enero del 2019. El argumento ha sido la falta de presupuesto, para el inmueble y el personal.
El también licenciado en derecho consideró como indispensable la puesta en operación del instituto estatal, tal y como lo han hecho otros estados del país como Guanajuato.
Este organismo tiene por objetivo la conducción de la política pública en materia de derechos humanos de personas con discapacidad, es decir, garantizar los establecido en la Convención Internacional.
Entre los derechos destacan:
- Educación
- Transporte
- Turismo
- Salud
- Trabajo
- Movilidad
- Seguridad
La administración estatal pasada no pudo establecer el instituto, por lo que se espera que para el 2023 las nuevas autoridades del actual Gobierno del Estado consideren el presupuesto necesario para poner en marcha las oficinas.
El instituto es sectorizado de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa).
La importancia de este organismo descentralizado de la administración pública estatal, también radica en que llevará una relación actualizada de las personas con discapacidad en Quintana Roo.
Censo atrasado del Inegi de personas con discapacidad
Esto permitirá que ya no se dependan de las cifras, con años de atrasos que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A nivel local no se tienen cifras específicas de las personas con discapacidad en Quintana Roo, por lo que los programas se basan con el 16.5 por ciento de la población que establece este instituto.
“A nivel estatal esas cifras no se tienen (…) no hay un archivo o un seguimiento a este tipo de cifras en número de cifras de cuántos somos y de qué tipo de discapacidad se trata”, manifestó Rosado Gómez.
Los tipos de discapacidad también son importantes, dijo, porque cada una tiene necesidades específicas a las que no solo hay que darle atención, sino también solución:
- Motriz
- Auditiva
- Sensorial
- Intelectual
- Psicosocial
Se espera que el Instituto para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad sirva de igual manera, para contar con los análisis cuantitativos que sirvan como punto de partida que permitan políticas públicas acordes a este grupo vulnerable.
Necesario modificar el modelo social
“Ya no más asistencialismo, no más caridad, no más proteccionismo excesivo, no más ayuda sin inclusión”, exigió el activista.
En el tema de discapacidad se tiene que ir más allá, ya no basta con capacitar a las personas para realizar algún trabajo, sino hay que integrarlas a la vida empresarial, dijo.
No se puede seguir considerando, manifestó, a las personas con discapacidad como unos eternos niños o “infantilizarlos”.
Agregó que es necesario eliminar las barreras del entorno y modificar el modelo social que prevalece en Quintana Roo.
Mencionó que también hay que lograr una adecuada homologación de las leyes locales con las sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sigue vulnerando los derechos de este grupo poblacional.
Tal es el caso del juicio de interdicción, que no es más que una figura que propicia una muerte civil de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.
A través de esta figura jurídica se nombra a un tutor, al considerarse que no se pueden valer por sí mismas la personas con discapacidad, pero estos tutores muchas veces cometen abusos porque son los que manejan su patrimonio y toman las decisiones de sus “protegidos”.
El activista resaltó que la SCJN decretó el juicio de interdicción como inconstitucional y violatorio de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en específico de su artículo 12.
Todo el trabajo que realice el instituto necesariamente deberá ser en coordinación con otras dependencias y órganos, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), estableció el entrevistado.
