CANCÚN, QR.- La ex alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, confirmó a través de sus redes sociales, la existencia de un proceso administrativo en su contra, “relacionado con un pasivo del Ayuntamiento de Puerto Morelos con el IMSS durante la pandemia”.
Negó que estuviera inhabilitada para ocupar cargos públicos durante 20 años “en mi estado, Quintana Roo” y calificó la información publicada como “falsa y malintencionada”.
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Dijo que en mayo del año pasado descubrió la existencia de un proceso administraivo por un pasivo que surgió en el Ayuntamiento de Puerto Morelos, “porque, ante la crisis económica provocada por la pandemia, mi administración priorizó pagar las nóminas de nuestros trabajadores para que nadie se quedara sin sustento”.
La también ex diputada federal recordó que en febrero de 2020, su administración había firmado un acuerdo que calificó de histórico con el IMSS, para darles seguridad social a los trabajadores municipales, “pero cuando llegó la pandemia, los ingresos se desplomaron”.
La ex alcaldesa indicó que le aconsejaron, sin precisar quiénes, cancelar el convenio, y que eran tiempos de miedo e incertidumbre. “Los trabajadores solo tenían su salario, y como Gobierno, nos vimos solos en muchos frentes. Mantener el acuerdo con el IMSS fue una decisión humana, aunque eso significara acumular un pasivo, como sucedió en muchos otros municipios”.
Expresó que que “nunca hubo corrupción ni mala fe, solo el compromiso de no abandonar a nuestra gente”.
“Cuando iniciaron este proceso administrativo del que hablan los medios, nunca me notificaron, como exige la Ley. Por eso, en mayo del año pasado interpuse un recurso jurídico para defender mis derechos. Gracias a ello, el procedimiento quedó suspendido”, informó Fernández Piña.
La ex alcaldesa reveló que hace pocos días tuvo lugar la audiencia constitucional, pero el juez aún no resuelve definitivamente. Sé que la justicia tarde o temprano iluminará la verdad”.
La sentencia contra la ex alcaldesa
Esta mañana, la Agencia SIM informó que el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo había inhabilitado por 20 años, a la ex candidata a gobernadora, por presunto abuso de funciones públicas durante su gestión, con una sanción de 78.9 millones de pesos por daño patrimonial a la hacienda municipal.
La Agencia SIM señala que la sanción deriva de la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a ella y a su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, con presuntos incrementos millonarios en los costos.
Entre los contratos analizados se encuentra el de alumbrado público, que presuntamente aumentó de 42.9 millones a 381.6 millones de pesos, indica la Agencia SIM.
La ex alcaldesa expresó que le dolía “profundamente que intenten dañar mi trayectoria con mentiras, y más aún que quieran arrastrar a mi familia a este asunto. ¡Eso sí es actuar con mala intención!
