MOROCOY, QR.– Sonia Méndez Lile, presidenta del Comisariado Ejidal de la comunidad, confió en que el proceso agrario contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por las tierras que ocupan las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná, resultará favorable, sobre todo porque el magistrado Rafael Gómez Medina ha llevado el juicio de manera neutral y ha escuchado a todas las partes involucradas.
Dijo que el 26 de febrero el ejido tendrá la tercera audiencia, en la que se espera definir la indemnización de las tierras que exigen los comuneros, derivada de la expropiación de alrededor de 300 hectáreas desde hace más de 20 años.
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Comentó que es necesaria una nueva valuación de las tierras para conocer el monto de indemnización que los ejidatarios esperan sea, al menos, similar al pago por expropiación de las hectáreas para la construcción del Tren Maya.
En audiencias anteriores quedó claro qué autoridad tiene competencia para indemnizar a los 271 ejidatarios, es decir, el INAH, pues fue la institución que se quedó con las tierras, pese a que hubo una asamblea ejidal para el trámite respectivo.
Juicio agrario por Dzibanché y Kinichná avanza en tribunales
Méndez Lile resaltó que confían en que la sentencia del juicio agrario resulte favorable, pues el magistrado que atiende el caso ha mostrado disposición para tomar en cuenta los argumentos de las partes involucradas.
“Hemos visto que resuelve rápido; tuvimos las audiencias, escuchó a cada una de las partes, entonces queremos pensar que tenemos una buena oportunidad de que actúe con legalidad y justicia”, destacó.
Indicó que desde 1970 el Gobierno federal decretó la superficie del Ejido de Morocoy, lo cual debe ser respetado.
La indemnización que propone el Ejido de Morocoy también contempla permitir el mantenimiento del estacionamiento para obtener recursos para los comuneros, así como algunos locales comerciales.
Acceso y cobro en Dzibanché y Kinichná se mantienen
Consideró que el juicio agrario no interfiere en la atención a visitantes nacionales y extranjeros en las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná. El cobro por acceso es simbólico: 50 pesos para turistas locales y 60 pesos para visitantes extranjeros.
En otras zonas arqueológicas del país, agregó, el cobro alcanza hasta 300 pesos; en el caso de Morocoy, los recursos se destinan a la limpieza del acceso mientras se resuelve el juicio.
De acuerdo con la presidenta del ejido, durante la temporada decembrina y el inicio de año ingresan hasta 300 visitantes por semana; sin embargo, en periodos de baja afluencia, las visitas llegan a 50.
Recordó que el juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) obedeció a la negativa de negociación, principalmente por parte del coordinador general del INAH en el estado, Margarito Molina Rendón.
El Ejido de Morocoy instaló la caseta de cobro en la vía que conduce a las zonas arqueológicas desde febrero de 2022.
