CHETUMAL, QR.- El Congreso del Estado declaró improcedente la iniciativa de reforma sobre la propia imagen, promovida por los diputados Hugo Alday, María José Osorio y Ricardo Velazco, al determinar que vulnera la libertad de expresión y contraviene el marco constitucional.
Durante el trámite formal de desechamiento, el área jurídica concluyó que la propuesta afecta directamente los derechos establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Aunque los promoventes habían solicitado el desistimiento, el proceso legislativo obligó a turnar la iniciativa a la Comisión de Justicia para su resolución formal.
Determinación jurídica: violación constitucional
En sesión de la Comisión de Justicia realizada la noche del miércoles, el cuerpo jurídico del Congreso expuso los argumentos que sustentan la improcedencia.
“En este sentido es evidente la vulneración al artículo 6 Constitucional, mismo que consagra la libertad de expresión”, señalaron.
El análisis también concluyó que la iniciativa, por su redacción amplia, puede generar afectaciones a la certeza jurídica y abrir la puerta a interpretaciones que limiten el ejercicio de este derecho fundamental.
Invasión de facultades federales
Además del impacto constitucional, el área jurídica advirtió que la propuesta invade competencias exclusivas de la federación.
En particular, señalaron que la regulación del derecho de autor corresponde a la Ley General de Derecho de Autor, por lo que el Congreso local no puede legislar en esa materia.
También se indicó que la iniciativa pretendía otorgar facultades para imponer sanciones económicas relacionadas con el uso de imagen en contextos comerciales, lo cual excede el ámbito estatal.
Votación unánime en comisión
La improcedencia de la reforma fue aprobada por unanimidad de los legisladores presentes en la Comisión de Justicia.
Votaron a favor Moreno Córdova, Saulo Aguilar Bernés, Andrea González Loría y Silvia Dzul Sánchez. No asistió la congresista Lilia Mis Martínez.
La iniciativa había sido presentada el 9 de diciembre de 2025 y turnada a comisiones el 2 de marzo.
Contexto: propuesta generó controversia
La reforma fue planteada por sus promoventes como una medida para proteger el derecho a la intimidad y la propia imagen frente a la violencia digital.
El objetivo era evitar la difusión de imágenes no autorizadas con la intención de dañar la dignidad o reputación de las personas.
Sin embargo, la inclusión de servidores públicos dentro de los alcances de la iniciativa generó cuestionamientos por una posible afectación a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.
Desistimiento no frenó el análisis
Tras las críticas de barras de abogados, asociaciones civiles y periodistas, el 7 de marzo la diputada María José Osorio anunció su desistimiento.
Dos días después, junto con Hugo Alday y Ricardo Velazco, formalizó la solicitud ante el Congreso.
Pese a ello, el área jurídica continuó con el análisis y confirmó que la iniciativa vulnera los artículos 6 y 7 constitucionales, lo que derivó en su desechamiento formal.
