CHETUMAL, QR.- Además del juicio político solicitado ante el Congreso del Estado, comunidades de la zona limítrofe con Campeche promoverán un amparo en contra del Ayuntamiento capitalino, que encabeza Yensunni Martínez Hernández.
El asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, Andrés Blanco Cruz, anunció que se afinan los detalles de la demanda de juicio de amparo en contra de la autoridad municipal, como consecuencia de la negativa para atender a 30 de las 33 comunidades establecidas en la frontera con Campeche.
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Destacó que este recurso legal se promoverá de manera paralela a la solicitud de juicio político contra la alcaldesa que fue remitida ante la XVI Legislatura local el 13 abril y que ya fue ratificada, por la exclusión de inversión en los poblados, de obras públicas.
Indicó que en el caso de la demanda de amparo se interpondrá entre otros temas por discriminación, violación a los derechos humanos e incumplimiento del artículo 115 constitucional. Este último artículo se refiere de la obligatoriedad del Ayuntamiento de proveer de los servicios y obras públicas básicas.
Sólo 12 comunidades firmarán amparo contra Ayuntamiento capitalino
Aunque son 30 las comunidades excluidas en una primera etapa, serán 12 autoridades comunales las que firmarán el amparo colectivo:
- Guillermo Prieto
- Caña Brava
- 16 de Septiembre
- Pioneros del Río
- Los Ángeles
- 21 de Mayo
- Nuevo Progreso
- San Antonio Soda
- Dos Lagunas
- Dos Naciones
- Blasillo
- Nuevo Paraíso
Blanco Cruz recordó que los poblados no fueron considerados en el Programa de Inversión Anual (PIA) 2022 del Gobierno Municipal.
El pretexto es que el área en donde están asentadas las comunidades está inmersa en una controversia constitucional y que las reglas de operación no lo permiten.
Aunque Blanco Cruz aseguró que el antecedente que se tendrá como base jurídica serán los amparos que se ganaron ante los juzgados federales para la dotación de infraestructura hidráulica. Fue para beneficio de cuatro comunidades insertas en la zona limítrofe, lo cual demuestra que más que impedimentos legales, se trata de falta de voluntad de la presidenta municipal.
El amparo se interpondrá a más tardar en 15 días ante las autoridades jurisdiccionales federales asentadas en Chetumal y aunque el proceso legal es largo, el abogado estimó que en seis meses se puede lograr la primera sentencia favorable.
El PIA para el presente año cuenta con una bolsa de recursos de más de 210 millones de pesos y fue aprobada el pasado 30 de marzo.
Con la exclusión de 30 comunidades se afecta a un aproximado de 15 mil habitantes, que carecen de servicios públicos e infraestructura urbana básica.
