viernes, enero 30, 2026

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Caso del crematorio Xibalbá suma 30 carpetas judicializadas y ocho vinculaciones a proceso

Fecha:

CHETUMAL, QR.– El número de carpetas judicializadas por el caso del crematorio Xibalbá aumentó a 30, lo que ha derivado en ocho vinculaciones a proceso, informó el representante de la asociación animalista Toda Vida es Importante, Rafael Rivero Aburto.

A través de un comunicado, las familias afectadas dieron a conocer avances del proceso penal en contra de los presuntos responsables del crematorio, Guillermo “N” y Briseidy “N”.

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El 29 de enero pasado, por el caso del crematorio Xibalbá, se llevó a cabo una audiencia inicial más, con una duración de cinco horas, en la que se logró una nueva vinculación a proceso.

Rivero Aburto dio a conocer que, hasta el momento, suman 30 carpetas de investigación judicializadas y ocho vinculaciones a proceso por los delitos de fraude y usurpación de profesiones, incluida la más reciente.

El también abogado precisó que por cada carpeta judicializada debe dictarse, en su caso, una vinculación a proceso por parte del juzgado.

Medidas cautelares en el caso del crematorio Xibalbá

En todas las vinculaciones, el juez de control a cargo ha ordenado medidas cautelares para ambos imputados:

  • Guillermo “N”: prisión preventiva justificada, al considerar los riesgos procesales y la gravedad de los hechos imputados.
  • Briseidy “N”: arraigo domiciliario, medida otorgada en cumplimiento de una resolución de amparo, derivada de su condición de lactancia.

El plazo para la investigación complementaria es de hasta dos años, de acuerdo con lo establecido por el juzgador.

caso del crematorio Xibalbá
El caso del crematorio Xibalbá registra 30 carpetas judicializadas y ocho vinculaciones a proceso. Foto: David Acosta.

Aún restan 230 carpetas de investigación en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), las cuales se encuentran en proceso de integración de pruebas y su eventual judicialización.

Avance judicial del caso del crematorio Xibalbá

En el comunicado emitido por las familias afectadas se expone que el resultado alcanzado hasta ahora representa un avance en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas del caso del crematorio Xibalbá.

También se reconoce el apoyo del Despacho Jurídico Torres, encabezado por el abogado Abraham Torres, así como de la asociación civil Toda Vida es Importante, presidida por Rafael Rivero Aburto.

Las familias confían en que la FGE realizará un trabajo profesional y apegado a derecho para la integración y judicialización de las carpetas de investigación, y esperan el mismo profesionalismo e imparcialidad por parte del Poder Judicial.

De igual forma, reconocen a una de las víctimas, de nombre Alida, por su fortaleza y determinación para continuar el proceso hasta sus últimas consecuencias legales.

Fue a finales de octubre de 2025 cuando, derivado de una denuncia pública, autoridades localizaron restos de mascotas en lotes baldíos cercanos a la Megaescultura, en Chetumal. La cifra más reciente reportó cerca de 200 cuerpos.

Los restos, principalmente de perros y gatos, están relacionados con un presunto fraude cometido por Alejandro “N” y Briseidy “N” en el caso del crematorio Xibalbá, donde ofrecían servicios de cremación y entregaban tierra en lugar de cenizas, mientras los cuerpos eran abandonados en el basurero municipal y en terrenos baldíos.

Tras la presentación de las denuncias, los delitos que se les imputan son fraude y usurpación de profesiones; este último, debido a que realizaban prácticas veterinarias y psicológicas sin contar con título ni acreditación.

Los presuntos responsables fueron detenidos y vinculados a proceso y, como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva, por lo que permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.

En el caso de Briseidy “N”, esta solicitó un amparo por maternidad, lo que derivó en la modificación de la medida cautelar a arraigo domiciliario, confirmó Rivero Aburto. Asociaciones animalistas estiman que más de 600 familias resultaron afectadas; hasta el momento, solo se han interpuesto 260 denuncias.

La Ley de Bienestar Animal y el Código Penal del Estado establecen que, por los delitos imputados, los presuntos responsables podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión, las cuales podrían incrementarse conforme a las agravantes.

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