CHETUMAL, QR.- El Juzgado Sexto de Distrito con sede en esta capital admitió las primeras tres demandas de amparos interpuestas por habitantes de las comunidades de la zona limítrofe, que fueron excluidas por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco para la realización de obras y dotación de servicios públicos.
Andrés Blanco Cruz, asesor del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, dijo que las demandas de juicio de amparo se presentaron el pasado 25 de abril.
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Las demandas se interpusieron por la omisión del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que encabeza Yensunni Martínez Hernández, de cumplir con los establecido en el artículo 115 Constitucional.
Las demandas quedaron radicadas con los siguientes números de expedientes:
- 287/2022
- 288/2022
- 289/2022
Estás tres demandas involucran a ocho comunidades:
- San Antonio Soda
- Los Ángeles
- 21 de Mayo
- Nuevo Progreso
- Guillermo Prieto
- Caña Brava
- 16 de septiembre
- Pioneros del Río
Blanco Cruz recordó que son 30 de 33 comunidades asentadas en la zona limítrofe con Campeche las que fueron excluidas del Programa de Inversión Anual (PIA) 2022.
En este sentido, mencionó que hay la posibilidad de que se promuevan más demandas de juicio de amparo contra la autoridad municipal.
De inicio, el asesor jurídico dijo que es un aliciente que el Juzgado Sexto de Distrito haya admitido las demandas.
Qué les negó a la comunidades limítrofes el Ayuntamiento capitalino
El asesor legal de las comunidades destacó que el Ayuntamiento de niega a dotar de:
- Pavimentación
- Rehabilitación de parques
- Construcción de domos
- Programas de vivienda
- Servicios de Salud
- Servicios de seguridad pública
Blanco Cruz comentó que con su negativa, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, no solo incumple con su responsabilidad establecida en el 115 Constitucional, sino que vulnera los derechos humanos, por actos de discriminación de los cerca de 15 mil habitantes que residen en la zona.
El argumento más sólido que se tiene para ganar los amparos, de acuerdo con Blanco Cruz, es el mandamiento de los Juzgados Federales al Gobierno del Estado, para dotar de infraestructura hidráulica a cuatro comunidades insertas en la zona territorial que actualmente está en controversia constitucional con Campeche.
