Claves de la Noticia
- La renovación del CPC del Sistema Anticorrupción Estatal quedó frenada indefinidamente tras la notificación de una suspensión definitiva.
- El Juzgado Sexto de Distrito otorgó la medida cautelar derivada de un juicio de amparo promovido por los cinco integrantes del comité.
- El diputado Hugo Alday Nieto confirmó que el Congreso del Estado promoverá los recursos legales correspondientes para defender la reforma aprobada en mayo.
CHETUMAL, QR.- El Congreso del Estado de Quintana Roo notificó la suspensión indefinida del proceso para la renovación del CPC (Comité de Participación Ciudadana) del Sistema Anticorrupción Estatal, luego de que el Juzgado Sexto de Distrito concedió una suspensión definitiva derivada de un juicio de amparo.
La medida judicial dictaminó que los cinco integrantes de dicho órgano —Josué Alberto Sosa, Carolina Mendoza Polanco, Vicente Aguilar Rojas, Mario Edgardo Vargas Paredes y Nidia Elizabeth Alpuche Pacheco— deberán ser restituidos en sus cargos, obligaciones y responsabilidades previas a las modificaciones legales aprobadas el 20 de mayo de 2026, deteniendo cualquier procedimiento de sustitución hasta que se resuelva el juicio de fondo.
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La determinación fue informada oficialmente ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos por el diputado Hugo Alday Nieto, quien explicó que el fallo ordena mantener las cosas en el estado en que se encontraban antes de la reestructuración aprobada por la XVIII Legislatura.
El legislador señaló que el Juzgado otorgó la protección de la ley a los miembros vigentes para no ser removidos ni modificados en su conformación. Ante este escenario, la representación parlamentaria adelantó que promoverá las acciones conducentes para defender el marco normativo sancionado en el periodo constitucional reciente.
El origen del conflicto en el Congreso del Estado
El proceso legal inició a raíz de las modificaciones aprobadas el 20 de mayo de 2026, cuando la XVIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó cambios a la Constitución Política local —específicamente al artículo 161— y a la Ley del Sistema Anticorrupción Estatal. Dichas reformas contemplaron la remoción inmediata de los cinco representantes del comité, tras señalamientos respecto a su desempeño y a los recursos asignados sin reporte de resultados tangibles.
A partir de esa resolución legislativa, las bases de coordinación del sistema local se reestructuraron, derivando en la emisión de un nuevo procedimiento para elegir a los sustitutos. Sin embargo, la resolución del tribunal federal dejó sin efecto legal inmediato dichos movimientos institucionales.
Alcances legales contra la renovación del CPC
La decisión del tribunal federal bloquea de forma temporal la renovación del CPC y detiene los trabajos del Comité de Selección. Según lo expresado por las autoridades parlamentarias, las actividades del proceso de selección quedan completamente paralizadas en tanto no exista una sentencia firme sobre la constitucionalidad de los decretos estatales.
“Corresponderá al Congreso promover las acciones conducentes y los recursos necesarios para tratar de defender esa reforma realizada en mayo del presente año, pero hasta ahora los cinco integrantes del CPC lograron este amparo y a partir de ahí ya no se puede modificar absolutamente nada”, puntualizó el diputado Hugo Alday Nieto.
De esta manera, el personal destituido debe ser repuesto en las funciones para las cuales rindiere protesta originalmente ante el pleno de la legislatura local.
Acciones jurídicas que interpondrá el Poder Legislativo
El pronunciamiento del Juzgado Sexto de Distrito obliga al Poder Legislativo local a interponer recursos de revisión e instrumentos de defensa jurídica ante las instancias superiores para sostener la validez de las reformas aprobadas en mayo. Mientras el proceso judicial continúe su curso, la renovación del CPC dentro del Sistema Anticorrupción Estatal no podrá continuar, garantizando la permanencia de los consejeros en funciones conforme a los términos otorgados por el juicio de amparo concedido por la justicia federal.
